Hay una serie de prioridades y urgencias que deberían marcar los primeros pasos del gobierno que asuma en marzo de 2025. En lo que tiene que ver con las mujeres, parecen amontonarse en torno a tres áreas: la violencia de género, las barreras que enfrentan para la autonomía y el empoderamiento económico, y –muy ligado a esto último– las múltiples brechas que genera la desigual distribución de las tareas de cuidados.
A modo de recordatorio: los datos más recientes, que son de 2023, revelan que en Uruguay hay un promedio de 118 denuncias de violencia de género por día; se mata o se intenta matar a una mujer por razones de género cada diez; mientras que el Ministerio del Interior recibe a diario alrededor de nueve denuncias de delitos sexuales. A esto se suman algunos fenómenos que irrumpieron en los últimos años, como el incremento de los infanticidios por violencia vicaria o el registro de formas cada vez más cruentas de ejercer la violencia hacia las mujeres.
En paralelo, sabemos que las uruguayas dedican 14 horas semanales más al trabajo no remunerado que los uruguayos –así lo reveló la última Encuesta Nacional de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado (2022)–, lo que impacta en sus trayectorias educativas, laborales y académicas. También sabemos que la tasa de actividad es más baja para las mujeres que para los varones (55,8% contra 72,4%, según un informe del Instituto Nacional de Estadística –INE– de noviembre de 2023), que lo mismo pasa con la tasa de empleo (50,4% para ellas, 67,2% para ellos) y que el desempleo femenino (9,6%) es más alto que el masculino (7,2%). Otros indicadores, como la brecha salarial, los índices de informalidad y la segregación, van en la misma línea y reafirman la posición de desventaja de las mujeres en el terreno laboral.
En este escenario, y con la asunción de un nuevo gobierno en el horizonte, la diaria conversó con especialistas en violencia de género y con una economista experta en empoderamiento económico y cuidados, para plantearles una pregunta concreta: ¿qué medidas debería priorizar la próxima administración para mejorar la situación de las mujeres en estos ámbitos? Es un buen momento para empezar a tomar nota.
Ley de violencia de género: un buen mapa de ruta que precisa presupuesto
Las dos especialistas en violencia de género, que fueron consultadas por separado, coincidieron en que Uruguay ya tiene un mapa de ruta para atender esta problemática: la Ley 19.580, aprobada a fines de 2017. El problema, dicen, es que no ha habido hasta ahora “voluntad política” –ni de este gobierno, ni del anterior– para asignar los recursos que necesita su implementación total.
“No se me ocurre qué cosa mejor podemos hacer sobre violencia de género que cumplir la ley, porque es una hoja de ruta completa”, asegura Teresa Herrera, socióloga, integrante de la Red contra la Violencia Doméstica y Sexual, actual coordinadora de la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad Claeh y, hasta hace unos meses, representante de Uruguay ante el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Mesecvi).
Para Andrea Tuana, trabajadora social, magíster en Políticas Públicas de Igualdad y directora de la asociación civil El Paso, el próximo gobierno debería “tener la voluntad política de priorizar el presupuesto” para implementar la ley “en toda su extensión”, aunque aseguró que hay tres puntos que “no pueden esperar”: el “rediseño” de la respuesta del sistema judicial a las víctimas; el fortalecimiento de los servicios; y la transversalización efectiva del tema en la educación.
Ese “rediseño” de la respuesta judicial no implica sólo crear los tan reclamados juzgados especializados, sino también que haya jueces que se capaciten de forma continua en la materia. A su vez, requiere defensorías públicas especializadas, “independientes” del juez de turno, con abogadas y abogados suficientes para poder abarcar toda la demanda, algo que hoy no sucede.
Respecto de los servicios, Tuana considera que hay que formar y capacitar a todo el funcionariado que trabaja en “puertas de entrada”, tanto en la salud como en las seccionales policiales, la Fiscalía y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
En la salud, en particular, afirma que un nuevo gobierno “debería generar compromisos y obligaciones para que quienes estén en el Sistema Nacional Integrado de Salud puedan dar una respuesta adecuada, y eso significa tener equipos técnicos con formación en las puertas de emergencia, en las policlínicas, que puedan hacer esa primera recepción, valoración de riesgo y pedido de medidas de protección”.
