“Ley sobre tutela del trabajo sexual” es el nombre formal del proyecto que presentaron el jueves pasado los diputados María Eugenia Roselló (Partido Colorado), Pedro Jisdonian (Partido Nacional) y Martín Sodano (Cabildo Abierto) a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, y que apunta a derogar la Ley 17.515 (de 2002) para crear una nueva que “refuerce” la protección a las personas que ejercen este trabajo, según se lee en la exposición de motivos.
Entre las principales novedades está la eliminación del Registro Nacional de Trabajo Sexual, que hoy funciona en la órbita del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Ministerio del Interior (MI), ya que “actualmente no aporta datos de interés y significa una importante fuente de discriminación hacia este colectivo de trabajadores y trabajadores”, explicita el texto.
La propuesta también descarta el Carné de Trabajo Sexual para transformarlo en la Libreta de Control Sanitario, que deberá ser expedida por el MSP para los prestadores de salud por una vigencia de seis meses, “con el fin de orientar la atención hacia la salud integral de las trabajadoras y trabajadores sexuales, y no sólo los aspectos relativos a la profilaxis en materia sexual y reproductiva”.
Otra de las modificaciones tiene que ver con la integración de la Comisión Nacional Honoraria de Protección al Trabajo Sexual, que seguiría siendo presidida por el MSP, como en la actualidad, pero con la novedad de que se incorporaría el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), “a fin de facilitar el apoyo a las trabajadoras con sus múltiples programas”.
A su vez, elimina el capítulo que establece infracciones, multas y penas alternativas, porque “nunca fue aplicado en los años de vigencia de la ley y resulta redundante en tanto los organismos fiscalizadores ya poseen sus propias escalas de multas en el ámbito de su competencia”, plantea el proyecto.
Por otro lado, agrega dos capítulos. Un primero sobre “condiciones de trabajo” que “refuerza las competencias de fiscalización de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social en materia de condiciones de trabajo” y establece que el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), ofrecerá a trabajadoras y trabajadores sexuales “cursos que consideren las particularidades de su horario de trabajo, y resulten adecuados y pertinentes para promover su reinserción en el mercado de trabajo”. El segundo capítulo es sobre seguridad social, que propone que quienes ejerzan sexual “podrán optar por el régimen de monotributo establecido por la Ley 18.083 o el Monotributo Social Mides”.
“Las y los trabajadores sexuales integran un colectivo que presenta una vulnerabilidad extrema desde varios puntos de vista, y desde ese lugar nos quisimos parar y ver cómo hacer para incorporar disposiciones que vayan en el sentido de crecer en derechos, garantías y tutelar, aumentar y fortalecer la protección ya existente”, explicó Roselló a la diaria.
Pedro Jisdonian y María Eugenia Roselló.
Foto: Mara Quintero
Una “propuesta alternativa” a la del FA
La iniciativa se suma a otra que la comisión tiene a estudio sobre el mismo tema, presentada por la bancada del Frente Amplio (FA), que no busca derogar toda la ley de trabajo sexual sino modificar 13 de sus 35 artículos, y que se redactó tomando en cuenta una propuesta que impulsó la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras) en 2018. El proyecto ingresó a la comisión a fines de 2021, y en 2022 comparecieron nueve delegaciones para aportar sus comentarios, incluidas representantes de Otras y de los ministerios involucrados. Sin embargo, sus impulsoras advirtieron en diciembre que el debate quedó paralizado durante 2023.
Roselló consideró que “no está trancado” y celebró que, de hecho, la discusión sobre el proyecto del FA los “empujó e impulsó” a ella y a Jisdonian a trabajar en esta “propuesta alternativa”, junto con las autoridades del MSP y el MTSS, que finalmente fueron las que redactaron el texto. “Como coalición nos vimos motivados a presentar un proyecto propio y ponerlo a consideración para que se vote uno u otro”, puntualizó la diputada colorada, y dijo que “aspira” a que sea este el que se apruebe porque, a su entender, “reúne todo lo que tiene que tener para darles mayores garantías a estas trabajadoras”. Al mismo tiempo, aseguró que “se sobreentiende” que “es el que va a tener los votos mayoritarios y es el que se va a votar en el plenario”, porque hay mayoría oficialista en la comisión, además de que es un proyecto representado por legisladores del Partido Nacional y el Partido Colorado con el respaldo de un diputado de Cabildo Abierto.
