Infancia y adolescencia

UNICEF organizó durante todo el día de ayer un seminario para discutir sobre derechos de la infancia y penas no privativas de libertad, con la participación de expertos internacionales. Los expositores hicieron hincapié en la eficacia de las medidas alternativas a la prisión en el caso de niños y adolescentes, tanto en términos de menores índices de reincidencia como en cuanto a su contribución a un mejor desarrollo de los jóvenes.

Ayer se presentó el libro "Lo insoportable en las instituciones de protección a la infancia", la tesis doctoral en Educación de Carmen Rodríguez en la Universidad de Entre Ríos, Argentina. La investigación no consiste en un balance de “buenas o malas prácticas” en los hogares del Sistema de Protección a las Infancias (SPI) del INAU, sino que intenta “comprender” y “hacer visibles” aspectos institucionales que influyen en los niños y adolescentes que allí se alojan.

“En algún momento se difundió por los medios de comunicación el cierre de hogares; en realidad no hay ningún cierre de ningún hogar, ojalá pudiéramos cerrarlos”, expresó en diálogo con la diaria Fernando Rodríguez, director del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). El derecho internacional y el Código de la Niñez y la Adolescencia, vigente en Uruguay desde 2004, establecen que la internación de niños en hogares debe ser el último recurso y por el menor tiempo posible, recordó Rodríguez. El INAU está dispuesto a reorganizar los dispositivos para transformar los hogares de amparo y desarrollar estrategias para contar con más familias de acogimiento y de adopción; sabe que la institucionalización del niño, por sí sola, es una afectación de derechos y que ya no caben arreglos chicos.

UNICEF hizo público ayer su informe “Estado mundial de la infancia 2016”, que sistematiza cifras de todos los países del mundo en materia de desarrollo infantil, en indicadores vinculados a la salud, la pobreza y la educación. Gustavo de Armas, especialista en políticas públicas de UNICEF que participó en la presentación del informe, destacó que en los últimos años Uruguay “redujo significativamente la pobreza infantil medida como pobreza de ingresos”.

Hoy y mañana, en la Facultad de Ciencias Sociales, se llevará a cabo el seminario internacional “Adolescentes y jóvenes en foco”. En las mesas se discutirán temas como políticas educativas, convivencia ciudadana, trabajo y participación política. Para aproximarnos a la discusión, hablamos con Verónica Filardo, coordinadora del Grupo de Estudios Urbanos y Generacionales y probablemente la experta uruguaya más importante en temáticas de juventud.

Mañana se presentará la publicación Estimación del Gasto Público Social en Adolescencia y Juventud para Uruguay, que abarca el período 2010-2013. Es un proyecto de investigación que compara el gasto público social en adolescentes y jóvenes (de 15 a 29 años) en Colombia, México, Uruguay y El Salvador, pero ahora se presentan sólo los datos de Uruguay.

Con el objetivo de fomentar una mayor aplicación de las medidas alternativas y su cumplimiento, el Sirpa presentó ayer a jueces, defensores y fiscales el Servicio de Supervisión de Medidas no Privativas de Libertad. El modelo de intervención prevé diseñar y recomendar la medida a implementarse, definir y articular la red de apoyos interinstitucionales públicos y privados para desarrollarla, y supervisar su cumplimiento.

Ayer se presentó formalmente el “Protocolo de comunicación para la Policía frente a situaciones de violencia que involucren a niñas, niños y/o adolescentes”, donde están escritas las recomendaciones a la Policía Nacional (PN) sobre qué está bien y qué está mal decir cuando se comunican situaciones de ese tipo, y que se comenzará a aplicar inmediatamente.

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) presenta hoy ante la Justicia una denuncia penal contra los funcionarios del Centro de Internación Transitoria Rifleros por la fuga de un joven el 2 de enero.

En un libro de 145 páginas, están escritas las recomendaciones a la Policía Nacional sobre qué está bien y qué está mal decir cuando se comunican situaciones de violencia que involucran a niños, niñas y adolescentes. Pero no sólo eso, también se dice por qué. El “Protocolo de comunicación para la Policía frente a situaciones de violencia que involucren a niñas, niños y/o adolescentes” aborda la problemática desde las palabras que se utilizan para referirse a la violencia, y las concepciones erróneas (y acertadas) que existen sobre el tema.

La Convención sobre los Derechos del Niño y numerosos acuerdos a nivel internacional, así como el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) de Uruguay, recomiendan evitar las medidas de privación de libertad para sancionar a los adolescentes que cometen infracciones, y, en cambio, recurrir a una serie de modalidades que no implican la prisión y que fueron definidas por ambas normas. A un cuarto de siglo de que el Estado uruguayo ratificó la convención, y a 11 años de la aprobación del CNA, alrededor de 40% de los adolescentes que cometen delitos va a prisión; esa proporción es mayor en Montevideo, donde más de la mitad son enviados a centros de reclusión.

Los niños nacidos en Uruguay tienen mayor retraso de talla y mayor sobrepeso que lo esperable, según estudio de Udelar.

Discutir las prioridades de la agenda social de este período es algo muy necesario en el actual escenario. No es un tema o un problema sólo de la izquierda. Un debate así debe tener carácter nacional, incluir a todos los partidos, a las organizaciones sociales, la academia y los medios de comunicación.

Más de 120 jóvenes y adolescentes de Uruguay, un grupo de Argentina y un representante de Colombia participaron ayer en el Primer Congreso Latinoamericano de Salud Adolescente. El objetivo fue que los jóvenes plantearan su opinión e hicieran propuestas sobre diez temas relacionados con la salud, para que los profesionales y las instituciones sean realmente accesibles para ellos. Los insumos serán tomados por el Primer Congreso Integrado de Adolescentes, que se desarrolla hoy, y el XXX Congreso de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, que empieza mañana.

La Casa Bertolt Brecht inició hace cinco meses un relevamiento para conocer cuál es el estado de situación de las medidas no privativas de libertad en Uruguay que se aplican a adolescentes infractores.

Columna de opinión.

Para que el trabajo con adolescentes en conflicto con la ley sea “con compromiso y cargado de afecto”, según palabras de la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, ayer quedó constituida la Comisión Asesora Gubernamental del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa).

El directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) brindó ayer una conferencia de prensa en la que aceptó las recomendaciones emitidas en ocho informes por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que depende de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), respecto de la situación en la que se encuentran 44 de los 182 centros del sistema de protección de tiempo completo para niños, niñas y adolescentes.

El senador Sergio Botana presentó un proyecto de ley para procesar con prisión a padres o adultos responsables de adolescentes que comentan una infracción, como parte de una “batería de soluciones” para la seguridad pública. Organizaciones sociales opinan que la propuesta responde a la “alarma social” y fomenta el “populismo punitivo”.

La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) publicó ayer el tercer Informe anual, que presentó a la Asamblea General el 30 de abril. El capítulo referente al Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura se destaca por la síntesis que hace de su labor de monitoreo y denuncias sobre malos tratos y condiciones de encierro en centros del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) y describe las primeras acciones que lleva adelante desde setiembre del año pasado en centros de atención integral y tiempo completo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).