Pese a las advertencias que hicieron organismos internacionales, organizaciones sociales y personas expertas en infancias durante los últimos dos años, la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del 20 de abril el proyecto de ley de tenencia compartida. En el debate parlamentario, que duró más de 18 horas, la mayoría de quienes expusieron a favor de la iniciativa hicieron énfasis en la necesidad de la herramienta legislativa para resolver la obstrucción de los vínculos parentales, uno de los principales argumentos de los grupos impulsores del proyecto, que en general atribuyen la responsabilidad a la madre.
Es en este escenario que en algunos de los discursos se hizo referencia al “síndrome de alienación parental” (SAP), una teoría pseudocientífica acuñada por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner en 1985, que en líneas generales plantea que, cuando una pareja se separa y hay un proceso judicial por la custodia de los hijos, las madres manipulan a las niñas y los niños para que estén en contra de los padres. Se trata de un concepto que, pese a su popularización, no se basa en ningún tipo de evidencia y no ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Psicología, ni otras sociedades científicas.
Incluso, el año pasado, y ante la extensión de su uso en procesos judiciales, organismos como Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos denunciaron su utilización “ilegítima” en contra de las mujeres e instaron a los estados que ratificaron la Convención de Belém do Pará –una lista que incluye a Uruguay– a “explícitamente prohibir, durante dichos procesos judiciales, evidencia que busque desacreditar un testimonio con base en el síndrome de alienación parental”.
Lo que plantea la teoría de Gardner es que “existe un trastorno que pueden sufrir muchos niños, en el que son alienados por un progenitor para que rechace al otro”, explicó a la diaria Andrea Tuana, trabajadora social, magíster en Políticas Públicas de Igualdad y directora de la asociación civil El Paso. Según argumentaba Gardner, ese “trastorno”, que puede originarse por distintos motivos, desde “un divorcio conflictivo al despecho”, “lo que hace es que ese niño termine o bien creyendo cosas que nunca sucedieron o ser inducido a mentir, por ejemplo, que ha sufrido abusos sexuales o situaciones de violencia”, detalló Tuana.
Desde que se dio a conocer el contenido del proyecto de tenencia compartida, fueron muchos los organismos internacionales, organizaciones sociales y personas expertas que alertaron sobre las disposiciones del texto que vulneran los derechos de las infancias y adolescencias, así como sobre el uso del SAP en la base de los argumentos a favor. Sin embargo, durante la discusión previa a la votación de la ley, varias legisladoras y legisladores hicieron alusión al falso “síndrome”, ya sea de forma explícita –hablando de “alienación”– o a nivel conceptual –por ejemplo, en términos de “manipulación emocional”–.
El SAP en el debate parlamentario
El primero en plantearlo fue el diputado Diego Echeverría, del Partido Nacional (PN). Durante su primera intervención, el legislador dijo que uno de los cometidos de la ley es “evitar que denuncias falsas o motivadas por conflictos de adultos puedan causar una alienación parental, muchas veces irreparable”. Y prosiguió: “Porque hay rupturas de vínculos, y bastaba escuchar en muchísimas instancias que hemos tenido con personas afectadas por estas situaciones, esos vínculos de padres, madres o abuelos… Porque tampoco hay que caer en el prejuicio de que solamente hay padres que sufren desarraigo, también hay madres que sufren desarraigo y alienación parental”.
Por su parte, el también diputado nacionalista Javier Radiccioni habló de niños “alienados”. “Estamos defendiendo los derechos de niños. Niños que terminan muchas veces siendo alienados por un relato que se continúa en el tiempo y que va generando un odio, un rechazo contra el varón, en este caso, el padre, un daño psicológico enorme que después lo va a llevar adelante toda su vida, y tenemos el deber y la obligación de hacer que esto no suceda”, manifestó en su segunda intervención.
En el caso de Alexandra Inzaurralde, diputada del PN que ofició de miembro informante por la coalición de gobierno durante el debate, dijo que “en el elenco de derechos humanos fundamentales del niño, obviamente tenemos la vida y la integridad física, pero también el ejercicio de su libertad, de poder decidir, de poder expresar, sin condicionamientos, y sin que exista ningún esbozo de manipulación de su voluntad”.
En tanto, la diputada Inés Monzillo, de Cabildo Abierto, señaló: “El juez deberá resolver la situación del niño velando por su bienestar y defendiendo sus derechos, escuchando al defensor del niño, a ambos progenitores, y, si la edad del niño lo permite, se debe considerar la opinión expresada por el menor y el resultado de los informes periciales que se haya ordenado practicar, para de esta forma asegurarse que es su pensar y no la repetición de lo que un adulto quiere o lo convenció que quiere. Sabemos bien que la manipulación emocional sobre el niño también está demostrada”.
Un nuevo “backlash”
Tuana recordó que, aunque el SAP no tiene bases científicas, “esta falsa teoría fue utilizada por abogados defensores de abusadores sexuales y de violentos en distintos países del mundo, empezó a correr como reguero de pólvora y a ser utilizado por la defensa, porque viene como anillo al dedo, ya que no tenés que probar nada; es decir que el niño está alienado y listo”.
