Uruguay es uno de los pocos países de América Latina que no oficializó el 9 de agosto como Día Nacional de Solidaridad con Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual, una fecha que en Bolivia se conmemora desde 2006 y que a partir de ahí se replicó en otras latitudes del continente. Hasta hace unos días, la fecha tampoco se conmemoraba en nuestro país, pero el colectivo Proyecto Ikove, fundado en abril de este año por sobrevivientes de violencia sexual y personas aliadas, se propuso revertir esa situación y el viernes pasado organizó un conversatorio y una concentración para visibilizar los reclamos de las víctimas en materia de prevención, reparación y justicia.
El primer evento, que tuvo lugar en el Palacio Legislativo, giró en torno al proyecto de ley de imprescriptibilidad de los delitos sexuales hacia niñas, niños y adolescentes que la senadora Amanda Della Ventura y el resto de la bancada del Frente Amplio (FA) presentaron en agosto de 2020 y que desde entonces permanece en la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta. La iniciativa, en concreto, propone modificar el artículo 119 del Código Penal, que determina cuál es el punto de partida para computar la prescripción en los delitos, para establecer que los delitos sexuales “en los cuales la víctima haya sido una niña, niño o adolescente son imprescriptibles”.
La idea del conversatorio era justamente sacar la propuesta del cajón, al menos a nivel simbólico, y analizar desde distintas perspectivas en qué contribuye que los delitos sexuales no prescriban. En esa línea fue que hablaron sobrevivientes, activistas, profesionales de diversas disciplinas y legisladoras.
Antes de empezar con las exposiciones, representantes de Proyecto Ikove anunciaron que, con el apoyo de la senadora del FA Silvia Nane, presentarán otro proyecto de ley vinculado al tema, esta vez para que se declare en Uruguay el 9 de agosto como Día Nacional de Solidaridad con Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual.
Prevención, reparación y justicia para las sobrevivientes
La apertura estuvo a cargo de tres integrantes del Proyecto Ikove, que presentaron el colectivo por primera vez en público y profundizaron en cada uno de los ejes sobre los que gira su trabajo: prevención, reparación y justicia.
Sobre la prevención ahondó Victoria Marichal, psicóloga especializada en violencia basada en género, que dividió el tema en dos aspectos: la transformación de los modelos culturales que habilitan la violencia sexual a través de la educación sexual integral (ESI) y la ruptura del silencio que permita visibilizar las diferentes manifestaciones de esta violencia para poder “accionar” a tiempo.
Respecto de lo primero, dijo que la ESI es preventiva porque contribuye a que las infancias y las adolescencias puedan crecer “conociendo su propio cuerpo, reconociendo sus propios límites” y, “sobre todo, aprendiendo sobre el consentimiento y sobre cómo vincularse con otras personas desde el respeto y el cuidado”. Esto es importante en tanto la violencia sexual es una problemática “estructural e histórica”, pero que “siempre ha quedado relegada al silencio, a lo privado y que ha sido normalizada”.
Precisamente porque son situaciones que suelen estar atravesadas por el silencio, Marichal abogó por el “corrimiento de estas conversaciones del espacio privado al público”. En este punto, llamó a “dejar de poner en duda y cuestionar a quienes denuncian o rompen el silencio ‘tarde’, a quienes no pueden relatar los detalles de lo vivido, a quienes no pueden contarlo”, porque “son los efectos del trauma en nuestro cerebro, que solamente busca protegernos de eventos estresantes bloqueando el acceso a algunas partes o al acontecimiento entero”. La especialista aseguró que este es “uno de los argumentos más fuertes desde la mirada de la salud mental para la imprescriptibilidad de los delitos sexuales a niños, niñas y adolescentes”.
Por su parte, Camila Franquez, abogada especializada en derechos humanos y género, insistió en la necesidad del “compromiso político para la efectiva reparación de la violencia sexual y la restitución de derechos”, que contemple la “revisión de las fallas” y el “fortalecimiento de los mecanismos existentes”, asignado recursos y “tomando en cuenta las observaciones que de forma sostenida viene planteando la sociedad civil, la defensoría pública y el consultorio jurídico de atención a víctimas de la Universidad de la República [Udelar]”.
