La titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Irene Moreira, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, y autoridades de Mevir firmaron el martes un convenio para dar continuidad al sistema de respuesta de alternativas habitacionales transitorias para mujeres en proceso de salida de situaciones de violencia basada en género.
En concreto, se sumaron 50 nuevos subsidios de alquiler a los 321 que ya estaban en funcionamiento y que serán renovados. Además, se habilitaron las postulaciones para 95 lugares que quedaron libres el último año. Con la ampliación de los cupos, se alcanzó una “cifra récord” de 466 subsidios, destacó en diálogo con la diaria la directora de Inmujeres. “Se va a hacer todo hasta llegar a 500, que es la promesa que asumimos”, aseveró.
En cuanto al territorio, los cupos están “muy concentrados” en Montevideo, sostuvo Bottero. De los 321 activos al día de hoy, más de 70% funciona en la capital. “En el interior es más complicado conseguir alquileres en los que pueda usarse garantía de la Contaduría [General de la Nación] por montos bajos”, explicó la jerarca, y planteó que ese es el motivo que ha dificultado concretar la extensión de cupos fuera de Montevideo. “Ahora, con el apoyo de Mevir, el Plan Juntos y otros programas del MVOT se va a agilizar la posibilidad de dar subsidios en el interior”, agregó.
En una conferencia de prensa previa a la firma del acuerdo Moreira dijo que “celebrar este convenio es una gran alegría” por tratarse de un “tema tan delicado y sensible, que como mujer me toca muy de adentro”. “Apenas asumimos en este ministerio, tomamos este tema como nuestro para tratar realmente de darle una solución”, sostuvo.
La ministra recordó que, en el marco de este convenio, que se firmó en 2009 entre el entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA, hoy MVOT) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), se desarrolló un plan piloto en tres departamentos –Salto, Montevideo y Canelones–, pero que la violencia basada en género es un “problema nacional”, que se vio incrementado en el contexto de pandemia y, por lo tanto, el MVOT debía asumir el compromiso de reforzar este programa. “Firmar este convenio es un paso muy importante en ese sentido”, afirmó.
A su turno, el ministro de Desarrollo Social destacó el “esfuerzo, articulación y expectativas” detrás de esta firma y resaltó el trabajo “permanente” del Inmujeres en relación a “situaciones con las que nadie quiere convivir”. “Es lamentable la cantidad de mujeres que atraviesan situaciones de violencia doméstica y todo lo que eso implica en el aspecto espiritual de las personas”, comentó. En ese sentido, señaló que el propósito de este programa no es sólo asegurar un techo a las mujeres que atravesaron situaciones de violencia, sino que se brinda un “abordaje afectivo muy importante”.
Lema manifestó que los programas que desarrolla el Mides, y puntualmente el Inmujeres, apuntan a la “autonomía” de las mujeres y a permitir “la salida definitiva de esas situaciones angustiantes”. En esa línea es que el ministerio trabaja en el desarrollo del programa “Accesos”, dijo, para dar oportunidades de “trabajo protegido a una cantidad de mujeres que fueron víctimas de violencia basada en género”.
Por su parte, Bottero planteó que este acuerdo demuestra que el “trabajo interinstitucional mandatado por ley” permite alcanzar “cifras importantes de aporte”. “Sabemos que este trabajo va a redundar en beneficio de mujeres, niñas y niños, y también de los varones agresores, que son parte del sistema de respuesta en violencia de género y a los que desde el Inmujeres brindamos atención psicológica cuando usan tobillera o protagonizan casos graves”, expresó. Añadió que los equipos del organismo se están “especializando” en el trabajo con varones agresores para abordar el fenómeno de la violencia de género de “manera integral”.
A su vez, la directora del Inmujeres reiteró el compromiso del organismo y del MVOT de incrementar la respuesta a situaciones de violencia en el interior del país. “Hasta ahora, la respuesta, que ha sido muy importante y comprometida, se concentraba en Montevideo, pero se dificulta mucho, en ocasiones por razones administrativas, lograr respuestas para el interior”, aseguró, y planteó que fuera de la capital hay un “reclamo de este tipo de respuestas”. De hecho, sostuvo que la “mayoría” de los casos “más graves de violencia y los femicidios” ocurren en el interior.
Soluciones habitacionales
El objetivo de la iniciativa es otorgar “soluciones habitacionales transitorias como forma de promover el acceso en igualdad de condiciones a una solución definitiva” a mujeres que han atravesado situaciones de violencia de género. Para cumplir con este propósito, el convenio establece brindar una garantía de alquiler y un subsidio por un monto de 12 unidades reajustables (17.136 pesos uruguayos al día de hoy) durante un período máximo de dos años. Existe la posibilidad de prórroga por un año más en determinadas situaciones. Incluso, hubo casos en los que se llegó a extender la garantía entre “cuatro y cinco años” porque la pandemia “dificultó” la situación de las mujeres comprendidas en el programa, señaló Bottero a la diaria.
La directora subrayó que el programa está dirigido a mujeres en “proceso de salida” de situaciones de violencia: “Cuando pueden salir de un refugio, de un centro 24 horas, de la casa de un familiar o dejar la convivencia con su agresor, y ya están en un proceso en que tienen un trabajo y pueden hacerse cargo de una vivienda”, detalló. Añadió que aclara este punto porque “muchas veces” mujeres que están en medio de situaciones de violencia “reclaman el subsidio”. Sin embargo, “esto se ha establecido así desde hace mucho tiempo” por las “condiciones psicológicas y económicas necesarias para sostener una vivienda”, explicó.
Otras de las condiciones para poder acceder al subsidio son ser mayor de 18 años, asistir al servicio de atención del Inmujeres, recibir apoyo psicosocial y jurídico de organismos públicos y tener ingresos estables –por medios formales o informales, pero que puedan certificarse– para solventar los gastos básicos (UTE, OSE, gastos comunes, tributos, entre otros).
El cupo está destinado a una sola mujer, pero en la mayoría de los casos son madres solas con hijas e hijos a cargo. En ese sentido, la directora del Inmujeres apuntó que el “impacto” del programa abarca un número mayor de personas. Si bien no existe un número formal de la cantidad de personas implicadas, Bottero estimó que se trata de alrededor de 1.000.
Durante el transcurso de la pandemia, Moreira decidió mantener los contratos de alquiler con subsidio “vigentes a la fecha de suscripción de este convenio y otorgar nuevos subsidios”, afirma el MVOT en un comunicado que fue difundido el lunes. En febrero de 2021, el Inmujeres y Mevir firmaron un nuevo acuerdo para fortalecer e incrementar el alcance de este convenio y se anunció la disposición de 35.000 viviendas en el interior “profundo” del país para mujeres en la misma situación.
No obstante, la implementación del programa ha tenido dificultades, sobre todo durante la pandemia. En junio del año pasado, la Intersocial Feminista denunció que el convenio, “por actos administrativos”, no tenía “acción”.
Consultada por la diaria al respecto, Bottero dijo en noviembre del año pasado que el último convenio había vencido a principios de 2020 y reconoció que se demoró la renovación, por lo que si bien se prorrogaron los subsidios de aquellas que ya tenían la prestación, hubo que “frenar” el ingreso de nuevas mujeres. De todas formas, en ese entonces adelantó que ya estaba todo asegurado para renovar el contrato y sumar nuevos cupos en 2022.