En el marco del Día Nacional contra el Femicidio, el presidente de Chile, Gabriel Boric, promulgó este lunes la llamada “Ley Antonia”, que tipifica como delito el suicidio femicida, es decir, mujeres que cometen suicidio debido a los abusos reiterados de sus parejas o exparejas, o por la sociedad patriarcal en la que viven, según definió por primera vez la activista feminista sudafricana Diana Russel en 1996.
La iniciativa chilena, que modifica el Código Penal, establece que “el hombre que, habiendo tenido una relación de pareja con una mujer, con o sin convivencia, haya vulnerado su integridad física o psíquica, mediante actos de cualquier tipo de violencia contra ella, y que, por dicha causa, la víctima haya sufrido un grave deterioro emocional y depresión profunda, que la hayan llevado a suicidarse”, será considerado “inductor de suicidio, en calidad de autor de femicidio”.
Además, la norma modifica distintos aspectos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de violencia sexual y evitar su revictimización durante la investigación.
El proyecto de ley fue presentado a raíz del caso de Antonia Barra, una mujer de 21 años que se suicidó en 2019 tres semanas después de haber sido violada. El agresor, Martín Pradenas, fue condenado a 20 años de cárcel por dos delitos de violación, cuatro de abuso sexual y un delito de abuso sexual a una menor de 14 años.
Durante el acto en el Palacio de La Moneda, Boric aseguró que la nueva ley “viene a cubrir un vacío en la legislación chilena al incorporar derechos específicos para las víctimas de violencia sexual y, en el transcurso de la investigación, evitar la revictimización, protegiendo su identidad, intimidad, seguridad y dignidad”.
El mandatario chileno dijo que la persecución penal “es sólo una arista, porque la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer en todas sus formas empieza antes, abordando la desigualdad que las afecta, la discriminación, la falta de acceso a la Justicia”. “Debiera ser obvio, pero no lo es, y por eso hay que repetirlo con insistencia: las mujeres tienen derecho a vivir seguras, sin temor a ser víctimas de violencia por parte de sus parejas, exparejas o de cualquier otra persona. Y cuando existen agresiones de este tipo, es la sociedad en conjunto la que ha fallado y particularmente el Estado y sus instituciones”, puntualizó.
Por su parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, detalló que “nos va a permitir ponerle nombre a eso que estaba siendo acallado, que no estaba siendo registrado y tampoco prevenido”, y “va a permitir mejorar el proceso de atestiguamiento y de denuncia para las mujeres que sufren violencia sexual, para que no tengan que vivir lo que vivió Antonia, la revictimización secundaria”.
En tanto, la diputada oficialista Maite Orsini, una de las impulsoras de la ley, afirmó que “este es un paso tremendamente importante a la hora de saldar la deuda que como Estado tenemos con las mujeres, víctimas de violencia sexual, que tanto han tenido que luchar por encontrar justicia y que muchas veces, la mayoría de las veces, han recibido sólo recriminaciones, revictimizaciones, humillaciones y discriminaciones”.
En paralelo a la promulgación de la ley, Boric también anunció indicaciones para un proyecto de ley de reparación para víctimas de femicidio, que contemple entre otras cosas una pensión para las hijas e hijos menores de 18 años que perdieron a sus madres por femicidio.
Todo lo que tiene que cambiar
En el acto del gobierno también estuvo presente Alejandro Barra, padre de Antonia, que cuestionó el funcionamiento del sistema judicial chileno. “No tengo que ser yo como víctima [quien tenga que] dedicarme y dirigir un equipo para lograr la justicia de nuestra hija. Mi legado es que las instituciones sean las responsables, porque las familias en algún minuto se quiebran y dejan de buscar justicia porque no creen en el sistema”, apuntó Barra.
“Veo familias que, en vez de estar aplicando su duelo, tienen que estar luchando y saliendo a las calles; eso debe cambiar. En algún minuto esta sociedad debe darles la seguridad a las víctimas de que van a ser juzgadas de forma justa, que el amiguismo, el compadrazgo de los jueces y abogados, no va a tener cabida en el futuro”, agregó.
Barra aseguró que, como familiar de una víctima, lo que percibe es que “a los policías les falta capacitación, tecnología para encontrar rápidamente a los delincuentes, que les den la confianza a las familias, pero que esa confianza no sea frustrada porque el imputado tiene amigos en algún lado de alguna institución”.
En Uruguay
En setiembre de este año, un hombre fue condenado en Uruguay por violencia doméstica y “determinación al suicidio” luego de que su pareja, Lilián Rodríguez, de 42 años, se prendiera fuego tras sufrir violencia de género de manera sostenida.
La condena, que marcó un hito a nivel judicial en nuestro país, plantea que el hombre “ejecutó diversos actos de violencia contra la víctima, tanto psicológica como verbal, emocional, doméstica y física”, lo cual “hizo que durante todo ese tiempo estuviese sometida a un constante sufrimiento, haciendo que la vida se volviera insoportable para ella, quien se encontraba ‒en sus propias palabras‒ ‘cansada de vivir así’, ‘saturada’ y ‘harta’ de las situaciones que el imputado le hacía vivir, lo que no aguantaba más, siendo esa decisión de quitarse la vida la salida que en tal extremo contexto ella encontró para ponerle fin a la dramática realidad que desde larga data venía tolerando a consecuencia del accionar de su esposo”.
En base al artículo 315 del Código Penal, que establece las penas para quien “determine” a otra persona a suicidarse, el agresor fue condenado a tres años de cárcel.