Franquez dijo que “también es necesario dejar de pensar que el único camino para la reparación debe ser sí o sí la Justicia”, porque “mientras nos encontremos de manera sistemática con un sistema que revictimiza, nunca será obligación de la víctima denunciar”. En cambio, señaló otros caminos de reparar el daño, como la “posibilidad de un acceso a terapia gratuita y de calidad”.
Cuando fue su turno, la abogada Victoria Brückner habló sobre la necesidad de pensar en una “justicia sensible al trauma” y explicó que la imprescriptibilidad es fundamental porque, “en algunos casos, las víctimas de delitos sexuales, particularmente las infancias, pueden llegar a necesitar muchos años antes de develar lo acontecido”, si es que llegan a hacerlo.
“La imprescriptibilidad, en nuestro caso, refiere a la excepción de poder acudir igualmente ante la Justicia, aun cuando haya pasado tiempo desde los hechos de violencia”, apuntó la profesional, y agregó: “En definitiva, que los delitos no prescriban permite que los responsables sean enjuiciados en cualquier momento, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde que se cometieron los actos”.
Al final de las exposiciones, las tres representantes del colectivo leyeron una proclama –que más tarde releyeron de forma colectiva durante la concentración– que entre otras cosas reivindicaba: “Justicia es nuestro derecho al tiempo”, “justicia es que nos crean”, “justicia es que no pase”.
Movilización Palacio por el dia Regional de Solidaridad con Victimas y Sobrevivientes de Vilencia Sexual convocadas por el Colectivo Proyecto Ikove.
Foto: Alessandro Maradei
Distintas miradas sobre la imprescriptibilidad
En el segundo tramo del conversatorio, profesionales que abordan la violencia desde distintas áreas compartieron sus perspectivas en torno a la importancia de que los delitos sexuales hacia infancias y adolescencias no prescriban.
María Loffler, psicóloga especializada en abuso sexual infantil, coordinadora del proyecto Empatheia e integrante de Ikove, explicó por qué las víctimas y sobrevivientes, sobre todo las niñas, niños y adolescentes, develan lo vivenciado “cuando pueden y no cuando quieren”. “Sentimientos de culpa, de responsabilidad, invisibilidad, naturalización de lo que vivenciaron”, enumeró. Además, dijo que cuando el agresor es una persona del entorno cercano la sensación es de “confusión” y esto “genera que se queden paralizados, no puedan reaccionar ante esa situación, y eso cada vez los deja con menos posibilidad de movimiento, lo que también hace que los agresores avancen su dominio del poder”.
La psicóloga cuestionó que todavía muchas personas pregunten “¿por qué no lo contaste antes?”, una actitud que “lo único que genera es culpabilidad en la víctima”. Y aseguró que esto no pasa sólo en la familia, sino también en ámbitos institucionales, como la educación, la salud y la Justicia, en los que se “sigue haciendo preguntas que revictimizan”.
En eso estuvo de acuerdo Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, que se refirió al abordaje desde el sistema de justicia. La referente remarcó que los delitos de violencia sexual “exigen un tratamiento diferencial” porque “su naturaleza y el impacto que tienen en las víctimas y en su entorno es absolutamente diferente a cualquier otro tipo de delito violento”, como puede ser la rapiña o un homicidio. “Acá estamos hablando de que el lugar donde se cometió el delito es el cuerpo de una persona, y es el cuerpo de una persona que en su mayoría es mujer, niño, niña o adolescente, que está en un momento de mayor vulnerabilidad y de menor capacidad de tener información sobre lo que está sucediendo”, expresó.
Solari señaló que para la mayoría de las víctimas el sistema de justicia es un ámbito “hostil”, “desde el lugar por el que tienen que transitar hasta las preguntas que tienen que contestar”. “En el momento que logro denunciar y empiezo a descongelar los hechos y el dolor que me generan, nunca va a ser en una forma ordenada, y en el sistema de Justicia muchas veces se espera una víctima ideal, que cuente ordenadamente, sin llorar mucho y que pueda decir lo que necesitamos”, cuestionó.