Capítulo aparte merecen los servicios de atención a mujeres en situación de violencia del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que “tienen que fortalecerse muchísimo más en cuanto a aumentar recursos” para, entre otras cosas, “poder llegar al medio rural, a las poblaciones más chicas, a las mujeres que no están en las capitales departamentales”.
Además, sugiere “triplicar” el alcance de las Comuna Mujer que gestiona la Intendencia de Montevideo, porque “son servicios que llegan a la gente, que están cercanos al barrio y que hacen la diferencia para las mujeres que están en una situación de violencia”, por lo que ampliar la cobertura podría derivar en que “lleguen a otros lugares de los barrios que están más aislados”.
En materia educativa, aboga por incorporar en la currícula “la educación sexual integral, la educación en derechos humanos y la educación para la igualdad”, todas cuestiones que aparecen en la ley. “Si el próximo gobierno realmente se compromete con esto, puede generar un cambio importante para los próximos diez años, porque ahí trabajaríamos en la prevención”, plantea la especialista.
Herrera agrega que esto es algo que no implica “poner tantos recursos, sino que simplemente falta voluntad política”. Aclara que no se refiere sólo a la educación primaria y secundaria, sino que, a nivel terciario, hay que “dejarse de jugar a la escondida y que en las universidades se enseñe de forma sistemática sobre la violencia de género”.
Otras medidas contra las violencias
Las expertas apuntaron otras urgencias en violencia de género que van más allá de la implementación cabal de la ley. En principio, hubo consenso en que Uruguay tiene que declarar la emergencia nacional frente a este problema.
Para Herrera, esa declaración debería implicar la toma de “medidas extraordinarias”, como impulsar una “gran campaña nacional de sensibilización y concientización sobre el tema”, mandatar para que se introduzca la temática en los centros educativos, e incluso “pensar en tener algún tipo de institucionalidad diferente”, como una especie de “comisionada parlamentaria” sobre violencia de género.
Desde la perspectiva de Tuana, también debería incluirse la creación de un “comité de alta incidencia”, que funcione como “consejo asesor” y que esté integrado por especialistas de distintos ámbitos de la academia y representantes de la sociedad civil. “Algo parecido a lo que se hizo con el GACH [Grupo Asesor Científico Honorario] en la pandemia”, ejemplifica.
La directora de El Paso mencionó otras medidas que deberían adoptarse más allá de la emergencia, como crear más servicios de atención a varones que ejercen violencia; incorporar la violencia vicaria en la legislación nacional; y fortalecer el abordaje de los embarazos infantiles forzados producto de abuso sexual y de los casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.
Además, considera que se debería derogar la ley de tenencia compartida y que en el próximo período legislativo se tendría que aprobar el proyecto que plantea la imprescriptibilidad de los delitos sexuales.
Lejos de la corresponsabilidad en los cuidados
El abordaje de los cuidados es una prioridad en tanto las desigualdades producto de la división sexual de estas tareas profundiza las brechas de género.
Uruguay marcó un hito cuando en 2015 se convirtió en uno de los primeros países de América Latina en contar con un Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), con el objetivo de “generar un modelo corresponsable de cuidados entre familias, Estado, comunidad y mercado; y especialmente entre varones y mujeres”, como dice el plan nacional 2016-2020. Sin embargo, nueve años después, todavía queda un largo camino por recorrer para llegar a ese objetivo fundacional.
La economista Soledad Salvador, que es investigadora del Área Desarrollo y Género del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo y se especializa en temas como economía del cuidado y empoderamiento económico de las mujeres, espera que el gobierno que asuma en marzo pueda “potenciar” el SNIC para avanzar hacia la universalización de los cuidados, como establece la ley. Para eso, “lo que falta es tener garantizado el financiamiento”, dice a la diaria. “Hoy por hoy, no hay muchas chances de hacer más eficiente el uso de recursos, porque lo que se está haciendo de cuidado es mínimo. Para el sistema es mucho, porque no había nada, pero si mirás los datos de las personas que podrían estar necesitando el sistema, las coberturas son muy bajas”, agrega.
