LGBTI+

El reconocimiento, realizado en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTI+, fue para Diana Mines, Karina Pankievich y Fernando Frontán, por “convertir su lucha en bandera de libertad”.

La decisión contribuye a “mejorar el acceso a los servicios de salud de personas que encuentran muchas barreras”, pero también la calidad de atención, porque “no hay una salud de calidad si no tiene una perspectiva de derechos humanos”, aseguró el docente referente de la nueva materia, Daniel Márquez.

Con el convencimiento de que las coyunturas políticas nunca son favorables, en Argentina un grupo de personas travestis y trans redactó un proyecto legislativo que le exige al Estado una reparación económica y simbólica por la persecución, la violencia institucional y las privaciones de libertad causadas al colectivo en tiempos de dictaduras y democracia.

La activista integra el Colectivo Diverso Las Piedras, que en el marco del mes de la memoria organiza este viernes la actividad “Vivir presa en épocas de dictadura: 20 historias trans”.

Las agrupaciones marcharon desde la plaza Libertad hasta la Intendencia de Montevideo; “cada vez que matan a una de nosotras, tomamos las calles todas/es”, afirmaron

Organizaciones de distintos puntos del país lanzaron una convocatoria conjunta para movilizarse este miércoles, a partir de las 18.30, en el Centro de Montevideo.

El fallo, que fue repudiado por colectivos LGBTI+, es en respuesta a una demanda que presentó la organización For Women Scotland contra el gobierno escocés en 2018 y tiene en el centro de la discusión la interpretación que se le da a la Ley de Igualdad británica

Incumpliendo leyes nacionales, el gobierno libertario dejó en manos de las provincias el financiamiento destinado a garantizar el acceso a derechos vinculados con la identidad de género, la salud sexual y la asistencia integral a personas que viven con VIH, entre otras; una encuesta recién publicada reveló los matices que la sociedad argentina tiene con relación a estos temas.

El colectivo Dos Mamás denunció casos en los que el personal de salud colocaba la información de la madre no gestante en la categoría “padre” o directamente se “negaba” a incluirla, lo que es “discriminatorio” y “no permite el acceso a derechos”.