En abril se cumplieron diez años de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario, un hecho histórico que convirtió a Uruguay en el décimo segundo país del mundo en garantizar este derecho y en el segundo de América Latina, después de Argentina. Una década después, activistas LGBTI+ recuerdan la importancia de la normativa y los cambios que trajo aparejados, que se extienden más allá del propio derecho a casarse.
El primer matrimonio igualitario que se celebró en el Registro Civil uruguayo fue el de Sergio Miranda y Rodrigo Borda, el 22 de agosto de 2013, poco después de que la ley entrara en vigencia. Hoy, casi diez años más tarde, recuerdan la emoción de ese día y no se olvidan de las cámaras de medios de todo el mundo que los esperaban a la salida, tras ese evento que marcó un hito personal pero también político.
“En ese momento, nos parecía importante casarnos porque el matrimonio, además del reconocimiento y la institucionalización del vínculo entre dos personas, implica un montón de otras cuestiones, que tienen que ver con el acceso a la salud, con protección del trabajo, con licencias laborales, con licencias por enfermedad, ni hablar de lo patrimonial, las herencias, y también la cuestión de la adopción de niñas y niños, o el reconocimiento de hijos de uno de los dos integrantes de la pareja”, relató a la diaria Miranda, que hoy es director de la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo (IM).
Pero casarse, además, significaba ejercer un derecho por el que muchas personas, incluidos ellos dos, habían luchado durante años. “Después de todo ese proceso, que fueron años de militancia, de trabajo y de ir contra todo –porque no fue un camino sencillo y liso–, con Rodrigo dijimos ‘estaría buenísimo que, cuando salga la ley, hubiera un efecto inmediato’”, recordó.
El efecto no fue absolutamente inmediato, como suele suceder cuando recién se habilita un derecho, pero parece ir in crescendo. En 2022, se casaron 292 parejas de mismo sexo en todo el país, según detalló a la diaria el Registro Civil en respuesta a un pedido de acceso a la información pública. El informe también señala que, en lo que va de 2023, hubo 93 matrimonios igualitarios en Uruguay.
Esta es toda la información que hay disponible a nivel nacional, porque el sistema electrónico del Registro Civil empezó a recabar datos de matrimonio igualitario en todo el país recién en 2022, señala el mismo documento. De todas formas, los datos previos a 2022 que hay accesibles, que corresponden a las Oficinas del Estado Civil de Montevideo, Ciudad de la Costa y Las Piedras, muestran que, contrariamente a lo que sucede con los casamientos de parejas heterosexuales, que vienen en descenso, los matrimonios igualitarios se mantienen en aumento.
Para la activista Daniela Buquet, integrante del colectivo Ovejas Negras, esta tendencia puede explicarse por dos motivos principales, que van en sintonía con la experiencia de Miranda. El primero es que casarse “te da derechos”. Puso su propio caso como ejemplo: ella se casó el año pasado con su pareja y uno de los factores contemplados fue que, si en algún momento deciden ser madres a través de la Ley de Reproducción Asistida, es necesario que estén casadas “para que el Estado reconozca a nuestros hijos”, contó a la diaria.
“Te da un marco de protección”, resumió Miranda en la misma línea, y recordó que, antes de la ley, muchas parejas convivían durante años y, cuando uno de los dos se moría, “a la persona que había quedado la sacaban de la casa al otro día, con lo puesto, en el mejor de los casos, y ante eso no se podía hacer nada”.
El segundo motivo, según Buquet, tiene que ver con acceder a “lo que siempre se les negó” a las disidencias. “El matrimonio, pensado desde lo idealizado y la romantización, es el punto cúlmine también en las parejas y era algo que estaba completamente negado para nosotres, entonces lograr hacerlo es un espacio de felicidad y sumamente orgulloso”, aseguró la activista. En ese sentido, dijo que “los matrimonios del mismo género tienen la característica de que tienen esa lucha atravesada; más allá de que uno milite o no milite, efectivamente es una conquista, aunque sea personal”.
