Mariana Fernández Camacho

Esta semana se realizó en el Senado argentino un conversatorio con referentes de derechos humanos, feministas, académicas y funcionarias para contraargumentar en el debate que inició el gobierno, sin datos, al presentar un proyecto de ley para endurecer penas por denunciar violencia y abuso sexual.

Festejada desde la tribuna oficial, la nueva Ley de Modernización Laboral presagia un panorama de mayores desigualdades y brechas para las trabajadoras formales

La consigna “Acá no sobra nadie: ninguna vida es descartable” reunió los reclamos de organizaciones sociales, políticas, sindicales, de derechos humanos y de “sueltas y sueltos” que el sábado marcharon de punta a punta del país contra la crueldad y el odio hacia “lo otro” que La Libertad Avanza insiste en reivindicar en sus políticas de Estado

Durante un año, las investigadoras Carolina Spataro y Melina Vázquez estudiaron a grupos de mujeres de diferentes generaciones que votaron a Milei y que se organizan y militan para tener un lugar en el liberalismo; a partir de la reciente publicación del libro Sin padre, sin marido y sin Estado. Feministas de las nuevas derechas, las autoras comparten reflexiones sobre el rol de las mujeres en la política, la construcción de agendas propias y la representación del feminismo, entre otros ejes tan incómodos como necesarios.

la diaria conversó con Soledad Deza, la abogada que en 2016 logró la liberación y absolución de una joven condenada a ocho años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo, y cuyo caso inspiró la trama narrativa de la película, que estará disponible en Prime Video desde el 14 de noviembre.

Con el convencimiento de que las coyunturas políticas nunca son favorables, en Argentina un grupo de personas travestis y trans redactó un proyecto legislativo que le exige al Estado una reparación económica y simbólica por la persecución, la violencia institucional y las privaciones de libertad causadas al colectivo en tiempos de dictaduras y democracia.

Incumpliendo leyes nacionales, el gobierno libertario dejó en manos de las provincias el financiamiento destinado a garantizar el acceso a derechos vinculados con la identidad de género, la salud sexual y la asistencia integral a personas que viven con VIH, entre otras; una encuesta recién publicada reveló los matices que la sociedad argentina tiene con relación a estos temas.