El tiempo vuela, los años pasan y la vida sigue. Pero en la Justicia el tiempo no vuela, ni corre, ni camina, apenas da pasitos que incluso a veces van para atrás. “En tiempos históricos, un lapso pequeño; en tiempos humanos, más de la mitad de la esperanza de vida actual”, dijo Blanca Luz Menéndez, ex presa política, en la audiencia temática frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De forma irónica, un cronómetro aparecía en la pantalla apurándola a terminar de hablar. Luchando contra ese tiempo asignado, leía un papel de forma ligera, pero sus palabras reflejaban cierto desaliento al recordar que pasaron cerca de diez años de realizada la denuncia por violencia sexual en la dictadura. Las ex presas políticas afirmaron que llevaron esta última a la CIDH en marzo de 2021 porque la Justicia local ha sido muy lenta y no han existido grandes avances. La denuncia aún sigue en presumario y sólo tres de los más de 100 acusados por violencia sexual han sido condenados, aunque a ninguno se le tipificó ese delito específicamente.

Según las ex presas, la desmotivación está presente y algunas integrantes del grupo sienten que lo importante fue llegar a la denuncia. En la audiencia del 18 de marzo de 2021, de las 28 mujeres que denunciaron en 2011 se presentaron sólo 14. Del grupo impulsor, tres mujeres ya fallecieron.

El actual abogado de las denunciantes, Juan Raúl Williman, afirmó que la Justicia ha sido tardía porque hay cuestiones jurídicas detrás que permiten que los abogados de los denunciados presenten constantemente chicanas que dilatan el tiempo del proceso. Sin dudarlo, la ex presa Lucía Arzuaga agregó la idea de que falta voluntad política para juzgar a los responsables. Aun así, las ex presas sostuvieron que están satisfechas con la participación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, ya que se realiza un trabajo específico en el tema y ha demostrado algunos avances.

Cómo seguir

Este año, el grupo se puso a dialogar sobre cómo continuar de aquí en más. En conversación con algunas de las denunciantes, aseguraron que están dispuestas a ir a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Como expectativa, ellas buscan que todo lo vivido sea conocido por la sociedad uruguaya y que el Estado sea debidamente juzgado. Asimismo, opinaron que el Estado debe reconocer lo sucedido en la dictadura y seguir investigando estos casos.

“Creo que nosotras no vamos a obtener justicia porque ya pasaron diez años”, dijo Arzuaga. Aunque muchas de sus compañeras siguen buscando respuestas de la Justicia local, según Flor de María Meza, varias están convencidas de que “esa vía está cerrada”.

“Estamos acá con la firme convicción de que esta audiencia y el camino de la Justicia internacional puede ayudar a derribar el silencio”, expresó María Noel Leoni, quien participó en la jornada por parte del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). Dicha organización solicitó la audiencia en conjunto con el grupo de denunciantes y la cátedra de Unesco de Derechos Humanos de la Universidad de la República (Udelar). En conversación con Leoni expresó que pueden pasar entre diez y 15 años entre que el caso llega a la Comisión y la Corte falla.

Contar otra vez

Con palabras y gestos de rechazo, las ex presas recordaron su experiencia cuando presentaron la denuncia en el ámbito local. Los primeros testimonios frente al juez Néstor Valetti implicaron preguntas fuera de contexto, poco empáticas y revictimizantes. Además recordaron claramente que Valetti no conocía nada sobre lo ocurrido en la dictadura, aspecto que influyó en las preguntas que les realizaron. Asimismo, por la causa han transitado otros dos jueces que al momento de tomar las riendas del caso debieron de informarse desde cero.

Los años pasaron y en 2020 las ex presas fueron llamadas a declarar nuevamente, lo que implicó una nueva revictimización. Algunas no lo hicieron, pero las que sí expresaron que las interrogantes las hacían los abogados de los denunciados y fue “agresivo” y “duro”. “Tuvimos que recordar las cosas que pasaron, a veces hasta con detalles, porque ellos tratan de hacerte caer en contradicciones”, dijo Ivonne Klingler, ex presa política que, según sus palabras, sintió que revivía lo sucedido en la última declaración ante el juez. Al volver a llamarlas a declarar, “el único efecto que se consiguió fue el de revictimizarlas, porque no logró ningún avance en el proceso, no era necesario”, dijo Leoni.

