“Violencia vicaria y femicida: fracturas en la filiación e impactos en las infancias” es el nombre que se le dio a un conversatorio que organizó la semana pasada el Comité de Equidad y Género de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República para analizar los efectos de estas violencias en las niñas, niños y adolescentes, y pensar nuevas y mejores estrategias de prevención e intervención. La idea de organizar esta actividad particular –que fue presentada como preparatoria del tercer Congreso Internacional de Psicología, que tendrá lugar el 27, 28 y 29 de noviembre en Montevideo– surgió ante los infanticidios vicarios de Alfonsina y Francisco Morosini, asesinados por su padre a principios de setiembre en Soriano.
De hecho, en la apertura del evento, se recordó el pronunciamiento que hizo en ese entonces el Consejo de la Facultad de Psicología, en el que, además de condenar el “acto atroz” contra la niña y el niño, la institución puso a disposición sus “capacidades académicas y profesionales para contribuir al desarrollo de estrategias interinstitucionales e interdisciplinarias que garanticen la vida, la dignidad, los derechos y la salud de todas las mujeres, niñas, niños y adolescentes frente a la violencia de género y generaciones”.
El panel estuvo integrado por profesionales y especialistas que desde sus distintas áreas de trabajo abordan la violencia en las infancias. En esa línea, expusieron Andrea Tuana, directora de la asociación civil El Paso, licenciada en Trabajo Social, magíster en Políticas Públicas y Género, especialista en violencia de género, docente e investigadora; Carolina Camilo, abogada, defensora pública y especialista en temas de violencia basada en género, violencia vicaria y derechos de niñas, niños y adolescentes; Malena Delgado Gallo, licenciada en Psicología con especialización en violencia de género; y Michel Dibarboure, profesor titular grado 5 de la Facultad de Psicología con una línea de investigación sobre violencias en infancias y adolescencias.
Tuana: una de las vías de “restauración del poder patriarcal”
Encargada de abrir la charla, Tuana recordó que el de violencia vicaria es un concepto que acuñó la psicóloga argentina Sonia Vaccaro en 2012 “en un contexto en donde varias terapeutas que trabajaban con mujeres en procesos de salida de la violencia en las relaciones de pareja, una vez que se separaban, la violencia no terminaba y el agresor empezaba a ejercer distintas estrategias de violencia con sus hijos e hijas con el fin y el objetivo de seguir controlando, de amenazar y de amedrentar a esa víctima”. En ese sentido, destacó la importancia de entender que “surge en un contexto de violencia basada en género”.
Por otra parte, la directora de El Paso señaló que la violencia vicaria “se profundiza y de alguna manera puede ser porque existe una violencia institucional que la ampara y que le brinda soporte para que se pueda desarrollar”. A su entender, tanto una como la otra no son más que “estrategias de restauración del poder patriarcal”, ya que son formas en las que el sistema “reacciona” al “avance en la defensa de los derechos de las mujeres y de los niños” y a la “disputa que hacemos de un orden político que es desigual y que es injusto”.
Tuana dijo que, en Uruguay, hay otras dos estrategias que van en línea con esto. Una es la aprobación de la ley de corresponsabilidad en la crianza (o de tenencia compartida), que calificó como una “herramienta de tortura para los niños y las niñas” y que “vulnera todos sus derechos”.
La otra es la instalación del falso síndrome de alienación parental (SAP) en el sistema de justicia. La especialista dijo que actualmente el SAP como tal quedó “totalmente desacreditado”, al no tener el aval de ninguna sociedad científica, pero que es algo que los abogados defensores de abusadores siguen instalando en los procesos judiciales con otros nombres como “alienación”, “obstrucción”, “interferencia parental”, “implantación de falsas memorias” o “instrumentalización”. Y advirtió que hoy, en Uruguay, “tenemos psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatras que están diagnosticando inoculación, interferencia, alienación, y tenemos jueces que están haciendo arrancamientos”.
