Legisladoras y legisladores de Florida, en Estados Unidos, discuten un proyecto de ley que busca prohibir cualquier formación en las escuelas sobre el ciclo menstrual antes de sexto grado, es decir, antes de los 12 años de edad, según informó The Guardian este lunes. La norma, además, restringe la educación sexual en el estado a la enseñanza sobre “VIH/sida, enfermedades de transmisión sexual o educación para la salud” sólo para niñas, niños y adolescentes entre 12 y 18 años. La iniciativa fue promovida por el republicano Stan McClain, integrante de la Cámara de Representantes local.
Durante una sesión del Comité sobre Educación en el Congreso de Florida, el pasado viernes, la legisladora demócrata Ashley Gantt sostuvo que, en promedio, las niñas y adolescentes tienen su primera menstruación entre “los diez y los 15 años” y, en ese sentido, preguntó a McClain si de aprobarse esta norma estaría prohibido hablar al respecto con las niñas de cuarto y quinto grado que tienen esta experiencia. “Sí, así sería”, respondió el legislador.
“Imagínese a una niña de diez años yendo al baño y encontrando sangre en su ropa interior y pensando que se está muriendo”, dijo Gantt; “ella no sabe lo que está pasando y su maestra ni siquiera tiene la capacidad de decirle que esto es parte de la vida”.
En respuesta, McClain señaló que la normativa no busca impedir que las niñas y adolescentes puedan plantear sus dudas y consultas sobre la menstruación a sus maestras y maestros, y agregó que está abierto a introducir enmiendas para “mejorar” el proyecto.
Esta no es la primera norma que aprueba la administración del gobernador republicano Ron DeSantis en este sentido. A fines de marzo de 2022, el Congreso de Florida promulgó la ley “Derechos de los padres en la educación” –más conocida como “Don’t Say Gay” (No digas gay) –. La normativa establece que la enseñanza “sobre orientación sexual o identidad de género no puede tener lugar desde el jardín de infantes hasta tercer año de escuela” y tampoco se puede impartir, en los grados escolares posteriores, “de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes de acuerdo con los estándares estatales”. Además, prevé que, si los padres de un estudiante consideran que la norma se incumple, pueden demandar a la escuela y reclamar una indemnización por daños y perjuicios.