Consultada sobre si mantuvieron contacto con las integrantes de Otras para comentarles sobre esta nueva iniciativa, Roselló respondió: “El proyecto de ley fue hecho con base en los pedidos y los reclamos de ellas, se trabajó con estos colectivos, las recibimos en la comisión, y las autoridades del MTSS y el MSP, que fueron quienes redactaron el proyecto, estuvieron dialogando con ellas permanentemente”. “Lo que vamos a hacer es reunirnos con el colectivo Otras, que fue el que ha venido a denunciar estas situaciones, y vamos a presentarles el proyecto para que tengan conocimiento del mismo, pero fue hecho sobre la base de los planteos que nos hicieron ellas, así que yo supongo que no van a tener reparos”, puntualizó.
Sin embargo, referentes de las trabajadoras sexuales consultadas por la diaria cuestionaron que el texto no tuvo en cuenta “muchas de sus reivindicaciones” y, en algunos puntos, es “igual” a lo que dispone la ley que está vigente desde hace más de dos décadas. “Nos resulta muy doloroso que crean que por lecturas de versiones taquigráficas están realmente contribuyendo con nosotras, cuando en realidad lo importante es hablar con nosotras. Lo real es lo que pasa por nuestro cuerpo, no lo que leen en las versiones taquigráficas”, dijeron representantes de Otras, del Grupo Visión Nocturna (que apoya la reorientación laboral de las trabajadoras sexuales) y de Mas.Tras (colectivo de varones trabajadores sexuales).
“Presentan algo para lo cual no nos invitaron a ser parte, no se tuvieron en cuenta muchas de nuestras reivindicaciones, no nos consultaron, ni siquiera fueron capaces de pedir una reunión para preguntarnos antes de presentarlo, siendo la población sobre la que van a legislar”, criticó Karina Núñez, una de las fundadoras de Otras y hoy integrante del Grupo Visión Nocturna. La referente también cuestionó que “den por sentado” que las trabajadoras iban a estar de acuerdo “en que anulen un proyecto modificativo en el que nosotras estuvimos todo el tiempo, desde el minuto cero, haciendo aportes”, en referencia a la iniciativa impulsada por el FA.
Los cuestionamientos de las trabajadoras
“Siguen sin darle carácter vinculante a lo que las trabajadoras sexuales tienen para aportar”, resumió Núñez mientras leía uno por uno los artículos del nuevo proyecto con los que difieren. Una de las primeras críticas es que el trabajo sexual siga en la órbita del MSP y no del MTSS, uno de sus reclamos centrales en su objetivo de erradicar la perspectiva sanitarista de la ley actual y que la propuesta del FA sí recoge.
Al respecto, Roselló dijo que ellos coinciden en la necesidad de que el registro de las trabajadoras sexuales esté fuera de la esfera del MI –otra de las reivindicaciones de los colectivos–, pero “ya sacar el MSP desde el contralor de este tipo de trabajadoras, con todo lo que eso supone, no lo compartimos y por eso decimos mantenerlo”.
Núñez también cuestionó que el texto “habilita que el proxenetismo se llame trabajo de dependencia, es decir, que pueda ser regulado”, cuando en el artículo 28 establece las condiciones en las que “se presume que el trabajo sexual se presta en relación de dependencia”. “Ahí deberían poner ‘en relación de proxenetismo’”, insistió la referente.
A su vez, se refirió al artículo 32, que dispone que la Comisión Nacional Honoraria de Trabajo Sexual “tendrá el cometido de evaluar la situación de afiliación de las trabajadoras sexuales a la seguridad social y elaborará un informe en el que se recomiende al Poder Ejecutivo el diseño de políticas públicas que permitan a las personas que desarrollen trabajo sexual acceder a niveles de protección social suficientes a través de prestaciones de actividad y de pasividad”. “¿O sea que nos manda a perseguir? ¿Le da a la Comisión de Trabajo Sexual el rol de la caza de brujas institucional?”, se preguntó Núñez sobre la primera parte. Acerca de la segunda, dijo que “no dice nada de que se le recomendará al Poder Ejecutivo el diseño de una amnistía para que las que ya son mayores de 60 años puedan acceder a una jubilación”.
“Tenemos varios puntos en los que estamos de acuerdo y que nos parece que están bien, pero hay otros que nos parece que es más de lo mismo de la ley que ya está vigente y que queremos modificar”, apuntó Núñez.
El mismo jueves que se presentó el proyecto, los colectivos Otras, Grupo de Visión Nocturna y Mas.Tras activaron distintas estrategias para amplificar su malestar. Lo primero que hicieron fue enviar un correo electrónico solicitando ser recibidos por la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados. En paralelo, pidieron una “reunión urgente” de la Comisión Honoraria y convocaron a una rueda de prensa frente al edificio anexo del Palacio Legislativo.
“Estamos en contra de la forma en la que actuaron con respecto a nosotras. No nos tuvieron en cuenta para nada”, insistió otra vez Núñez, y sentenció: “Siguen utilizando material taquigráfico para legislar sobre vidas que laten”.
Foto: Mara Quintero
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