Entró en vigencia un decreto aprobado la semana pasada por el gobierno ultraderechista de Hungría que obliga a las mujeres que quieren abortar a que, antes de hacerlo, escuchen el latido del corazón del feto. La medida, que tiene la firma del ministro de Interior, Sándor Pintér, establece que, para acceder al procedimiento, hay que presentar un documento emitido por un ginecólogo que certifique que recibieron información sobre “los signos vitales del feto” de “forma claramente identificable”.
La actual ley de aborto de Hungría, que rige desde 1992, permite la interrupción voluntaria del embarazo sin condiciones hasta las 12 semanas de gestación. La norma contempla la posibilidad de abortar fuera de ese plazo en casos excepcionales como, por ejemplo, si está en peligro la vida de la persona gestante o del feto.
Distintas agrupaciones feministas y organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos en Hungría denuncian que este decreto se enmarca en un objetivo más amplio que persigue el gobierno desde hace unos años para restringir el acceso al aborto.
En esa línea, la organización Patent –que brinda asesoramiento sobre derechos sexuales y reproductivos y acompaña a víctimas de violencia de género– apuntó que la nueva medida constituye un “nuevo paso en un proceso” impulsado por el gobierno húngaro que busca “reducir los derechos reproductivos de las mujeres”. En un comunicado publicado en su página web, mencionó algunas medidas aprobadas en ese sentido en los últimos años, como la prohibición de la distribución de pastillas abortivas en 2012 o el hecho de que la dilatación del cuello uterino durante el aborto quirúrgico se realiza “con instrumentos mecánicos en lugar de medicamentos mucho menos dolorosos”.
Además, según denunció Patent, “el procedimiento de aborto real se lleva a cabo a menudo con el objetivo de humillar a las mujeres que buscan abortar y tratando de convencerlas de continuar con sus embarazos”, a lo que se suma que, en el último tiempo, se volvió “significativamente más difícil conseguir citas para las consultas”.
Por su parte, la Unión por los Derechos Fundamentales señaló que la enmienda “no es otra cosa que una medida dañina que sólo sirve para humillar a mujeres que ya se encuentran en una situación muy difícil”. También afirmó que, con esto, el gobierno sólo quiere hacer más difícil el proceso administrativo para abortar, porque el latido del corazón no es detectable hasta la quinta o sexta semana de embarazo.
En tanto, la Cámara de Médicos de Hungría aclaró que no fue consultada por el gobierno para la elaboración del decreto y recordó que, antes de que empezara a regir la medida, el personal de salud ya tenía que detectar los signos vitales del feto e informar a la mujer al respecto. Para el organismo, lo único que se logra al poner el tema “en el espacio político” es “dañar a todos los afectados”.
Hasta ahora, el gobierno del primer ministro Viktor Orbán ha insistido en que no tiene planes de limitar el derecho al aborto. Sin embargo, la presidenta de Hungría, Katalin Novák, que asumió el poder en mayo y pertenece al partido de Orbán, prometió en su campaña electoral que apoyaría a quienes “protegen la vida desde la concepción”.