Esta causa está bajo el antiguo Código del Proceso Penal, que según Williman tiene “cero perspectiva de género”, punto que influyó en el tratamiento de las víctimas. Sin embargo, Williman sostuvo en la audiencia que aunque el caso se maneje por el antiguo Código, existe una ley que debería haberse aplicado para mejorar el trato hacia las víctimas y no se hizo. Consultado al respecto, el abogado explicó que la Ley 18.026, Estatuto de Roma, establece “un trato mucho más digno para la víctima”, pero no se utilizó. Según su reflexión, se interpretó erróneamente que la ley promulgada en 2006 no se puede aplicar retroactivamente, ya que para que ese fuera el caso debería perjudicar al reo de alguna forma y no lo hace, manifestó.

En julio de 2022, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias emitió sus observaciones sobre la situación uruguaya y mostró preocupación por las demoras en el caso específico de las ex presas. “Se sometió a las víctimas a prácticas que, lejos de tener en cuenta las necesidades de cuidado y reparación, las sometieron a prácticas retraumatizantes durante sus declaraciones y peritajes que debieron enfrentar”, ex presa el texto. Además, el grupo califica de “valiente” la decisión de las ex presas de presentar una denuncia sobre un tema invisibilizado como lo es la violencia sexual durante la dictadura.

“Uruguay, como Estado, no estuvo a la altura de los acontecimientos y no les dio a las víctimas la dignificación que se merecen”, dijo María Celia Robaina, psicóloga que ha acompañado al grupo de ex presas. Han pasado más de 30 años desde que culminó la dictadura en Uruguay, y las ex presas no se sienten debidamente reparadas. Muchas no están de acuerdo con las leyes que hay al respecto, ya que los requisitos para la reparación son muy excluyentes y, por lo tanto, la mayoría no hace uso de ella.

Además, las ex presas actualmente no tienen acceso a la atención psicológica que por ley es un derecho que les pertenece. El servicio era brindado por la Cooperativa de Salud Mental y Derechos Humanos (COSAMEDDHH). Esta atención se venció en agosto de 2020, y recién en mayo de 2022 el Ministerio de Salud Pública hizo un llamado a licitación para contratar nuevamente el servicio, al cual la cooperativa antes nombrada fue la única que se presentó. Ese llamado fue anulado porque desde el ministerio se consideró que había errores administrativos y se realizó otra licitación a la que se presentaron dos instituciones contando a COSAMEDDHH. Aún no hay una resolución. “Es muy importante que tengamos atención psicológica, porque todo eso que pasó incide en otros momentos de nuestra vida y nos quita seguridad para un montón de cosas”, dijo Ana Amorós, ex presa política. Por su parte, Meza dijo que se trata de “una política pública que no puede echarse atrás, es un tema de cumplimiento jurídico”, y que no funcione demuestra las prioridades de las decisiones políticas.

“Un montón de disparates”

Utilizaban un patrón: detención arbitraria, desaparición forzada, torturas. Entre las condiciones inhumanas y los diferentes tipos de tormentos, aparecía una tortura específica, la sexual. “El abuso sexual era para ellos un arma de destrucción física y moral para hacernos pomada psicológicamente”, manifestó Brenda Sosa, ex presa política, en el libro Vivencias del horror. En el mismo texto se encuentra el testimonio de Jacqueline Gurruchaga, quien explica cómo la violencia sexual se enmarcó en un “variado menú” de condiciones y acciones funcionales al propósito de torturar. “Nos hacían sentir que podían hacer todo lo que quisieran con nosotros, incluso desnudarnos, manosearnos, obligarnos a tocarlos, penetrarnos con diferentes objetos, etcétera”, expresó. Ella fue una de las ex presas políticas que leyeron el texto de las denunciantes en la audiencia ante la CIDH.

“Para mí la violación es desde el momento en que te desnudan, te ponen frente a un batallón y te hacen un montón de disparates”, dijo Amorós, una de las denunciantes. En la dictadura la violencia sexual era uno de los métodos utilizados para castigar a las personas, para obtener información de lo que las Fuerzas Conjuntas denominaban un “enemigo”. Según Leoni, se empleaba para castigar doblemente a las mujeres por salirse de su rol de personas encargadas del hogar.

El libro antes mencionado también recopila un desgarrador testimonio de Mirta Macedo, una de las impulsoras del grupo de denuncia junto con Beatriz Benzano. Macedo cuenta que fue violada un sinfín de veces en el centro clandestino de detención y tortura 300 Carlos. Uno de los represores abusaba de ella día por medio, y en algunas ocasiones sufrió violaciones grupales de alrededor de siete hombres. Las primeras veces atinó a defenderse, pero era imposible, cuenta. Lo mismo relató Amorós: “Yo decía: ‘Si me pasa una cosa de esas, lo araño’, pensaba que me iba a defender; no me defendí un carajo y eso lo viví con culpa”.