Pese a todo lo que queda por mejorar, celebró algunos avances impulsados por la Fiscalía, incluida la propia creación de la Unidad de Víctimas, que en estos años ha priorizado a las víctimas de delitos sexuales por entender que son las que “requieren mayor acompañamiento psicosocial para transitar por el sistema de justicia”.
La perspectiva más jurídica la aportó Soledad Suárez, abogada e integrante del consultorio jurídico de la Udelar. Una de las cosas que planteó es que la Ley 19.580 de violencia basada en género establece en el artículo 78 que sea suspendido el tiempo de la prescripción “mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad”.
Sin embargo, destacó dos problemas que aparecen respecto de la ley vigente. Uno es que el artículo 117 del Código Penal refiere a la prescripción del delito, mientras que el 78 de la ley de violencia de género alude a la prescripción de la acción. Para la abogada, esto es un problema porque en algunos casos “podrían decir ‘no me prescribió la acción porque está suspendida’, pero el delito sí”. El segundo es la retroactividad de la Ley 19.580, que según algunas interpretaciones también debe alcanzar a la prescripción.
Suárez dijo que, si bien la suya es una postura minoritaria, en el consultorio jurídico de la Udelar apoyan la interpretación de que “ya no se apliquen estos tiempos de prescripción y se considere la situación particular de las víctimas y la necesidad del tiempo”, con base en lo que establecen tratados que Uruguay firmó, como la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de Belém do Pará, que afirman que los casos “se deben solucionar en clave de imprescriptibilidad”. En este escenario, consideró que “es hora de que el Estado asuma su responsabilidad y establezca una ley de imprescriptibilidad”.
Amanda Della Ventura y Silvia Nane, el 9 de agosto, en el Parlamento.
Foto: Alessandro Maradei
Un proyecto “da memoria” y el otro “acceso a la Justicia”
El último bloque pretendía aunar la mirada de mujeres políticas de distintos partidos sobre la ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales. Sin embargo, a último momento, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y la senadora del Partido Colorado Carmen Sanguinetti cancelaron su participación. Por lo tanto, el panel quedó en manos de las senadoras frenteamplistas Della Ventura y Nane.
Della Ventura recordó el recorrido del proyecto de ley de imprescriptibilidad, que ella impulsó, y aseguró que, si bien la bancada del FA decidió que “se tratara como uno de los temas prioritarios”, hasta ahora “no ha tenido el eco necesario”. “La realidad es que es un tema de voluntades políticas”, sintetizó, en referencia a los demás partidos. La senadora señaló que en un mes comienza el receso legislativo y que ve “difícil” que la propuesta se apruebe antes del final de esta legislatura, a no ser que se citen sesiones extraordinarias. De todas formas, aseguró tener esperanza en que el proyecto se “revitalice” en el próximo período legislativo, porque “no nos podemos permitir otros cinco años sin una ley de este tipo”.
Nane, por su parte, celebró que existan dos proyectos que pongan en el centro a las sobrevivientes de violencia sexual: uno que “da memoria”, en referencia al que busca declarar el 9 de agosto como día nacional, y el otro que “da acceso a la Justicia”, al establecer la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Sin embargo, consideró que “nos sigue faltando todavía pensar bien en la reparación”. En línea con esto, advirtió que “una de las herramientas de reparación que tenemos hoy en la Ley 19.580” –el artículo 80– es “una de las que está siendo cuestionada” en los proyectos que se presentaron este año para modificar la norma.
La senadora enmarcó esas iniciativas, y otras, como la ley de corresponsabilidad en la crianza, en una serie de propuestas que surgieron recientemente en la “casa de la democracia” y que suponen “un aval formal que pone la duda donde no la tiene que poner [en la palabra de las mujeres y las infancias], pero que simbólicamente construye cosas mucho peores, porque lo que termina construyendo es una sensación de impunidad”.