Un mediodía, poco después de casarse, Miranda y Borda estaban en la plaza Matriz, cuando se les acercó un señor para “saludar, felicitar y agradecerles”. El hombre les contó que tenía un hijo gay de 16 años que todos los días era víctima de “bullying, violencia y agresiones” en el liceo y que, cuando los vio a ellos en la tele, casándose, “vio que era posible un vínculo de pareja, amoroso y además reconocido [por el Estado], y cambió completamente la actitud”. El actual jerarca de la IM recuerda que, después de escucharlo, le dijo a su esposo: “¿Ves? Para esto hicimos esto y la visibilidad y la tele. Para que se naturalice y deje de ser un problema”.
Fuera de la capital
Martín Cristaldo, integrante del colectivo Gente de Diversidad de Bella Unión, recordó que el primer matrimonio igualitario en Artigas fue “inmediatamente después de aprobarse la ley”, en la localidad de Baltasar Brum, “un pueblito que está en el centro del departamento”. “Si vos te ponés a pensar, no fue ni en la capital departamental, ni en Bella Unión como ciudad grande; fue en una localidad. Entonces, hasta dónde nosotros nos podemos transformar y podemos mirar y decir ‘pah, esto llegó y esto es para todas, todos y todes’”, reflexionó en diálogo con la diaria.
Lo primero que se le viene a la mente cuando piensa en la aprobación del matrimonio igualitario fue la emoción que sintió al pisar por primera vez el Palacio Legislativo, donde presenció y acompañó la votación, como muchas otras personas que ese día colmaron las barras del Parlamento. “Pudimos compartir ese momento con un compañero y recuerdo que había un diputado de Bella Unión que en el momento de la votación nos miró y nos sentimos tan orgullosos y tan contentos de que se estaba aprobando, que iba a ser un cambio tan grande a nivel social”, narró. Diez años más tarde, confirma que ese cambio tuvo lugar: “Vi tantas historias de amor, tantas familias que se unieron”.
El activista aseguró que “con el matrimonio igualitario se rompió una cantidad de barreras, de obstáculos” y se “abrieron cabezas, porque antes el matrimonio era para los heteros, para un hombre y una mujer. Hoy en día, podés decir ‘se casaron dos muchachas’ o ‘se casaron dos muchachos’ y en la sociedad está naturalizado”, evaluó. “Hay un derecho conquistado, que lo podemos vivir, lo podemos ver y es de verdad, no es sólo que pasa en Montevideo o en el sur”, agregó.
Para Bárbara Rocha, de la Unión Rochense LGBT+, la aprobación de la ley significó el “primer apoyo de verse reconocidos” por parte del Estado, posicionó a las disidencias “a la par de la familia heteronormativa” y “marcó una diferencia, porque a partir de ahí tú tienes un hogar que sabes que es lo seguro, que no te lo van a destruir por más que fallezca la persona más importante en tu familia”. “Ya no es una ‘familia clandestina’”, apuntó.
Sin embargo, Rocha aclaró que, por lo menos en su departamento, para las disidencias el matrimonio parece muchas veces algo más “aspiracional” que una realidad concreta que persiguen. En primer lugar, porque “no es algo a lo que accedan usualmente las personas más pobres”. En ese sentido, dijo que con las personas con las que trabaja “ni siquiera se vislumbra el tema de un matrimonio”, porque están “pensando cómo hacer con el tema del trabajo o de cómo llegar a fin de mes”. Por otro lado, dijo que, más allá de que exista la ley, “nadie va a animarse a casarse en un pueblito de 3.000 personas; se van a ir a la costa o a Montevideo”. “Entonces, por supuesto que la ley aporta, es la base y siempre hay que luchar por ese derecho adquirido, pero también hay que ser reflexivos en estas otras cuestiones”, matizó.
Una “base” para conquistar más derechos
La concepción de la Ley de Matrimonio Igualitario como “base” también surgió en el relato de las demás personas entrevistadas, ya que para muchas sirvió como cimiento para impulsar otras normas y políticas que ampliaron derechos para la comunidad LGBTI+. La aprobación de la Ley Integral para Personas Trans, en 2018, es quizás el ejemplo más emblemático.