Camilo: ley de tenencia compartida “es un campo fértil para la violencia vicaria”
Camilo, por su parte, analizó el problema desde el enfoque normativo y jurídico. En esa línea, recordó que en nuestro país “hemos tenido hitos normativos muy relevantes”, como el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley 19.580 de violencia basada en género, pero también “retrocesos con algunas aprobaciones de normas que han ido en sentido contrario a la protección, siendo un pasaporte al fomento de este tipo de violencia [vicaria]”. Al igual que Tuana, mencionó específicamente la ley de tenencia compartida, que en su opinión “vulnera el interés superior de los niños y su derecho a ser protegidos ante situaciones de violencia directa”, y “es un campo fértil para la violencia vicaria”.
La abogada recordó que, cuando se discutía la ley, en 2023, activistas, académicas y profesionales “advirtieron los efectos que podía traer”. Sin embargo, cuestionó que “en ningún momento se consideró la violencia vicaria, qué efecto esta normativa podría tener o cómo vamos a estar desprotegiendo a nuestras niñas, niños y adolescentes en los casos de violencia vicaria”. La crítica es sobre todo el artículo 4, que habilita al juez a mantener el régimen de tenencia compartida y las visitas aun cuando existan medidas cautelares contra un progenitor.
De todas formas, consideró que “nuestra normativa no es hoy un obstáculo para el abordaje judicial y de protección a la violencia vicaria” y recordó, por ejemplo, que si bien la ley de violencia de género no incluye la forma vicaria a texto expreso, “cuando se describen y se definen tipos de violencia, se están describiendo y definiendo tipos de violencia vicaria”. También aparece en la definición de la violencia femicida, que incorpora el concepto de “dar muerte” no sólo a la mujer, sino a “sus hijas, hijos u otras personas a su cargo, con el propósito de causarle sufrimiento o daño”.
“Sí podemos mejorar la normativa, y soy una de las personas que entiende que deberíamos ir hacia una introducción a texto expreso, porque es importante que el derecho reconozca la violencia vicaria como una forma de violencia de género y de maltrato infantil, pero no quiere decir y no nos podemos excusar en que hoy en día no existe normativa” al respecto, apuntó.
Conversatorio sobre violencia vicaria y femicida.
Foto: Rodrigo Viera Amaral
Delgado Gallo: una violencia “naturalizada” que “nadie detecta”
En su turno, Delgado Gallo insistió en la importancia de entender que la violencia vicaria es una forma de violencia de género y también de maltrato infantil, que genera “daños terribles en las niñas, niños y adolescentes” y “a edades muy tempranas”, por lo que la intervención de las psicólogas y psicólogos debe partir desde esa perspectiva.
“Cuando sabemos de qué hablamos, podemos definir una intervención y podemos posicionarnos”, introdujo la psicóloga, y dijo que es tan importante poder identificar qué es violencia vicaria como qué no lo es. “Cotidianamente veo cómo se desdibuja [el concepto] cada vez que se habla de violencia vicaria, y dicen ‘pero también hay madres que no dejan que sus hijos vean a los padres’”. Sí, ese es otro tema, pero no es violencia vicaria, no es de eso de lo que estamos hablando, entonces la invitación a delimitar el campo”, afirmó.
Mencionó algunas de las formas de violencia vicaria que ve “cotidianamente”, como “las amenazas a la madre, la agresión a la madre en presencia de los niños y las niñas, la incomunicación en un régimen de visita o la judicialización constante”. Se detuvo en esto último, que calificó como “uno de los principales mecanismos que están utilizando hoy y que genera un desgaste, una extenuación, un agotamiento” en las mujeres, que en ocasiones terminan diciendo “le voy a firmar la tenencia porque no aguanto más esta situación”.
Por otra parte, dijo que una de las “principales dificultades” y “fallas en el sistema” es la “normalización y naturalización” de estas violencias. “Se naturalizaron un montón de prácticas que son violencia y que no se visualizaron como tal”, puntualizó, y la consecuencia de esto es que “los vecinos no lo ven, el sistema de salud no lo ve, el sistema educativo no lo ve; nadie lo detecta”.
Otra de las dificultades que señaló –muy ligada a lo anterior– es “la falta de conocimiento y formación de la violencia en los equipos intervinientes”, que muchas veces puede llevar a una intervención “iatrogénica”. “Por eso la importancia de que esta casa [de estudios] ponga este tema arriba de la mesa y que pensemos qué tipo de intervenciones hacemos los psicólogos y psicólogas que intervenimos a nivel de la clínica, pero también en el ámbito judicial, porque hay psicólogos que han sido designados por juezas que están oficiando como revinculadores” de infancias con padres denunciados por violencia.
