Representantes de la Organización de Trabajadoras Sexuales del Uruguay (Otras), el Grupo Visión Nocturna y el colectivo Mas.Tras (masculinidades en el trabajo sexual) fueron recibidas este martes por la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes para plantear sus inquietudes respecto del proyecto de ley “sobre tutela del trabajo sexual” presentado el 11 de julio. La iniciativa lleva la firma de los diputados María Eugenia Roselló (Partido Colorado), Pedro Jisdonian (Partido Nacional) y Martín Sodano (Cabildo Abierto), y propone derogar la Ley 17.515, aprobada en 2002, para crear una nueva que “refuerce” la protección a las personas que ejercen el trabajo sexual, según se lee en la exposición de motivos.
Una vez que conocieron el contenido del proyecto, las trabajadoras sexuales organizadas denunciaron públicamente no haber sido “tenidas en cuenta” en el proceso de elaboración, cuestionaron varias de sus disposiciones y solicitaron ser recibidas en la comisión para poder plantear su visión.
De todas formas, para adelantar trabajo antes de esa instancia formal, las integrantes de los colectivos se reunieron en los últimos días con Roselló y Jisdonian para entregarles un documento con algunas sugerencias de modificaciones.
La legisladora colorada dijo a la diaria que todas las propuestas de las trabajadoras sexuales fueron contempladas, “menos algunas que no se podían cambiar porque eran imposibles de aplicar jurídicamente o porque la Constitución no lo permite”, y que serán incluidas en el texto final que se someterá a votación en la comisión el próximo jueves. Roselló recordó que el proyecto tiene el apoyo de todos los representantes de la coalición en la comisión, que son mayoría, por lo que sería aprobada sin mayores problemas antes de pasar al plenario.
Las modificaciones que propusieron las trabajadoras
Los colectivos identificaron en el proyecto oficialista “muchas cosas que en realidad siguen vulnerando o estigmatizando a un montón de compañeras”, así como “espacios grises” que podían dar lugar a múltiples interpretaciones y que entonces sería mejor “explicitar”, explicó Damián Logiuratto, integrante de Mas.Tras, a la diaria. “Queremos que se llenen esos espacios vacíos porque no queremos que otros los llenen por nosotras y por nosotros, sin nosotras y sin nosotros”, enfatizó.
Entre los cambios que propusieron y que según Roselló fueron incorporados, está agregar que las trabajadoras sexuales son todas las personas mayores de 18 años que ejerzan el trabajo sexual “zafralmente” –y no “habitualmente”, como dice la propuesta original– a cambio de una remuneración pecuniaria. “Es importante que explicite que la remuneración tiene que ser pecuniaria, de dinero, porque estamos peleando por derechos laborales”, señaló Logiuratto, y dijo que esto se enmarca además en la “batalla cultural contra el estigma de que nos pueden pagar con cualquier cosa, incluso con drogas”.
Por otra parte, propusieron que la Comisión Nacional Honoraria de Protección al Trabajo Sexual esté presidida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y no por el Ministerio de Salud Pública, como establece la ley vigente y mantiene el proyecto original, porque perpetúa la perspectiva sanitarista que las trabajadoras pretenden erradicar. Los impulsores aceptaron cambiarlo en tanto “no es algo que afecte el espíritu del proyecto”, afirmó Roselló.
Uno de los principales reclamos de las trabajadoras es sobre el artículo 28, que establece las condiciones en las que “se presume que el trabajo sexual se presta en relación de dependencia”; para ellas, esto último tiene que ser sustituido por la palabra “proxenetismo”. Si bien los diputados que respaldan el proyecto consideran que “el juez lo va a saber interpretar correctamente”, accedieron a modificarlo porque “ellas entienden que es mucho más garantista si lo dejamos así redactado”, apuntó la diputada colorada.
Otra de las modificaciones es en el artículo 21, que establece que “la habilitación de un prostíbulo sólo se concederá a una persona física”. A pedido de los colectivos, se agrega que tiene que ser una persona física “sin antecedentes penales o involucramiento en los delitos de trata, de tráfico de personas con fines de comercio sexual, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, violencia basada en género, proxenetismo, tráfico o comercialización de drogas”.
También se incluyó un agregado al artículo 27, que refiere a las condiciones de los locales y casas en los que se preste trabajo sexual. En este caso, se agrega que “la violación de cualquiera de las disposiciones de la presente ley por parte de los propietarios habilitados para el ejercicio de trabajo sexual será castigado en su primera infracción con multas de 15 UR, sin perjuicio de la configuración de otros hechos delictivos”, y establece que “lo recabado por este rubro será destinado, gestionado y ejecutado por la Comisión Nacional Honoraria de Protección del Trabajo Sexual”, detalló Roselló.
Logiuratto dijo que “agradecen la voluntad” de incorporar los cambios, aunque aseguró que todavía “necesitan la seguridad de que esto quede en el papel”. De todas formas, el integrante de Mas.Tras dijo que “todos estamos para construir” y que “acá lo más importante es que luchemos por una ley que contemple a todas las trabajadoras sexuales lo más amablemente posible, que todas tengan acceso a sus derechos plenamente y que dejen de estar subyugadas por el proxenetismo”. En definitiva, resumió, “una ley que nos cuide y nos ampare”.