Pasan los años, cambian los gobiernos, se aprueban leyes y se ponen en marcha políticas y protocolos. Sin embargo, hay algo que permanece incambiado: los niveles de violencia que ejercen los hombres sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres. Lejos de disminuir, especialistas aseguran que hoy las formas de estas violencias no sólo se perpetúan, sino que mutan, se adaptan a las nuevas realidades y también recrudecen. Dos ejemplos claros –dicen– son las situaciones de violencia vicaria y de violencia territorial, que reconfiguran el panorama de la crueldad machista.
Este escenario se refleja en los indicadores de violencia de género, que en Uruguay se mantienen, sin aumentos estrepitosos, pero tampoco descensos que muestren que algo está mejorando. De hecho, las cifras más actuales muestran que en los últimos diez años las denuncias por violencia doméstica y delitos asociados aumentaron 19%, según lo que anunció el viernes el Ministerio del Interior (MI).
Con relación a 2025, en particular, la institución señaló que de enero a octubre recibió 35.443 denuncias, casi la misma cifra que atendió en ese período de 2024 (35.476) y 2023 (35.851). Son 117 denuncias por día. Una cada 12 minutos. Al mismo tiempo, en lo que va del año, el MI registró 16 femicidios y 12 tentativas. Esto significa que cada 11 días se mató o se intentó matar a una mujer por ser mujer en Uruguay.
La información presentada por la cartera incluye por primera vez la violencia vicaria, lo que refleja de alguna forma la dimensión que adquirió este tipo de violencia de género y generaciones en los últimos años. En ese sentido, el ministerio destacó que 14% de las denuncias de violencia doméstica realizadas por mujeres durante el período analizado fueron por violencia vicaria. Además, señaló que, en los últimos diez años, hubo 57 homicidios a niñas, niños y adolescentes en el ámbito doméstico, y 37% –es decir, 21– fueron en contexto de violencia vicaria.
Por otra parte, si bien el femicidio íntimo –el cometido en el marco de una pareja, expareja o vínculo sexoafectivo– sigue siendo el que prevalece, en los últimos años “hay un incremento en otras categorías”, como en el vínculo familiar o “en relación a actividades vinculadas al tráfico de drogas”, dijo durante la presentación Christian Gularte, integrante de la Dirección de Políticas de Género del MI.
Este 25 de noviembre se conmemora un nuevo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Como es habitual, la fecha sirve de marco para analizar la situación en el país e identificar los obstáculos –viejos y nuevos– que marcan el panorama. También invita a evaluar qué políticas, medidas e iniciativas implementa el Estado para abordar, prevenir y erradicar el problema.
Activistas y especialistas entrevistadas por la diaria aseguraron que estamos ante un “recrudecimiento” de la violencia hacia las mujeres e infancias. Consultadas acerca de las emergencias, mencionaron un sistema de respuesta a la violencia que “no está a la altura” y que se tiene que “revisar”, la persistente falta de recursos para implementar la Ley 19.580, problemas en la evaluación de riesgo de los casos denunciados y otras fallas que, según dijeron, podrían atenderse con más presupuesto y voluntad política.
La directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier, coincidió en que existe una “crudeza de la violencia” que “está desafiando” al Estado para brindar “respuestas mucho más integrales” y, en diálogo con la diaria, adelantó algunas de las acciones prioritarias previstas en la materia.
Un estado de situación
“La sensación que tengo es que estamos estancados como sociedad en un tema del que se ha hablado mucho, pero lo que no hemos logrado es poder comprender la producción de la violencia”, sintetizó Andrea Tuana, directora de la asociación civil El Paso, consultada por la diaria sobre la situación actual del país respecto de la violencia de género.
La trabajadora social atribuyó parte de ese “estancamiento” al avance de un “discurso antiderechos que hoy tiene una presencia muy fuerte y que de alguna forma pretende y está logrando que la opinión pública crea que el machismo, las desigualdades y las discriminaciones de género son cosas del pasado y que, en todo caso, hoy seguir hablando de eso es ya no llegar a una igualdad, sino privilegiar a las mujeres”. A su entender, esto deriva en un “enorme riesgo de que todo lo que hemos avanzado en términos de defensa de derechos humanos empiece lenta y sutilmente a desvanecerse”.
Tuana consideró que, si bien “la crueldad hacia las mujeres ha existido siempre”, sí hay un “recrudecimiento de la violencia hacia las infancias con el objetivo de vengarse, hostigar y seguir controlando a las mujeres”. Aseguró que esto se ve en el sistema judicial, que “ha ido flexibilizando mucho la protección hacia las infancias basado en estas concepciones de que hoy las mujeres manipulan y los niños inventan”. “Con esa cantinela, se ha dado un recrudecimiento de dispositivos judiciales con las coordinaciones parentales, las revinculaciones forzadas, las terapias de revinculación, las amenazas de quitas de tenencia, las quitas de tenencia, los arrancamientos”, describió la especialista. “Años atrás, nunca nos hubiéramos imaginado que el sistema de justicia iba a poner a un niño o una niña en estas circunstancias terribles. Es escandaloso”, sentenció.
