Era algo esperable: que hubiera un “retroceso” y, al mismo tiempo, “un avance tímido”. Es que, según la politóloga Verónica Pérez, esas calificaciones referidas a la agenda de derechos de las mujeres en este período de gobierno tienen sentido, debido a la composición política de la coalición.
Pasaron tres años desde que asumió la presidencia un gobierno herrerista, encabezado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, luego de 15 años consecutivos de gobierno frenteamplista. Pérez aseguró que durante los tres períodos de izquierda “el avance fue sustantivo” y “siempre fue progresista y no reactivo”.
Según la politóloga, el abordaje de la agenda de género de la coalición no sólo se diferencia de la desarrollada por el Frente Amplio (FA), sino también de los demás gobiernos de derecha. “La reacción no había ocurrido: quizás porque el avance había sido menor o porque no tenían un componente de derecha radical como ahora con Cabildo Abierto [CA], que habla contra una ‘ideología de género’”, consideró.
Una de las iniciativas pilares de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, fue la Bancada Bicameral Femenina (BBF), creada en 2000 junto con Glenda Rondán, que en ese momento había sido electa por el Partido Colorado (PC), y la entonces diputada por el FA, Margarita Percovich.
Aunque en este período se intentó que la BBF funcione, la sinergia entre las mujeres de los partidos con un fin común no llegó a término y se desarticuló antes de alcanzar la mitad del gobierno. Pérez señaló que “hay algunas mujeres dentro de la coalición gobernante que tienen una agenda proderechos de las mujeres”, entre las que destacó a Argimón, pero aseguró que “no pudo reflotar” la bicameral “con el éxito que hubiese querido, y encuentra dificultades en impulsar una agenda y promover legislación coherente en este sentido”.
En este paraguas es que la politóloga señaló que existen “algunos proyectos de ley [presentados por partidos de la coalición] que son importantes y representan un avance”, como los que impulsan la paridad en los cargos electivos, elaborados por la senadora del Partido Nacional (PN) Gloria Rodríguez y la diputada colorada Fátima Barruta. El de Rodríguez es el que ha sido más discutido y actualmente se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. De aprobarse, para Pérez representaría un “salto cualitativo” y sería, quizás, el único proyecto que se acercaría a entablar una “transformación”.
Según Pérez, en el ámbito legislativo, de 2015 a 2020 hubo “transformaciones importantes”, en la línea de las llevadas a cabo durante los 15 años de gobierno frenteamplista, y consideró lo mismo sobre los primeros tres años de ese último período de gobierno de izquierda.
Sin embargo, en comparación con los primeros tres años del actual, la politóloga analizó que si bien hay algunos proyectos que “mejoran las necesidades de las mujeres”, “no desafían sustantivamente el statu quo”. A su vez, dijo que encuentran dificultades para trascender y, en la mayoría de los casos, “quedan encajonados” en la comisión correspondiente. Los otros tantos, como el de corresponsabilidad en la crianza o el que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en institutos de enseñanza y organismos públicos, presentados por CA, directamente se vinculan con un “retroceso” en la agenda de igualdad de género y una “reacción”.
Tres años del FA
“Se concretó lo que se venía avanzando en materia de género: las leyes que faltaban se realizaron”, aseguró a la diaria Cecilia Bottino, diputada por el FA desde el período pasado, en el que también formó parte de la Comisión Especial de Equidad y Género.
La legisladora resaltó cuatro leyes aprobadas en los primeros tres años del último gobierno de izquierda. En primer lugar, se detuvo en “la más importante”: la Ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género, promulgada en diciembre de 2017, que plantea la interinstitucionalidad e integralidad para abordar los casos de violencia de género, con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) como órgano rector.
Ese mismo año se aprobó la tipificación del femicidio a través de la Ley 19.538, lo que implicó el agregado de un agravante muy especial para los homicidios “contra una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio, por su condición de tal”.
También en 2017 se modificó la Ley de Cuotas. Si bien había sido aprobada en 2009 y regulaba la participación política de las mujeres en los cargos electivos, tenía fecha de vencimiento. Fue entonces que “hubo que pelearla”, afirmó Bottino. La diputada narró que “había una resistencia importante en la oposición y no querían votar”. A su vez, contó que, en primera instancia, el FA, en alianza con Rodríguez y la entonces diputada del PN Elisabeth Arrieta, intentaron impulsar la paridad, pero fue “imposible”, por tanto arremetieron esfuerzos para lograr la existencia de la cuota sin fecha límite.
Bottino destacó que dicha alianza también estuvo a la hora de propulsar la ley de violencia de género y la de cuotas. En ese momento, la BBF estaba en plena actividad y “jugó un rol muy importante. Había que tejer y tejer, porque dentro de los partidos no había acuerdos”, esgrimió.
En diálogo con la diaria, Rodríguez, que es senadora desde ese período en el que también integró la Comisión Especial de Equidad y Género, se posicionó al igual que Bottino. Señaló que con la bicameral, y en especial con la tríada, trabajaron “mucho el tema género, mujer, paridad, diversidad sexual, discapacidad”.
