La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó este martes la audiencia “Región: reparación con perspectiva de género y diversidad en la justicia transicional”, en la que activistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil de diferentes países de la región plantearon sus reclamos y recomendaciones en materia de reparación y reivindicación de derechos de mujeres y personas LGBTI víctimas de violencia sexual en contextos de terrorismo de Estado. El objetivo de esta “audiencia de oficio” de la Corte IDH fue recolectar información para la redacción de un informe temático al respecto.
Desde Uruguay participaron en la instancia Flor de María Meza Tananta, abogada e integrante la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad de la República, y Antonia Yáñez, una de las integrantes del grupo de 28 ex presas políticas que en octubre de 2011 denunció ante la Justicia haber sufrido torturas y violencia sexual durante el terrorismo de Estado entre 1968 y 1985. “A 37 años del regreso de la democracia en Uruguay y a más de diez años de la presentación de la denuncia, los avances han sido insuficientes, lentos y casi siempre acompañados de retrocesos”, expresó Meza.
La abogada enfatizó que en todo el tiempo transcurrido sólo tres de los más de 100 acusados han sido condenados y que a ninguno de ellos se le tipificó el delito de “tortura ni de violencia sexual”. Además, comentó que en las sentencias tampoco hubo “referencia alguna a la reparación”. En esa línea, Meza recordó que ante la falta de respuestas de la justicia local, el grupo de ex presas políticas presentó la denuncia ante la Corte IDH.
“Esta comisión ya escuchó a estas copeticionarias presentar información detallada sobre la falta de acceso a la verdad, justicia y reparación con perspectiva de género para mujeres víctimas de tortura y violencia sexual en el marco de la dictadura”, expresó Meza y agregó: “Las víctimas siguen esperando justicia y una reparación integral. Algunas han fallecido sin lograrlo”.
La abogada defensora señaló que la “consistencia” entre las denuncias de las mujeres demuestra que no se trató de hechos aislados, sino que revela que “la violencia sexual fue usada como una estrategia del Estado para castigar, humillar y violentar a las mujeres presas políticas en un doble castigo por su militancia y su condición de mujeres y por haberse atrevido a desafiar mandatos de género, los mismos que aún hoy siguen vigentes”.
“Reiteramos nuestra solicitud a esta comisión para que acerque al Estado uruguayo una nota técnica que sistematice los estándares interamericanos que deben guiar la debida diligencia en la investigación de casos de violencia sexual como este y la reparación integral como parte del acceso a la Justicia”, manifestó la abogada.
“Reparación integral”
A su turno, Yáñez sostuvo que es complejo expresar qué se entiende por reparación cuando en 2023 se cumplen 50 años del golpe de Estado en Uruguay y aún las respuestas en materia de verdad y justicia son escasas. La denunciante reclamó una “reparación integral” que contempla diferentes dimensiones.
Yánez pidió por “reparación y justicia”. “Los obstáculos a la Justicia son múltiples: no se utiliza el control de convencionalidad, no se impulsan investigaciones de oficio, se descarta el carácter imprescriptible y de lesa humanidad de los delitos, entre otros”, mencionó. En ese sentido, comentó que uno de los principales obstáculos en la Justicia es que los delitos de violencia sexual no son considerados delitos de lesa humanidad en la Ley 18.026, que comprende este tipo de hechos.
La ex presa política sostuvo que “reparar” es “obtener justicia para que la sociedad entienda que estos delitos se sancionan y que no se tolera la violencia contra las mujeres”. Además, señaló que el grupo de mujeres denunciantes quiere que el Estado “se disculpe a través de su institucionalidad dando una señal categórica a la sociedad” y que reconozca la vulneración de los derechos de las víctimas de violencia sexual durante el período de la dictadura.
“Queremos que se diseñen e implementen programas de educación para la igualdad desde la primera infancia. Programas que prevengan, intervengan y erradiquen violencias basadas en género en todos los niveles educativos”, planteó Yáñez.
Asimismo, reclamó una “reparación en salud” y denunció que desde marzo de 2020 se han interrumpido los servicios de atención psicológica y psiquiátrica que recibían las ex presas y sus familiares, según lo establece el artículo 10 de la Ley 18.596.
Yáñez manifestó que en todos estos años “ha sido muy difícil convalidar con el Estado”. Pero, sin embargo, como consecuencia de su constante lucha, las mujeres lograron “como reparación simbólica” la instalación de un memorial que se concretará el año que viene. “Desde el punto de vista simbólico recoge a todas las mujeres que han sido víctimas de persecución, que han estado bajo la mirada de los represores”, dijo.
“Fuimos y somos luchadoras sociales, intentaron quebrarnos, pero no lo lograron. Seguimos trabajando con esperanza para construir nuestro país en un marco institucional que brinde a nuestras hijas, hijos, nietas y nietos, generaciones futuras, las garantías de no repetición de la violencia por ser mujeres, por ser militantes, por buscar justicia social para todas las personas que habitan en Uruguay”, expresó Yáñez al cierre de su intervención.