Para Raquel Hernández, vocera de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS), el país está “asistiendo a enormes cambios en el ejercicio del poder” y en “las formas de manifestación de la violencia”, que se notan “en la enorme crueldad a la que estamos asistiendo en algunos casos”. Se refirió, en particular, a la violencia vicaria, a la violencia territorial y “el vínculo con el crimen organizado”, y a los efectos de la ley de tenencia compartida, aprobada en 2023, “donde la mayoría de los casos de las solicitudes de tenencia compartida son por parte de varones que ejercen violencia hacia las mujeres, pero también en casos de abuso sexual a sus propios hijos”.
“Esas formas de violencia quedan más visibles y explícitas, y los varones violentos también tienen otra forma de reivindicar su violencia y sus derechos sobre los hijos que en años anteriores no se veía”, valoró. La portavoz señaló que el Estado “queda siempre atrás de esas nuevas formas de ejercicio de violencia y queda atrás con los protocolos de acción”, por lo que “estamos en un momento embromado en Uruguay”.
Por su lado, Soledad González, integrante de la Intersocial Feminista, enmarcó la violencia de género en un “desborde de la violencia” en general, como refleja el episodio que tuvo lugar el 5 de noviembre en la escuela 123. “Es una violencia que está totalmente desbordada a nivel social y que además no tiene cauce; el Estado no está brindando las respuestas que las diferentes víctimas necesitan para poder salir de la situación”, apuntó.
La activista aseguró que, en este marco, “hay un recrudecimiento de la violencia machista”, que “ha dado una vuelta más de tuerca en llevar al extremo de que matan a los niños”, y recordó como el caso más reciente el infanticidio vicario de Alfonsina y Francisco Morosini en Soriano, a principios de setiembre, a manos de su padre.
Las emergencias
Para González, la “principal emergencia” que enfrenta nuestro país es “un sistema de respuesta a la violencia de género que no está a la altura” y en el que “hay falta de absolutamente todo”. En esa línea, la politóloga cuestionó que en el último año hubo distintos “sucesos fatales con notificación previa y estando informada la institucionalidad”. Los datos que presentó el MI la semana pasada revelan, por ejemplo, que había denuncias previas por violencia en 25% de los femicidios registrados en lo que va del año.
“Están matando a las personas teniendo las instituciones información de la situación en la que se encuentran. Es el límite de la desidia, porque ya no es que te matan porque no denunciaste; ahora vas a denunciar y te matan igual, porque nadie es capaz de tener la respuesta adecuada para el problema que tenés”, denunció la representante de la Intersocial Feminista. Por eso, uno de los reclamos centrales de la plataforma es que se refuercen los equipos que realizan las evaluaciones de riesgo.
Respecto de algunas iniciativas legislativas sobre el tema anunciadas en estas semanas por el oficialismo, como el que apunta a la “protección integral de las infancias” contra la violencia, González afirmó: “Para nosotras el problema no es legal; el problema es presupuestal y de gestión. A Francisco, a Alfonsina y a Luna [Echegoyen, de 13 años, asesinada en agosto por su padre], no los mataron por falta de leyes, los mataron por falta de respuesta, y eso se soluciona con presupuesto”.
Tuana, en tanto, consideró como urgente el cumplimiento y financiamiento de la Ley 19.580, así como que el Poder Judicial “cumpla lo que la ley plantea, que son los juzgados especializados en todo el país y con personal formado”. En la misma línea que González, dijo que “tenemos un escollo enorme porque necesitamos un sistema de respuesta a nivel de Justicia, Policía, Fiscalía, que esté a la altura de las víctimas y que esté especializado en los temas de violencia hacia mujeres, niños, niñas y adolescentes. Eso no está, no se ha priorizado y tenemos que seguir exigiendo que se priorice”.
La directora de El Paso insistió además en la necesidad de que “el sistema de salud responda a la altura de las víctimas” y de “trabajar en la prevención con los chiquilines”, a través de la incorporación en la currícula de “educación sexual integral, educación en derechos humanos y perspectiva de género”, para que “todos los años puedan ver contenidos que los ayuden a ir desarmando estas relaciones de discriminación y de poder”.
