En el marco del Mes de la Afrodescendencia, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentó oficialmente la nueva División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes. Su creación quedó definida en la Ley de Presupuesto Nacional aprobada en diciembre, que asigna diez millones de pesos anuales “para solventar las acciones afirmativas, a fin de contribuir a promover las políticas tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas afrodescendientes”.
Al frente de esta nueva división asumió Leydis Aguilera, que se presenta como “mujer, afro y migrante cubana”. De profesión ingeniera en telecomunicaciones y electrónica, llegó al país en un momento de importante actividad en el rubro y revalidó su título en la Universidad de la República. Hoy, además de ejercer el cargo público, es docente de las tecnicaturas de Redes, Fibras Ópticas y Telecomunicaciones en la UTU.
Aguilera cuenta que construyó lazos con la comunidad afro de Uruguay como integrante de Uafro –una organización civil que reúne a profesionales, técnicos y estudiantes afro– y de la Casa de la Cultura Afrouruguaya. Asegura que su identidad afro fue la que la acercó a la política, un mundo que empezó a explorar en 2011 cuando conoció a la hoy senadora del Partido Nacional Gloria Rodríguez.
En diálogo con la diaria, la directora ahondó sobre las problemáticas que enfrenta hoy la población afro en Uruguay y adelantó cuáles son las prioridades que guiarán el trabajo de la nueva división.
¿Qué significa para ti, como mujer, afro y migrante, ser la primera en estar al frente de la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes?
Para mí es un honor, un reto y una grandísima responsabilidad, porque se nuclean muchas cosas acá, el factor afro, el migrante. Dentro de esta responsabilidad está la necesidad imperiosa de trabajar para poder eliminar esa brecha histórica que siempre deja atrás a los afrodescendientes, con el propósito de iniciar una transformación abocada fundamentalmente a lo que es trabajo y educación. Porque sabemos bien que la situación de la población afrodescendiente en Uruguay es bastante preocupante, tanto desde el ámbito social como desde el ámbito económico y educativo, debido a las menores oportunidades de acceso a estas áreas. Estas dificultades también se traducen un poco en el resto de los factores necesarios para tener una mejor calidad de vida como la vivienda, la salud, la participación política, la inclusión social.
“La creación de esta división constituye un hito histórico en la institucionalidad de la temática afrodescendiente y al tratamiento de la dimensión étnico-racial dentro del Estado”.
¿Qué implica la creación de la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes? ¿Por qué era necesaria?
La División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes surge por el artículo 510 de la última ley de Presupuesto, la 19.924, para el ejercicio 2020-2024, aprobada en diciembre del año pasado. Este fue un proyecto impulsado en sus inicios por la senadora Gloria Rodríguez en el ámbito legislativo, pero es importante señalar que la división fue apoyada por la totalidad de los partidos políticos con representación parlamentaria. Además, no hubiera sido posible sin el apoyo y el compromiso que siempre ha tenido y mantiene el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, con la temática afrodescendiente y con la comunidad, más allá de la preocupación del Estado. La creación de esta división constituye un hito histórico en la institucionalidad de la temática afrodescendiente y al tratamiento de la dimensión étnico-racial dentro del Estado. En primer lugar, porque además de jerarquizar la problemática que afronta la población afrodescendiente en Uruguay, muestra la preocupación del Estado por la actual situación de esta población. En ese sentido, quiero referirme a que previo a la existencia de esta división, el Mides contaba con un Departamento de Afrodescendencia, que estaba dentro de la División de Derechos Humanos. Lo que ocurre es que, dentro de lo que es el organigrama de cualquier ministerio, la división es un órgano jerárquicamente superior a un departamento. Por lo tanto, se pretende que esta característica, por la jerarquía que tiene, pueda influir de forma eficaz en la mejora de la calidad de vida de la población afrodescendiente, que es el principal objetivo de nuestro trabajo. Por otro lado, es una división que cuenta con presupuesto propio, asignado por la ley de Presupuesto, lo que obviamente asegurará la concreción de las políticas, más allá de los planes, proyectos y demás estrategias.
¿Cuáles son los objetivos y líneas de acción de esta nueva división?