En esa línea, dijo que se suele utilizar ligado a las supuestas “denuncias falsas” –como planteó Echeverría– y con el argumento de que “gracias al avance y a las leyes, como por ejemplo la 19.580 [de violencia basada en género], las mujeres están haciendo abuso de las herramientas [...], entonces se empieza a utilizar el SAP para mostrar que, en realidad, la gran mayoría de las denuncias son falsas, que las mujeres manipulan a las niñas y niños, los hacen inventar abusos y malos tratos, y que, por lo tanto, hay muchos padres que están injustamente separados de sus hijas e hijos”. De hecho, en un tramo de su exposición, Radiccioni dijo: “Acá se abusó, por parte del Frente Amplio, de una ley de violencia de género para permitir el abuso, mediante denuncias infundadas muchas veces, para que se impidiera que los padres pudieran ver a sus hijos”.
La especialista señaló que “muchas cosas que se dijeron en la discusión parlamentaria sobre el proyecto de tenencia compartida son muy preocupantes”. Mencionó en particular una referencia que hizo Inzaurralde respecto de que la ley marcaría un “cambio de paradigma”. “Se ha trabajado mucho en la mujer y estamos de acuerdo. Pero esto es un cambio de paradigma” –dijo específicamente la legisladora–; “aun por encima de la mujer siempre va a estar el niño. Y [este cambio de paradigma] requiere cierto coraje, valentía, y también sacarnos la mordaza invisible que es siempre estar del lado de lo políticamente correcto”.
Para Tuana, hablar de un “‘cambio de paradigma’, en donde ya no esté la mujer en el centro sino el niño, cuando se está tocando el Código de la Niñez y la Adolescencia”, significa que “entonces el paradigma que ellos quieren cambiar es el del niño como sujeto de derechos y la protección especial que merece ese niño”. La trabajadora social apuntó que, en ese sentido, “parte de quienes estaban en la legislatura esa noche quieren instalar un nuevo backlash de retroceso en los derechos conquistados”.
“Inconstitucional” y “antiderechos”
La mención explícita al SAP para argumentar a favor de la ley de tenencia compartida también fue vista como “muy preocupante” por Ana Lima, abogada experta en derechos de las mujeres, exjueza y actual coordinadora del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem). En diálogo con la diaria, la experta recordó que cuando el Cladem compareció ante la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración del Senado, señaló “explícitamente” que con el proyecto “se introducía conceptualmente el falso SAP, porque traía una descalificación de las palabras de los niños y una exigencia de que su opinión fuera vertida de forma libre, sin influencias y de manera autónoma”.
“Aprobar este proyecto es, en definitiva, introducir el SAP, que no existe, y es cerrarles a los jueces la posibilidad de estudiar caso a caso y cada contexto, como es obligación”, enfatizó, y agregó que, así, “el país ingresa a violar toda la normativa internacional que firmó”, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que “ha sido muy firme en recomendar a los países que no lo incluyan en la legislación”.
Por otra parte, destacó que en los discursos durante el debate “aparecieron los estereotipos que se vinculan con el falso SAP, como sostener que una mujer celosa porque su esposo la dejó, le inventa una denuncia. Esa concepción de la mujer loca, mentirosa y obstaculizadora del vínculo es muy grave, porque responde a una concepción de familia patriarcal, heteronormativa y totalmente adultocéntrica que le importa muy poco lo que les pasa a los niños”.
Según Lima, lo que se hace al aprobar la ley de tenencia compartida es “respaldar, a través de legislación, un discurso que en Uruguay lo vienen sosteniendo distintos grupos antiderechos –como ‘Todo por nuestros hijos’, ‘Stop abuso’ o ‘Con mis hijos no te metas’–, que han introducido un relato absolutamente falso sobre denuncias falsas”, además de concebir a las niñas y niños como “objetos”. “Lo que quedó claro en las exposiciones fue que el propósito que tienen es derribar el avance de derechos y la vida libre de violencia para mujeres y niños. Por eso, para mí, esta ley es inconstitucional y no pasa el principio de convencionalidad de todas las convenciones que hemos firmado, porque en definitiva es privarlos de una vida libre de violencia”, apuntó.
Al igual que Tuana, la abogada también cuestionó la afirmación de que hay “un ‘nuevo paradigma’, que los niños están por encima de las mujeres y que ya se ha avanzado mucho en los derechos de las mujeres”, en referencia a las palabras de la diputada Inzaurralde. “Esto es de un retroceso francamente terrible, porque pretender mantener el vínculo de las niñas y niños con madres o padres abusadores y violentos de cualquier manera es una violación a los derechos de los gurises y, además, es una muestra del desconocimiento absoluto de cómo operan las dinámicas dentro de las familias y cómo operan las dinámicas de poder y violencia”, puntualizó Lima. Y agregó: “Si fuera cierto que los niños son más importantes que las mujeres, no hay ninguna duda que el derecho del niño es preeminente, pero eso está en la Convención de Derechos del Niño desde hace tiempo, así que es falso sostener que hay que sacrificar uno por el otro. Es desconocer cómo opera la violencia”.
La especialista se preguntó “cómo es posible que nuestro Parlamento le haya dado la espalda a los datos que nos da el Sipiav [Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia] sobre violencia sexual, por ejemplo, nos invente que hay denuncias falsas, y encima reconozca que faltan recursos y capacitaciones”. A su vez, recordó que hoy en día las juezas y jueces “ya ordenan pericias para saber si la opinión de la niña o el niño es expresada libremente, esto está instalado en la práctica”.
Los datos actualizados del Sipiav presentados la semana pasada, en el marco del Día Internacional Contra el Maltrato y el Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, revelan que en 2022 se registraron 7.473 situaciones de violencia, 6% más que en 2021. El informe muestra que, en 40% de los casos, la principal persona agresora es el padre.