Aun así, hizo énfasis en que varios de los proyectos de la agenda de derechos de las mujeres que fueron aprobados, como la ley de violencia de género, “no contaban con presupuesto”, mientras que otros impulsados “quedaban en el camino, sin el apoyo total de todos los partidos”.
La última ley en la que se detuvo Bottino fue la 19.353, que creó el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), que Pérez consideró una iniciativa que impulsó una “transformación”.
En estos tres años, también fueron promulgadas otras leyes relacionadas con los derechos de las mujeres, como la 19.530, que obliga a la instalación de salas de lactancia materna en las instituciones del sector privado y público, y la 19.313, que prevé que a las mujeres embarazadas o que ya parieron y su horario de trabajo es nocturno se les asigne un horario diurno sin la pérdida de la compensación por la nocturnidad.
Tres años de la coalición
El proyecto de ley vinculado con esta agenda y presentado por la coalición que, hasta el momento, ha tenido mayor discusión es el presentado por Rodríguez, que busca la paridad. La senadora explicó que desde finales del año pasado comenzaron con las convocatorias de organizaciones civiles, grupos de investigación, entre otras tantas voces vinculadas a la temática, porque, “de aprobarse, significará un notorio avance de una ley de cuotas que a todas luces ya ha cumplido una etapa”.
En cuanto a la viabilidad del proyecto, la senadora señaló que “no va a ser una tarea fácil, porque los cambios son resistidos”. Por esa misma razón, aseguró que está abierto a modificaciones y que está siendo dialogado con las demás legisladoras y legisladores.
Sobre la posibilidad de aprobación, la politóloga dijo que “lo que va a ocurrir es aún dudoso”, porque “se requieren mayorías especiales”. En paralelo, describió que si bien “hay un empuje” desde algunas integrantes de la coalición, el proyecto “encuentra muchos obstáculos” dentro del propio gobierno, a diferencia del FA, que internamente ya instaló la paridad.
Otro de los proyectos más discutidos en este período, y que tanto para Pérez como para Bottino representa un “retroceso” en la agenda de igualdad de género, es el de tenencia compartida, unificado por el PN y CA. Sólo resta la votación en el plenario de la cámara baja para que la propuesta se transforme en ley.
“Va en contra de todo un corpus de legislación relativo a la igualdad de género en el que Uruguay ha avanzado mucho en los últimos 20 años”, manifestó la politóloga. El retroceso al que refiere también se manifiesta “discursivamente”: “Es consecuencia de la composición que tiene esta coalición de centroderecha gobernante, donde los temas de género no son de sencilla resolución, o por lo menos donde la mayoría de los integrantes puedan estar de acuerdo”, aseguró.
En la misma línea, Bottino afianzó que “en este período no hay espacio para ningún proyecto de ley con perspectiva de género”, ya que “no hay voluntad política”. En cuanto al retroceso, narró que desde el FA han “peleado para que no deroguen el artículo [de la ley contra la violencia basada en género] referido a los juzgados multimateria y, a su vez, en los presupuestos no se le ha dado recursos a Inmujeres”.
Rodríguez, en cambio, reiteró que existen “dificultades” cuando “existen cambios”, pero que al día de hoy no encuentra “esa resistencia tan dura como en años anteriores”, así como tampoco visualiza que haya un retroceso.
En tanto, entre los proyectos presentados en estos tres años de gobierno relativos a la agenda, pero que aún no han sido aprobados, están el presentado por la diputada colorada María Eugenia Roselló, que propone aumentar el monto de la Tarjeta Uruguay Social del Ministerio de Desarrollo Social para que las mujeres beneficiarias puedan acceder a productos de gestión menstrual. Por otro lado, la diputada, junto con el diputado Conrado Rodríguez, plantearon sustituir el artículo 1 de la Ley 17.386 de acompañamiento a la mujer en el preparto, parto y nacimiento, para que el acompañamiento no sólo sea en el trabajo de parto y el nacimiento, sino también en el preparto y el puerperio inmediato. A su vez, se agrega la posibilidad de que el acompañamiento sea por dos personas en vez de una.
Desde la misma fuerza política se presentaron otros tres proyectos de ley: Barruta propuso agregar a la Ley 19.580 la violencia digital como una de las formas de violencia, y modificar el artículo 6 para extender la conceptualización de violencia obstétrica. Por otra parte, Reisch presentó un proyecto de ley que promueve la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Sandra Lazo, senadora del FA, y Rodríguez también presentaron un proyecto, esta vez para lograr la presencia de 50% de mujeres y disidencias en espectáculos musicales llevados adelante por el Estado o que utilicen dinero público.
¿Se avizoran más proyectos y/o la aprobación de los presentados hasta el momento? Según la politóloga, lo han hecho los partidos de derecha que gobernaron en los 2000, o incluso los gobiernos del expresidente chileno Sebastián Piñera. “Han aprobado proyectos que van en el sentido de promover la agenda de los derechos de las mujeres, pero no los más radicales”, resumió.