Salvador evalúa que durante la actual administración “lo que se hizo fue ajustar algunas cosas” que venían del período anterior, pero los avances han sido pocos.
No colaboraron algunas trabas institucionales, aclara, como el hecho de que, al principio de este período, “hubo dos secretarios de cuidados que en dos años no pudieron avanzar”. Respecto de cómo pudo impactar la fusión que hizo este gobierno de la Secretaría Nacional de Cuidados con el Programa Nacional de Discapacidad, criticada en su momento por la sociedad civil, asegura que “no tiene clara la evaluación”. “En principio” –agrega– “lo que diría es que la Secretaría de Cuidados sí perdió cierta relevancia en términos de ver al sistema de forma intersectorial”.
Además de fortalecer el SNIC, la economista plantea otras políticas de corresponsabilidad que podrían adoptarse o reforzarse tanto mediante la negociación colectiva como con disposiciones del Estado. “Hay que avanzar en medidas más generales en términos de cómo resolver, por ejemplo, los cuidados cuando los hijos están enfermos, cuando el horario laboral abarca una extensión mayor a la que tienen los servicios de cuidado o son horarios rotativos, o la persona tiene que adaptarse”, plantea. En su opinión, las empresas tienen que partir de la base de “reconocer que todas las personas tenemos responsabilidades de cuidado y que, por lo tanto, cómo se organiza el trabajo tiene que estar adecuado a cómo se pueden resolver los cuidados”.
Entre las políticas que ya existen, destaca el subsidio de medio horario para el cuidado de recién nacidos, aunque advierte que tiene limitaciones en los casos en que los hombres no lo usan “por estereotipos vinculados a lo cultural” o cuando “te dicen que no hay disposición desde la empresa a que se haga uso de eso” y la persona no lo denuncia para evitar “poner en riesgo su trabajo”.
La experta asegura que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) tiene “mucho por hacer” para visibilizar “los beneficios que tiene el ser más corresponsable en términos de cuidado y cómo a las empresas que lo hacen les va mejor o les va bien; es decir, no es algo que siempre tenga un costo para la empresa, sino que muchas veces después reditúa en mayor productividad”.
Por lo general, “la sensibilización y la concientización sobre el tema están”, resume Salvador; “lo que ha faltado es una apuesta más decidida desde el Estado” al entender “que vale la pena financiar estos cuidados”.
Más y mejor para promover la autonomía económica
Después de haber hecho varias investigaciones sobre el tema, muchas como consultora de ONU Mujeres, Salvador asegura que para allanar el camino hacia la autonomía económica de las mujeres no se trata sólo de brindarles una oportunidad laboral, sino que “primero hay que reforzar sus capacidades” para que puedan acceder a empleos de calidad y para que, además, “les reditúe el compensar las responsabilidades del cuidado que generalmente tienen que asumir”.
La académica considera que los programas de empleabilidad que existen son efectivos, aunque cree que habría que agregarles un “acompañamiento psicosocial”, ya que las evaluaciones de los últimos años muestran que uno de los principales obstáculos para las mujeres ha sido poder sostener esos empleos. “No es sólo generar la oportunidad laboral, sino también pensar un acompañamiento en esa inserción, porque a veces las mujeres tienen tantas cuestiones que pueden complicar” ese trayecto laboral, que “por más que tengan la oportunidad, en el camino decae”.
También valora como positivas las becas de inclusión socioeducativa que brindan servicios de cuidado y educación a niñas y niños de cero a dos años, si bien cree que es necesario ampliar la cobertura, porque “por más que es mucho para el Estado, es poco en relación con la cantidad de mujeres que hoy podrían estar precisando alguna solución de ese tipo”.
La economista dice que la mayor informalidad en las mujeres está “atada” a la corresponsabilidad de los cuidados, ya que se mantienen en puestos más informales, que suelen ser más flexibles, “por no tener soluciones de cuidado”. En tanto, la segregación laboral tiene que ver con “cuestiones más de estereotipos”, por lo que una tarea pendiente para el futuro MTSS es “hacer un trabajo mucho más orientado al cambio cultural”.