Por Luna y por todas: colectivos denuncian omisiones del Estado ante el femicidio y filicidio de la adolescente en Maldonado

“Un padre violento no es un buen padre” es el título de un comunicado difundido en estas horas, firmado por diez colectivos y organizaciones, que exige que el Estado brinde respuestas ante el femicidio y filicidio de Luna Echegoyen, la adolescente de 13 años que fue asesinada por su padre el martes 19 en una clínica de Maldonado. El agresor, José María Echegoyen, un coronel que estaba retirado tras cumplir misiones de paz en países africanos, se suicidó después de cometer el crimen. Unas horas después, se supo que la adolescente había denunciado a su padre por violencia física y psicológica y que, por ese motivo, estaba vinculada al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) desde 2022 y el propio organismo había solicitado medidas de protección.

La presidenta del INAU, Claudia Romero, informó la semana pasada en una conferencia de prensa que esas medidas fueron levantadas el 24 de junio pasado, luego de que Luna “decidió retomar el vínculo” con el padre para poder asistir a “encuentros y cumpleaños” familiares. Según dijo la jerarca, “se acordó que participara en actividades en grupo, familiares, nunca sola con él”, bajo la tutela de la pareja del hombre y con la indicación de la presentación de un informe a los 60 días.

Romero también señaló que el equipo técnico del INAU adelantó su informe porque “observó que no se venía cumpliendo con lo que se había prometido”; en concreto, no se estaba cumpliendo con la “presencia grupal” que requerían esos encuentros. Ese informe, presentado unas horas antes de que el hombre le disparara a su hija, planteaba la necesidad de hacerle una pericia psicológica al militar. No llegó a tiempo.

Las organizaciones señalan en el comunicado que “el contexto en el que se produce este femicidio ocurre en el marco de un proceso judicializado, donde el asesino tenía medidas cautelares que hacía poco se habían finalizado”. “Este caso nos despierta una enorme y profunda indignación y también múltiples preguntas”, afirman, y piden respuestas, porque “la sociedad tiene derecho a saber qué pasó en esta situación”.

La primera pregunta que plantean es “por qué se habilitó un proceso de revinculación de Luna con su padre, a quien la niña le tenía terror y había manifestado en más de una oportunidad que el padre iba a matarla”. Además, preguntan “qué valoración de riesgo se realizó de este señor” en el juzgado a cargo del caso, si “se valoró riesgo de femicidio” y “por qué no tenía tobillera”. “¿Por qué la niña no obtuvo la protección necesaria frente a un femicida? ¿Por qué no se tomaron en cuenta los informes del INAU donde advertían del riesgo y que no estaban de acuerdo con la revinculación?”, cuestionan.

A su vez, piden conocer “cuál fue la actuación del abogado/a defensor/a de Luna”, si “valoró el riesgo” y si “tomó en cuenta los informes técnicos”.

Los colectivos aseguran que desde que se aprobó la ley de corresponsabilidad en la crianza, también conocida como ley de tenencia compartida, “se han incrementado las revinculaciones forzadas de niños, niñas y adolescentes con progenitores violentos”.

“El caso de Luna desnuda una realidad que está ocurriendo en el sistema de justicia. Luna y otros niñas y adolescentes uruguayos/as asesinados por padres violentos y víctimas de un sistema que no los protegió. Basta de torturar infancias en terapias de revinculación. Basta de impunidad. Basta de desprotección”, exigen, y agregan: “El sistema es responsable de esta muerte y de múltiples vulneraciones de derechos hacia niños, niñas y adolescentes. Luna fue víctima de un Uruguay que tiene una deuda muy grande hacia los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia”.

Las organizaciones firmantes son: Asociación de Profesionales de Trabajo Social del Uruguay, Cotidiano Mujer, Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, Programa de Infancias y Adolescencias de Flacso Uruguay, Proyecto Ikove, Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, Resistencia Feminista, Serpaj, Vida y Educación, y Visión Nocturna.

Este martes, en una entrevista con Desayunos informales, Romero dijo que “lo que evidentemente” el INAU “no pudo detectar es una alarma de riesgo de vida por la cual uno hubiese actuado diferente”. “Eso tendrá que ser producto de la investigación que surja y de dónde están las debilidades en los procedimientos; si nosotros tenemos que tomar la responsabilidad, como institución, la vamos a tomar”, apuntó.