“Nos creímos que sólo con tener leyes alcanza”, dijo la activista feminista Lilián Abracinskas durante la presentación de la investigación titulada “Derechos sexuales y reproductivos. Una mirada al sistema de justicia uruguayo”, que tuvo lugar este lunes en la sala Maggiolo del Paraninfo de la Universidad de la República (Udelar). Según explicó, el trabajo, en el que participó junto con las abogadas Marcela Dabbadie y Marina Morelli, impulsado por la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), demuestra que hay casos en los que no basta con redactar normas.
El proyecto, cuyo objetivo fue “explorar las capacidades y oportunidades de litigio estratégico en materia de derechos sexuales y reproductivos” en el país, surgió en la pandemia y finalizó en 2022. Desde entonces, sus autoras buscaron “el momento oportuno” para realizar la publicación, porque sabían que se trataba de “un tema sensible”, contó Abracinskas. En tiempos en los que se observa una “persecución de mujeres” en asuntos relacionados al campo de la salud sexual y reproductiva, “mapear un sistema que conocíamos muy poco” fue un “trabajo complejo y complicado”, expresó la activista.
Aunque “Uruguay ha sido en la región quien más se preocupó por avanzar en un campo de los derechos humanos que sigue siendo de disputa” por parte de poderes religiosos, médicos, políticos y estatales, “ha sido realmente difícil que la ley se concrete en la realidad de las personas”, sentenció Abracinskas. Luego de ver “avances, obstáculos y vacíos” en la implementación de las políticas públicas, la investigadora destacó la importancia de reconocer que es necesario contar con “presupuesto, planificación y preparación de personal e instituciones” para que la legislación se aplique con solidez.
En ese sentido, Abracinskas apuntó a la Udelar y consideró que aún existe un “delay” en materia de formación profesional. Minutos más tarde, su rector, Rodrigo Arim, quien también participó en la presentación, le contestó que asumía la existencia de “problemas de implementación e incorporación”, tras plantear que la universidad “no puede ser solamente un ámbito en el que se genera conocimiento puertas adentro”, sino que debe dialogar con otros espacios de la sociedad. “No es el mero discurso académico el que va a consolidar el avance necesario, sino el movimiento social”, subrayó.
En “alerta”
“Cuánto sabe el sistema de justicia de derechos sexuales y reproductivos”, “cómo lo trabaja” y “dónde está su capacitación” fueron algunos de los cuestionamientos que motivaron la realización del informe. De acuerdo con lo compartido por sus autoras, la propuesta buscó identificar a los actores, los institutos jurídicos y las herramientas procesales utilizadas en los procesos vinculados a la materia. Sin embargo, entre la poca información –y la falta de facilidades para acceder a ella– y las características de lo encontrado, los resultados fueron “preocupantes”, resaltó Abracinskas.
En primer lugar, pese a que “toda la ciudadanía debería conocer su trayectoria y su formación”, no fue posible obtener los currículum vitae de los 50 magistrados seleccionados como muestra. Lo que sí pudo observarse es que el Judicial “es uno de los poderes más feminizados”, pero “la segregación de las mujeres de los lugares de poder es clarísima”, pues “no están en los lugares más altos o los que se entienden como más elaborados”, dijo la investigadora.
Por otra parte, Dabbadie se refirió a las técnicas de acceso a la información utilizadas y contó que se implementaron cuestionarios y datos recabados en sitios web oficiales, noticias, blogs, redes sociales y sentencias. A partir de ellos fueron analizados aspectos como la religiosidad, la trayectoria, la filiación ideológica y las participaciones públicas de los jueces y las juezas.
Ante el descubrimiento de que ocho de los magistrados mapeados tienen “cercanía o pertenencia con la Iglesia Católica”, Morelli planteó una “alerta”, pues la “existencia de posibles sesgos religiosos viola de una manera escandalosa la imparcialidad en su dimensión objetiva”.
También se detuvo en la participación de los profesionales en espacios de discusión con la academia y mencionó que si bien en el ambiente “existe una apertura al intercambio”, sólo se manifiesta cuando se trata de actividades organizadas por el Poder Judicial, el gobierno y sus colegas. Es “una debilidad muy importante” la “negativa” que existe de su parte “a intercambiar horizontalmente y acudir a las actividades que organiza la sociedad civil, especialmente los movimientos de mujeres y feministas”, señaló la abogada. Frente a lo evaluado, el propósito de lo presentado es “llamar a la reflexión” y ser “una herramienta muy útil para encarar el litigio estratégico” en este campo, subrayó.