Pretendemos tratar como líneas fundamentales lo relacionado con trabajo y educación para la población afrodescendiente. Obviamente que vamos a estar tratando otros puntos relacionados también a la salud, la vivienda, la participación política y demás, pero fundamentalmente abocados a lo que sería educación y trabajo, dados los problemas que tenemos en estas áreas. Una línea fundamental también a trabajar es la necesidad de la descentralización territorial de todas las políticas públicas dirigidas a los afrodescendientes, es decir que no sea sólo Montevideo, sino que todas esas políticas tienen que estar establecidas, dispersas, tratadas en territorio, en todos y cada uno de los departamentos del país, obedeciendo a las características particulares que tiene la población afrodescendiente en cada uno de esos departamentos. Si bien sabemos que tres cuartas partes de la población afrodescendiente se concentran fundamentalmente en Rivera, Artigas, Cerro Largo, Salto y Tacuarembó, nuestro propósito es trabajar también para aquellos departamentos donde quizás la proporción de población afrodescendiente no sea tan relevante en lo que respecta a los números. Se trata de llevar todas las políticas hacia todo el país. En esa línea, además, permitir que se puedan fortalecer las políticas identitarias de la población afrodescendiente y de todo lo relacionado a la identidad, e incorporarlas a la memoria histórica de toda la sociedad uruguaya. Las vivencias y la participación de la población afrodescendiente en la construcción de la nación, del Estado, del país. Por otro lado, está la necesidad de asegurar la implementación efectiva de la Ley 19.122, que en estos momentos es la ley de acciones afirmativas que permite la participación en los ámbitos educativos y laborales de la población afrodescendiente. Esas serían líneas fundamentales, además de lo que tiene que ver con impulsar lo relacionado con la línea académica y de investigación sobre la temática, el fortalecimiento del trabajo interinstitucional y, a su vez, el fortalecimiento del trabajo con la sociedad civil, que nos parecen factores clave para la consecución de los objetivos que nos proponemos desde la división.
El cumplimiento de las cuotas laborales para personas afro en la administración pública “es una laguna que se tiene desde que se ha puesto en marcha la ley 19.122”.
Nuevos informes de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) revelaron este mes que durante 2020 se incumplieron las cuotas de puestos de trabajo en el Estado que deben otorgarse a personas afro: sólo 0,69% de quienes comenzaron a trabajar en la administración pública son afro, lejos del 8% que establece la Ley 19.122. ¿Qué planes concretos hay para trabajar en la inclusión laboral?
Esto no es sólo algo de 2020, es un tema que nunca se ha cumplido desde la promulgación de la ley en 2013 y su implementación en 2014. Es una laguna que se tiene desde que se ha puesto en marcha la ley. Por ejemplo, en el año 2018, de acuerdo con los mismos informes del observatorio de la ONSC, tuvimos un cumplimiento de 3,29% de las cuotas en el ámbito laboral y, en 2019 tuvimos un cumplimiento de 2,24%. Sólo por mencionar los últimos tres años. Es decir que tanto en 2018 como en 2019 y en 2020 vemos que no se ha cumplido con la cuota. Es un debe y la situación de la pandemia, y esto lo digo a título personal, quizá haya podido influir. Es una preocupación, un reclamo que hemos tenido desde siempre y es una de las cosas fundamentales cuando hablamos de asegurar el efectivo cumplimiento de la ley en la que queremos trabajar. En ese sentido, ya iniciamos un conjunto de acciones con la ONSC para diseñar una guía para la transversalización de la temática afrodescendiente y la implementación de la cuota laboral en el Estado. Es una guía que ya se venía trabajando desde 2019 y que consideramos requiere de modificaciones para poder contar con un protocolo que permita efectivamente la aplicación correcta de las cuotas, más que nada desde el ámbito de las instituciones, y trabajarlo directamente no sólo con las áreas de recursos humanos, sino también con las de selección de personal. Garantizar además que en las plataformas con que cuenta el Estado se incluya la Ley 19.122 en todos los llamados. A la par de esto, también hay que llevar adelante un proceso de difusión para que la población objetivo conozca, se apropie y se adueñe de esta ley, y sepa los beneficios que le puede otorgar. Desde la división también queremos llevar adelante lo relacionado con la información y el asesoramiento, no sólo para la población afrodescendiente sino también para la sociedad en general, porque sabemos que hay mucho desconocimiento en lo referente a las acciones afirmativas y en especial a la ley que las atañe. Las acciones afirmativas tienen que tener dos cosas fundamentales que reúne esta ley: que sean durante un tiempo específico y determinado, es decir, no quedan para toda la vida, esta es una ley que es por 15 años, con el propósito de equiparar e intentar nivelar las desigualdades, y por otro lado las personas que pueden acceder a determinado llamado deben reunir las mismas características y los mismos requisitos que deben reunir todas las personas que se presenten a este llamado, es decir que no porque la acción afirmativa esté dirigida a las personas afrodescendientes se va a exigir que tengan un menor nivel de preparación a la hora de acceder. Además, estamos con el diseño de un programa de capacitación que va a ser incluido dentro de la grilla educativa de la Escuela Nacional de Administración Pública, en el entendido de que es la institución encargada de administrar los procesos vinculados a la formación permanente de los servidores públicos de todo el país.