“Es como una marca: si en un país se logra el matrimonio igualitario, se asienta una base social donde se puede empezar a conquistar derechos para la comunidad LGBTI+, y creo que Uruguay lo logró, más allá de que había otras leyes que ya se estaban generando o ya se habían aprobado”, enfatizó Buquet. A su entender, es usual que sea la “primera conquista legal” del movimiento de la diversidad en muchos países porque “tiene esta cuestión fundamental de que da muchísimos derechos y muchísima protección a la conformación de familias, y todos los estados se conforman a través de las familias”.
Por su parte, Miranda consideró que la Ley de Matrimonio Igualitario “allanó el terreno para el proceso que terminó en la aprobación de la ley trans, porque trajo otros temas” al debate público. Según consideró, antes de 2013, las problemáticas de las personas trans, que “no estaban en la agenda” y era una comunidad “recluida en un círculo de la noche, la prostitución y por fuera del sistema”.
A la vez, “afianzó mucho al movimiento LGBTI+ en Uruguay”, consideró Buquet, en tanto “la conquista legislativa, para cualquier movimiento social, permite un crecimiento para ese movimiento, le da otra estructura; uno visualiza logros y visualiza cambios tangibles”. Además, dijo que “la articulación con el resto del movimiento de diversidad tanto de Montevideo como del resto del país” provocó –entre otras cosas– “que las identidades se vuelvan válidas, que haya gente a la que capaz que le daba miedo militar por esto o ‘salir del clóset’, y la Ley de Matrimonio Igualitario le permite salir y poder vivir más libremente su identidad”. Esto, para la activista, permite al mismo tiempo “pensar en qué otros derechos nos faltan”.
Un “cambio cultural”
La mayoría de las personas consultadas coincidieron en que la aprobación del matrimonio igualitario marcó un “cambio cultural”, que impactó más allá de la realidad de las y los propios protagonistas. “La mayor parte de la sociedad uruguaya está mucho más a favor de estos temas”, consideró Miranda. “Oponerse hoy al matrimonio igualitario es algo que ya no está bien visto públicamente, quedó fuera de lugar, ningún referente político puede salir a plantearlo, y eso es una batalla cultural ganada”, opinó, por su parte, Buquet. “Vino a mostrarle a la sociedad que el casamiento no es una cosa sólo para el hombre y la mujer”, aseguró Cristaldo.
La politóloga Marcela Schenck, integrante del área de Política, Género y Diversidad de la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de la República), señaló a la diaria que el matrimonio igualitario es algo que “siempre emergió” como el “gran cambio” en todas las investigaciones en las que trabajó sobre temas de diversidad sexual y de género, pese a que ninguna estudiaba específicamente ese tema.
Puso dos ejemplos: una investigación realizada en 2013, apenas sancionada la ley, que se centraba en la experiencia de docentes que se identificaban como lesbianas, gays y bisexuales; y otra llevada adelante el año pasado, sobre el derecho a la ciudad de mujeres que se relacionan sexoafectivamente con otras mujeres.
En el estudio de 2013, “todas las personas entrevistadas empezaban diciendo espontáneamente que el matrimonio igualitario fue el gran cambio”, recordó la académica, “porque aunque ya se habían producido otros cambios, había temas que todavía no se podían hablar en las instituciones educativas, y a partir de que se procesa toda esta discusión de la ley y de que esta discusión entra fuerte en el ámbito de la agenda pública, se traza una nueva frontera a nivel discursivo sobre la discriminación”. En ese sentido, destacó que la norma instala “un comienzo de que se pueda empezar a hablar en voz alta de determinadas cosas, algo que no estaba pasando, aunque existían ya otras políticas que estaban yendo en esa dirección; el matrimonio igualitario marcó una pauta muy fuerte en ese sentido del cambio cultural”.
El matrimonio igualitario volvió a surgir en la investigación de 2022, traído a cuento por las propias entrevistadas “para marcar justamente el cambio tan importante que se dio a nivel cultural, diciendo ‘nunca nos imaginamos que iba a ser tan radical el cambio’, e identifican al matrimonio igualitario como este elemento que permitió empezar a problematizar de otra forma algunos universales”, aseguró Schenck.