Delgado Gallo aseguró que los efectos traumáticos que generan estas situaciones “son comparables con las situaciones que viven los niños y niñas que viven situaciones de guerra o de catástrofes naturales”. Por eso, llamó a las y los colegas a estar en alerta ante los posibles síntomas, una lista que puede incluir trastornos del sueño, crisis de angustia, estados de ansiedad, crisis de excitación psicomotriz, enuresis, comportamientos desadaptativos, apatía, desgano, tristeza o depresión. “Es muy difícil atribuir los síntomas a determinada situación. Lo que sí podemos dimensionar es que hay sintomatología que es grave y que cuando nos encontramos con niños o niñas que presentan sintomatología grave, tenemos que poder parar y mirar, parar y escuchar, no naturalizar”, advirtió.
“A un niño o una niña que está presentando este tipo de síntomas le está pasando algo y le está pasando algo grave. Puede ser esto o puede ser otra cosa, pero lo que no puede pasar es que un niño haga un intento de autoeliminación y se lo medique, se siga como si nada y nadie se pregunte nada, o que un niño de cuatro años tenga autolesiones y nadie se detenga a pensar qué le pasa a ese niño o a esa niña que se está agrediendo”, cuestionó.
Dibarboure: una violencia que “sacude a todo el entramado comunitario”
El último expositor fue Dibarboure, que identificó los tipos de daño que genera la violencia vicaria y femicida “en distintos planos, todos entrelazados”. Así, se refirió al daño material, que tiene lugar cuando “la pérdida de la madre trae consigo la pérdida inmediata del sustento económico, del hogar y de las condiciones básicas de vida”, que, sumado a que “con frecuencia se interrumpe la escolarización, la atención sanitaria o el acceso a apoyos sociales”, genera “señales de precariedad y desarraigo que se suman al dolor de la pérdida”.
Otros de los daños son el simbólico, que se encarna cuando “lo sucedido es silenciado o reducido a un problema privado, lo que invisibiliza a los hijos como víctimas directas”, y el subjetivo, que sucede cuando “el femicidio opera como un hecho de altísimo potencial traumático que irrumpe sin mediaciones simbólicas” y puede expresarse en “duelos bloqueados, retraimiento, conductas impulsivas y desbordadas, somatizaciones o incluso en procesos de desubjetivación”.
En tanto, el daño institucional se produce “cuando las instituciones que deben proteger fallan en su función”. “La fragmentación y la falta de coordinación entre justicia, salud, educación y protección multiplican entrevistas, demoras y trámites, generando revictimización y desamparo. Procesos judiciales intrusivos, preguntas culpabilizantes, exposiciones innecesarias, demoras prorrogadas agravan el malestar. El laberinto burocrático, trámites lentos, requisitos reiterados dificultan el acceso a pensiones, vivienda, salud y educación, precarizando la vida cotidiana. La exposición innecesaria, la vulneración de la confidencialidad y el estigma de hijo o hija del femicida hieren la dignidad y la pertenencia de niños y niñas y adolescentes”, explicó el psicólogo. Por último, se refirió al daño social, que tiene que ver con “el silencio, los rumores y el morbo mediático que refuerzan la invisibilización y el aislamiento”.
Dibarboure fue enfático en que los efectos “no se detienen en la familia inmediata”, sino que “se expanden como una onda que sacude a todo el entramado comunitario”. Por eso la respuesta “no puede ser únicamente jurídica ni quedar limitada al ámbito familiar”. “Es imprescindible pensar en dispositivos de acompañamiento comunitario que incluyan a las escuelas, a los espacios de socialización, a los equipos de salud mental territoriales. Se trata de habilitar la palabra, de contener la angustia, de generar rituales de memoria y reparación, y de sostener a los adultos que deben sostener a los niños en este proceso”, sugirió. El paso siguiente, dijo, es “traducir ese gesto colectivo en políticas y prácticas sostenidas; ese pasaje del duelo compartido a la responsabilidad pública tiene un nombre que es reparación integral”.