¿Cómo afectó la pandemia a las poblaciones afro en Uruguay?
La pandemia afectó a toda la sociedad, incluso a sectores que tenían cierto nivel económico. En el caso de la población afrodescendiente, ya se encontraba en una situación bastante desfavorable previo al azote de la pandemia y es posible que haya sido agudizada. Nosotros nos encontramos haciendo unas investigaciones cuantitativas al respecto, que nos van a dar la idea de qué tanto ha impactado y sigue impactando la pandemia para la población afrodescendiente, sobre todo en el ámbito económico y social. Estamos trabajando en eso porque lo cualitativo quizás lo podemos inferir, pero los números hablan, y esta investigación cuantitativa -fundamentalmente encaminada a los ámbitos del trabajo y la educación, que es donde estamos haciendo los relevamientos- nos va a permitir poder readaptar y diseñar políticas con las dimensiones que nos permitan trabajar a futuro. Es decir, trabajar para ver cómo tenemos que aplicar las políticas llevadas a territorio para población afrodescendiente en la etapa de pospandemia.
“La población afro, en la franja etaria de 15 a 19 años, tiene las mayores tasas de fecundidad, se inician más rápido en la vida reproductiva, y es algo que tenemos que mirar”.
¿Hay líneas de trabajo que pongan el foco particular en la situación de las mujeres afro?
Sí, por supuesto. Una de las cosas que queremos trabajar fundamentalmente desde la división es el enfoque interseccional, que se traduce en una mirada con perspectiva de género, generaciones, migrante, diversidad sexual y discapacidad, y que tenga en cuenta las particularidades en el territorio. Es decir, no sólo una mirada enfocada en las mujeres, sino más general. ¿Por qué género y generaciones? Nosotros sabemos que nuestra población afrodescendiente es una población relativamente joven, con un promedio de 29 años aproximadamente. Entonces, justamente para trabajar áreas como trabajo y educación, está bueno incentivar desde el inicio a mujeres y jóvenes, dadas las características de nuestra población. Lo otro también es lo relacionado con migrantes, porque sabemos que a partir del año 2018 ha aumentado el flujo migratorio en Uruguay, sobre todo procedente de los países de Centroamérica y el Caribe, con una gran incidencia de población afrodescendiente. Muchos, en su gran mayoría, con un ánimo de permanencia dentro del territorio nacional, lo cual repercutiría en un aumento de la población afrodescendiente. Si bien no tenemos cifras totalmente actualizadas, porque las que manejamos son las del censo nacional de 2011, en donde se establecía un 8,1% de población afrodescendiente, luego esas cifras fueron actualizadas con las Encuestas Continuas de Hogares y en otros documentos, como las estrategias y políticas nacionales para afrodescendientes desarrolladas por la OPP [Oficina de Planeamiento y Presupuesto] en períodos anteriores, o como el Plan Nacional de Equidad Racial. Todo esto da un aproximado de 10% de población afrodescendiente en Uruguay. Asumimos que, dada la afluencia migratoria, este porcentaje ha incrementado, lo que también tiene que ser tomado en cuenta a la hora de trabajar las políticas. Otro elemento muy interesante es la interseccionalidad con la discapacidad. Hay informes de la Cepal [Comisión Económica para América Latina y el Caribe] que datan de 2014 o 2015, que muestran que en Uruguay la población afrodescendiente mayor de 60 años cuenta con las mayores desigualdades de América Latina en cuanto al tema de discapacidad. Si bien podemos tener una visión en las razones que explican esto, porque la población afrodescendiente permanece más tiempo dentro del mercado laboral de manera informal, con poco acceso a los seguros y demás, y esto quizás pueda ser un factor que esté generando estas grandes desigualdades, es algo que es necesario investigar y trabajar. También queremos poner el foco en las mujeres afro adolescentes, y ahí nos encontramos con el Ministerio de Salud Pública diagramando algo vinculado con la estrategia nacional de embarazo adolescente no intencional. Porque también sabemos que nuestra población en la franja etaria de 15 a 19 años tiene las mayores tasas de fecundidad, se inician más rápido en la vida reproductiva, y es algo que tenemos que mirar. Por otra parte, previo a la pandemia, las mujeres afrodescendientes tenían una tasa de desempleo más alta que la de las mujeres no afro, entonces es algo que también vamos a estar trabajando, no solamente para capacitar sino para incentivar y animar a las mujeres afrodescendientes a que se lancen en el emprendedurismo, con la preparación que tienen que tener para acceder a otros espacios.