“A veces, cuando pensamos en la discriminación, pensamos en situaciones particulares o individuales, pero ¿qué pasa cuando es una política pública o una ley la que excluye, la que sistemáticamente está discriminando a una población? Eso era lo que pasaba con el matrimonio. Entonces, a partir de esta discusión y de poner el problema público sobre la mesa es que se empieza también a cuestionar otro montón de exclusiones que se estaban reproduciendo en ese momento”, detalló la politóloga. Por eso, a su entender, al mostrar que “otras formas de habitar las parejas” son posibles, además de las “heteronormadas”, el matrimonio igualitario aportó a la construcción de “una ciudadanía más incluyente de todas las personas y todas las afectividades”.
Todo lo que queda por hacer
¿Cuáles desafíos persisten hoy, diez años después de la aprobación del matrimonio igualitario, para la comunidad LGBTI+ en Uruguay?
Para Rocha, los principales problemas los atraviesa la población trans, “porque es donde más vemos que hay una resistencia al cambio por parte de la sociedad” y existe un “transodio muy fuerte”, que en el último tiempo se ha visto reforzado por el surgimiento de “movimientos que parece que quieren romper con lo que se ha logrado”.
Además, dijo que, pese a lo que establece la ley trans, esta población es la que más lucha “para llegar a fin de mes o ver si van a comer” y la que menos accede a “trabajos en blanco”. A su vez, afirmó que los cupos laborales adjudicados por la norma “no se respetan”, especialmente en localidades del interior. “Porque una cosa es tener ciertas regulaciones que permite la enormidad de Montevideo, pero luego, cuando vas a los lugares más pequeños, donde ya es todo más difícil e informal, y no hay control, es muy difícil y es algo por lo que estamos luchando los colectivos en el interior todo el tiempo”, señaló la integrante de Unión Rochense LGBT+. “La lucha del activismo por nuestras compañeras y compañeros trans está muy complicada; nuestro país tiene un debe con esta población”, enfatizó.
Por su parte, Buquet consideró que un desafío principal tiene que ver con “entender las identidades”. “Me parece que con la ley trans se han dado grandes pasos para entender y aceptar también la existencia de las personas no binarias, y estamos en un buen camino, pero hay una violencia constante hacia cualquier persona que habite una identidad por fuera de la norma”, señaló. A su juicio, es fundamental seguir trabajando para “hacer cumplir” la ley trans, pero además “seguirla ampliando, seguir pensando en qué otros derechos quedan por fuera de esa ley y qué otras cuestiones hay que seguir trabajando”.
Cristaldo puso el acento en la “carencia” que hay en términos del acceso de las disidencias a la salud mental y a la salud en general. Sobre esto último, como ejemplo, dijo que en Artigas, la capital departamental, “no se ha podido hacer ninguna cirugía de reasignación de sexo, ni mastectomías” para personas trans.
Miranda además habló del “bullying, la violencia, la discriminación, las denuncias por acoso por identidad sexual en el ámbito laboral”, que según dijo “siguen siendo un tema que está lejos de estar resuelto, sobre todo en el sector privado”. Y mencionó los debes en materia de educación, no sólo en términos de acceso por parte de la comunidad LGBTI+ sino también en cuanto a la formación de docentes y profesionales en temáticas como orientación sexual, identidad de género y diversidad en general.
En tanto, Schenck alertó sobre el crecimiento de “algunos discursos ultraconservadores” con una “agenda de regresividad” que pone en “riesgo” la “consolidación de determinados avances”.
También quedan algunas barreras en lo que tiene que ver con lo estrictamente vinculado a la Ley de Matrimonio Igualitario. Schenck, por ejemplo, comentó que una de las personas presentes en la presentación del estudio sobre lesbianidades “mencionó cambios que sería importante hacer en lo que tiene que ver con cómo se reglamentan las paternidades y las maternidades, y cómo está pensado todavía desde una lógica binaria”.
Buquet, por su parte, contó que, en la libreta de matrimonio, su esposa aparece como “don”. La activista aseguró que es un tema que Ovejas Negras planteó hace un tiempo ante el Registro Civil y que la respuesta fue que “ya habían impreso muchas libretas y no podían no utilizarlas”. “Es una hoja impresa, no es un material que tuvo alguna edición ni nada por el estilo, es algo que en la computadora podían modificar, entonces eso demuestra una despreocupación al respecto”, cuestionó la activista, y dijo que son “pequeñeces”, pero que “siguen” al día de hoy y “simbólicamente también duelen”.