“El Estado es responsable”
“El análisis general es que el Estado es responsable por una ausencia de posibles soluciones hacia la violencia de género”, resumió Hernández acerca del accionar estatal frente a esta problemática. Recordó que en 2019 el entonces presidente Tabaré Vázquez declaró la emergencia por violencia de género y que desde entonces quedó encajonada. “Después hablamos con [el expresidente] Luis Lacalle Pou, la deja también en declaración y sin hacer absolutamente nada, y, previo a asumir [Yamandú] Orsi, que hicimos entrevistas con todos los precandidatos a la Presidencia, él se compromete a una serie de cosas que evidentemente no está pudiendo llevar adelante”, enfatizó la representante de la RUCVDS.
En todo caso, dijo que hasta ahora “las respuestas son tibias” y puso como ejemplo la ley de presupuesto quinquenal, que se debate en estos momentos en el Parlamento, y cuyo monto destinado para combatir la violencia de género calificó de “lamentable”.
“Venimos de cinco años que fueron nefastos, donde retrocedimos más de 40 años en los derechos adquiridos, no solamente en recursos, sino en el lugar en que se pone la política de género”, analizó Hernández. Con la asunción del gobierno frenteamplista, “se tenía una esperanza de tener una escucha más abierta y que eso significase asignación de recursos humanos y también materiales. Sinceramente, no lo estamos viendo”, apuntó.
González, por su parte, recordó que el Poder Ejecutivo convocó en setiembre a una mesa de trabajo sobre violencia de género que tuvo en ese entonces un primer encuentro, donde la sociedad civil presentó algunas propuestas para la revisión del sistema de respuesta, pero que “nunca más convocaron” y lo interpretan “como un desplante”.
Eso, sumado a que prácticamente “no existe presupuesto” para el tema, muestra, a su entender, que “lo que hay es un desprecio absoluto del sistema político por el principal problema de seguridad que tenemos las mujeres e infancias”.
Tuana dijo que “por ahora la sensación es la de una expectativa que no termina de ver algo concreto” y que “se necesitarían algunas señales un poco más fuertes”. La activista señaló que “se ha ido planteando un contexto de recortes y de dificultades” y que la pregunta que se instala ahora es “cuáles van a ser las decisiones políticas que se van a tomar a posteriori”, porque “seguimos esperando y estos son temas urgentes en los que no se puede seguir esperando”.
25N: movilizaciones en Montevideo
Este martes habrá dos movilizaciones principales en el Centro de Montevideo. Por un lado, la organización Mujeres de Negro convoca a reunirse a las 18.00 en la Plaza Independencia para marchar a las 19.00 hacia la explanada de la Intendencia de Montevideo, donde habrá una performance y se leerá una proclama.
Por otro lado, la plataforma Vía al 8M, que reúne a 13 colectivos feministas, llama a concentrar a las 18.30 en la plaza Libertad, bajo la consigna “Contra todas las violencias: lucha y resistencia”, para movilizarse a las 19.30 hacia la Universidad de la República, donde también se realizará la lectura de una proclama.
Inmujeres: desafíos, compromisos y acciones prioritarias
La directora de Inmujeres consideró que la “crudeza” de la violencia de género se ve en la violencia vicaria, pero también en “las mujeres que vienen desde sus territorios con situaciones de violencia territorial muy fuertes”, en “las implicancias que tiene el microtráfico en algunas soluciones que antes se implementaban” y que hoy dependen del caso a caso, o en una “mayor oferta de armas que están al alcance de la mano, en función de estas violencias territoriales”. A esto se suman, a su vez, “las complejidades de la salud mental que afecta a las mujeres por sostener tiempos de violencias, pero también por faltas de soluciones a las precariedades de sus vidas, los consumos problemáticos o las situaciones de mujeres que salen de la prisión sin redes como para poder encarar otras alternativas”, ejemplificó Xavier.
La jerarca recordó que 95% del presupuesto de Inmujeres está destinado a las respuestas en violencia de género. De cara al resto de la gestión, dijo que una de las prioridades será “reforzar algunos servicios de violencia hacia mujeres en donde las horas de las técnicas y técnicos no alcanzan, no sólo para abatir la lista de espera, sino también para hacer que la atención tenga la frecuencia necesaria para la mejor evolución de la situación de violencia, que son los dos parámetros en los que se puede medir la insuficiencia”.
Otras dos acciones prioritarias tienen que ver con instalar dispositivos de atención a varones en cuatro departamentos donde actualmente no hay servicios y reforzar el servicio de atención a mujeres víctimas de trata, para “ir devolviéndoles progresivamente presupuesto genuino, un equipo de técnicas y técnicos, y también de profesionales del instituto”, después de algunas “decisiones de períodos anteriores que ubicaron el presupuesto dependiendo de un préstamo internacional”.
Finalmente, Xavier adelantó que en este período se buscará implementar un primer centro de referencia que brinde una “respuesta integrada” a mujeres sobrevivientes de violencia de género, con la concentración en un mismo edificio de los distintos servicios y actores estatales involucrados en la atención a víctimas.