El informe “Mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Deudas de igualdad” publicado por la Cepal en 2018 dice que, en Uruguay, el porcentaje de las mujeres afro viven violencia de género en el ámbito social es de 43,7% frente a un 35,3% en el caso de las no afro. ¿Esta es una problemática que también abordaría esta división?
Algo que me parece importante señalar en este punto, que afirma lo que estás planteando, es que de acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género, publicada por el Instituto Nacional de las Mujeres [Inmujeres] en 2019, 86,1% de las mujeres afrodescendientes había sufrido alguna situación de violencia en cualquier ámbito, contra 75,1% de las mujeres no afrodescendientes. Sabemos que acá opera no sólo el tema de ser mujer sino también el tema de la ascendencia étnico-racial, entonces tenemos que ver dos puntas importantes. Inmujeres es la institución que lleva la rectoría en estos temas, pero no está separado de Mides, es decir, el ministerio incluye a Inmujeres como también incluye a nuestra división. Por lo tanto, en este tema vamos a estar aportando y articulando con Inmujeres. Incluso ya iniciamos un trabajo interinstitucional con Inmujeres y el Instituto Nacional de Rehabilitación sobre las mujeres afrodescendientes privadas de libertad.
¿La sociedad uruguaya sigue siendo racista?
Sí, dentro de la sociedad uruguaya hay discriminación y la hay de distintos tipos. Yo me referiría más que nada a la discriminación en términos generales, es decir, no sólo en base al origen étnico-racial, sino también vinculada al origen nacional, por ejemplo. Justamente una de las cosas por las que surge la división es para generar herramientas para que la sociedad conozca la situación. Porque, al menos desde mi punto de vista, el primer paso que se debe dar en todo es el reconocimiento: la sociedad debe reconocer y aceptar que existen estas situaciones y sobre la base de ese reconocimiento y esa aceptación es que se puede operar y tomar medidas. Lo que ocurre es que hay muchos tipos de racismo. Está el racismo de costumbre, el emotivo, el axiológico, el estructural, el institucional; todos constituyen racismo pero se manifiestan de una manera diferente. Sólo por poner un ejemplo, el caso del racismo de costumbre se manifiesta por esas frases que se emplean “sin ánimo de ofender”, como dicen muchos, como “he tenido un día de negros”, por ejemplo, que son manifestaciones de racismo. Necesitamos trabajar con urgencia este tema y brindar herramientas no sólo a la población afrodescendiente, sino también a la población no afrodescendiente, para trabajar sobre la inclusión, la equidad y eliminar estas manifestaciones, no sólo de racismo sino mucho más allá, iniciando desde los prejuicios y los estereotipos, que son las manifestaciones primarias.
La consigna del Mes de la Afrodescendencia este año es “Somos afro, tenemos historia. Construimos país”. ¿A qué apunta?
El Mes de la Afrodescendencia surge con el propósito de visibilizar y fortalecer las políticas identitarias de la población afrodescendiente. Este año, la consigna tiene que ver con reconocer, conservar y proteger la cultura y la memoria colectiva, así como permitir que toda la sociedad se apropie de ese sentimiento. ¿Por qué necesitamos que toda la sociedad se apropie de ese sentimiento? Porque entendemos que es la única manera de conseguir que la sociedad se involucre como un agente de cambio para lograr la equidad racial y la promoción de los derechos de la población afrodescendiente, y así fortalecer su desarrollo e inclusión social en Uruguay.