El sentimiento de culpabilidad estuvo presente sobre todo en el comienzo del proceso hacia la denuncia. Muchas de las ex presas cuentan que en el período en que estuvieron encarceladas no se hablaba casi de las torturas y aún menos de la violencia sexual. Tuvieron que pasar por un proceso de desindividualizar lo sucedido: no le pasó a una, le pasó a la mayoría. La culpa recaía en preguntas como “¿por qué me eligió a mí?”, “¿qué hice yo para que me eligiera?”, y según la psicóloga María Celia Robaina, tuvieron que apartar esas ideas para entender que la violencia sexual constituía una más de las estrategias políticas de destrucción. “Por eso el romper el silencio y el poderlo hablar con otra, el darte cuenta de que no te pasó sólo a vos, que les pasó a muchas y que lo hicieron a propósito para dañar es sumamente liberador”, expresó.

Carla Larrobla, profesora de Historia e investigadora que ha trabajado en el tema, explica que se trató de una estrategia para deshumanizar a los detenidos, ejercida desde la mentalidad de “eliminar al enemigo” con un concepto de guerra instalado. Además, calificó las distintas prácticas desarrolladas en la dictadura de “perversas” y aseguró que las personas encargadas de ello se especializaban minuciosamente para ultrajar la vida de los detenidos. Explicó que a pesar de que en Uruguay no existe un estudio específico, hay testimonios que dan cuenta de la incorporación de animales en las torturas sexuales. En otros países, como Chile, sí está estudiado y probado que se utilizaban perros entrenados para violar, sostuvo. Las ex presas entrevistadas observan que la violencia sexual ha sido una característica represiva en variados conflictos a lo largo del mundo, y “en general se utiliza para castigar doblemente a las mujeres” que, además de ser parte de los “enemigos”, se salen del rol que la sociedad les impone, agregó Arzuaga.

La violencia sexual como estrategia de tortura sistemática del terrorismo de Estado no se circunscribió al universo femenino: los presos políticos hombres también la sufrieron, manifestó Larrobla. Según las denunciantes entrevistadas, en un primer momento se manejó la idea de que los ex presos políticos entraran en la denuncia colectiva. Sin embargo, le cuesta más al hombre decir “me violaron”, explicó Arzuaga, y desde su punto de vista, el haberlos incluido hubiese demorado la concreción de la denuncia penal. Esa dificultad mayor que aparece en los hombres para testimoniar estos casos se explica porque se compromete completamente la posición y “dignidad” masculina; la “honra” y la “persona social del hombre” se vulneran ante una declaración pública de violación, dijo la antropóloga Rita Segato al dar testimonio en el Juicio Escobar Campana Zárate, Argentina.

Aunque hay una notoria dificultad por parte de los varones de contar lo que les pasó, muchas mujeres tampoco han podido o no han querido hacerlo. “Siempre recuerdo a una compañera que escribía la denuncia, llegaba a la reunión y, cuando iba a empezar a leer, la rompía; y no pudo hacer la denuncia”, contó Klingler. Segato explicó en el citado testimonio que la tortura sexual “es la más extrema, por eso su relato es el más difícil” porque apela a la parte más íntima del cuerpo y la moral de las víctimas. En los primeros momentos de conformación del grupo de denuncia, las expertas que acompañaban el proceso decidieron que incluso era mejor que algunas no hicieran la denuncia “porque se trataba de cuidarlas, se trataba de no ir más allá de lo que se podía”, sostuvo Robaina.

“Te sostenés en la colectividad” para evadir los obstáculos, comentó Antonia Yáñez, expresa política. Ya que el uso de torturas fue una estrategia para destruir lo colectivo y lo social, es importante utilizar eso mismo, “trabajarlo con otros”, para esclarecer y desindividualizar lo sucedido, explicó Robaina. Por lo tanto, que la denuncia haya sido en grupo también ayudó a que las ex presas estuvieran más protegidas, según la psicóloga, porque el sujeto colectivo reemplaza el testimonio individual público.

“El tiempo transcurrido sólo agrava los impactos de las violaciones que vivimos y de la impunidad; cada día que pasa sin justicia nuestra dignidad se ve afectada”, dijo Blanca Luz Menéndez en la audiencia ante la CIDH.