En un fallo histórico, con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Constitucional de Colombia definió este lunes retirar del Código Penal el delito de aborto hasta las 24 semanas de gestación. Si bien no hubo mayoría para lograr la despenalización total, que es lo que reclamaban las activistas feministas colombianas, la decisión marca un avance inédito en América Latina.
De ahora en más, quienes quieran interrumpir el embarazo luego de las 24 semanas de gestación, podrán hacerlo sólo en los tres escenarios legales que rigen en el país desde 2006: cuando el embarazo es producto de una violación, incesto o inseminación artificial sin consentimiento, en caso de malformaciones fetales graves incompatibles con la vida y ante el riesgo para la vida o la salud de la persona gestante.
La resolución de este lunes responde a un pedido que presentó en setiembre de 2020 el movimiento Causa Justa –que reúne a 91 organizaciones y más de 135 activistas– para que la corte eliminara del Código Penal el delito de aborto fuera de las tres causales. El alto tribunal tenía plazo hasta el 19 de noviembre de 2021 para tomar una decisión, pero la discusión se demoró por problemas internos. Desde entonces, las activistas han salido a las calles prácticamente todas las semanas a agitar los pañuelos verdes con las consignas #CorteEsUrgente y #CorteBastaYa para pedir una definición a favor de los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Esta vez, las decenas de mujeres que se concentraron en los alrededores de la sede del tribunal celebraron el hito que marcó el final de la larga espera.
“¡Lo logramos! Eliminamos el delito de aborto del Código Penal hasta la semana 24”, escribió Causa Justa en su cuenta de Twitter tras conocer la decisión. “¡Ganamos! Gracias a nuestra demanda como parte del movimiento Causa Justa, la Corte Constitucional de Colombia ha eliminado el delito de aborto hasta la semana 24”, anunció, por su parte, el Centro de Derechos Reproductivos, una de las organizaciones que integran el movimiento que impulsó la iniciativa.
En el mismo sentido se pronunció la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Érika Guevara Rosas, quien en un comunicado aseguró que “las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar son las únicas que deben tomar decisiones acerca de sus cuerpos. Ahora, en lugar de castigarlas, las autoridades colombianas tendrán que reconocer su autonomía sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida”. “Este fallo es otro ejemplo más del impulso imparable de la marea verde en América Latina”, agregó Guevara Rosas.
De todas formas, la representante de Amnistía Internacional en el continente dijo que, si bien “es un paso vital para el derecho al aborto en Colombia y en América Latina y el Caribe, nadie debería ser criminalizado por acceder a un aborto”, por lo que “es vital que sigamos presionando para conseguir el pleno acceso al aborto legal y seguro en todas las circunstancias en Colombia y más allá”.
En ese sentido, el texto recuerda que, pese a ser un derecho fundamental establecido por la Corte Constitucional en una sentencia aprobada en 2006, “actualmente el acceso al aborto es inequitativo y limitado” en el país. Aquel fallo tampoco evitó que mujeres, niñas y adolescentes sigan siendo criminalizadas: de acuerdo con el informe “Criminalización por el delito de aborto en Colombia”, publicado en julio del año pasado por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, entre 2006 y 2019, 346 mujeres fueron condenadas o sancionadas por el delito de aborto. De ese total, 85 tenían entre 14 y 17 años.