La Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados comenzó el tratamiento del proyecto de ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes frente a la Violencia, presentado por la bancada del Frente Amplio (FA) en noviembre de 2025. La iniciativa fue impulsada por la diputada Inés Cortés unas semanas después de la alarma y la conmoción social que generó el doble infanticidio vicario de una niña y un niño en Soriano, cometido por su padre. El proyecto empieza a discutirse en un momento en el que el tema está en agenda otra vez a raíz de casos que expusieron formas extremas de violencia contra infancias y adolescencias, como el de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años asesinado por su padre a principios de marzo, o el de Moisés Martínez, que el miércoles pasado fue condenado a 12 años de prisión por haber matado a su progenitor violento y abusador.

El proyecto oficialista, que cuenta con 26 artículos, intenta “atender una problemática que tenemos en nuestro país: la desprotección de las infancias y adolescencias frente a los distintos tipos de violencia en la vida”, dijo Cortés al presentar formalmente la propuesta en la reunión de la comisión del martes pasado, según consigna la versión taquigráfica a la que accedió la diaria. En ese sentido, la legisladora explicó que pretende “poner en diálogo todas las leyes relativas a esta problemática y generar algo unificado que atienda muchas de las cuestiones que hemos visto respecto de las fallas del Estado y de la sociedad en cuanto a la protección”.

Cortés explicó que la iniciativa propone abordar “distintas esferas de vulneración de las infancias y adolescencias y los ámbitos en los que están expuestas a la violencia”. Así, contempla medidas para la violencia intrafamiliar, la territorial y la que se da en los entornos digitales.

Respecto de la violencia intrafamiliar, la propuesta plantea revisar algunos aspectos del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) y de la Ley 19.580 de violencia basada en género. En cuanto a la violencia territorial o comunitaria, la diputada dijo que es un tipo de violencia que “ni siquiera se reporta por parte del Estado” y citó un monitoreo de la Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAS) que mostró que en 2025, “en promedio, cada seis días un niño, niña o adolescente fue herido de bala por disputas territoriales en los barrios”.

En materia de violencia digital, Cortés dijo que este proyecto es “complementario” de otro que está tratando en el Senado sobre el tema –que busca penalizar la difusión de contenido sexual creado con inteligencia artificial–, en tanto lo que propone es “un marco general que trata de incorporar las plataformas a la hora de generar mecanismos accesibles para que las infancias puedan denunciar determinados contenidos que vulneren sus derechos”. En particular, plantea modificar el artículo 123 del CNA, que define las distintas formas en las que se expresa el “maltrato y la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes” para incorporar la violencia en los entornos digitales.

Por otro lado, la iniciativa plantea modificar la Ley 19.580 para agregar el concepto de violencia vicaria, que en el texto se define como “toda acción u omisión que se ejerza sobre hijos o hijas, o sobre personas del grupo familiar o afectivo de la mujer, y que tenga por objeto o resultado menoscabar o dañar su integridad física, psicológica, económica o patrimonial”.

“Establecemos esto, básicamente, porque hemos asistido a distintos hechos de violencia vicaria y de violencia vicaria extrema, que son los filicidios”, argumentó Cortés ante la comisión. “Nuestra legislación quedó corta en este sentido; por lo menos, tiene un vacío. Lo que intentamos a través de esta norma es sanear esa situación, incorporando este tipo de violencia a la ley vigente”, explicó.

Vinculado a esto, la propuesta también plantea tipificar el filicidio como un agravante del homicidio en el Código Penal. El artículo propuesto establece que “constituye una circunstancia especialmente agravante del homicidio el cometerlo contra un hijo o hija, o contra una persona bajo guarda, tutela o cuidado, con el propósito de causar daño, sufrimiento o menoscabo a su madre, padre o al otro progenitor, en el contexto de violencia basada en género o doméstica”.

Modificaciones a la ley de tenencia compartida

El proyecto busca modificar los artículos 3, 4 y 8 de la ley de tenencia compartida, con el objetivo de volver a la redacción del CNA que regía antes de la aprobación de esta norma, en 2023. El artículo 3 regula situaciones sin acuerdo determinando que, si los progenitores no pactan, el juez dictará tenencia compartida o el régimen más adecuado según el interés superior del menor, buscando la corresponsabilidad, mientras que el 4 es el que habilita al juez a mantener el régimen de tenencia compartida y las visitas aun cuando existan medidas cautelares contra un progenitor. El artículo 8, en tanto, establece sanciones para el progenitor que incumpla de manera injustificada el régimen de visitas y habilita a la otra parte a acudir al juez, que puede ordenar la comparecencia inmediata de la persona incumplidora y, en caso de que entienda “inmotivada la resistencia”, podrá obligar a “la entrega” del niño “a la parte que lo reclama”.

Además, el proyecto propone derogar el artículo 15 de esa ley, que es el que crea un agravante para quienes hagan denuncias falsas contra una persona con la que tienen hijos en común. “La falsa denuncia ya está en el artículo 179 del Código Penal. Está vigente para cualquier tipo de falso testimonio, de falso delito. Así que no nos parecía necesario generar un agravante en estas situaciones en particular, en las que sabemos que las pruebas son más difíciles de demostrar porque tienen que ver con situaciones que ocurren en el ámbito familiar, puertas adentro y, por lo general, no hay testigos. En última instancia, esto termina por desestimular este tipo de denuncias y el afán de protección, cuando realmente hay situaciones que ameritan una denuncia y una protección por parte del Estado”, señaló Cortés.

“En la discusión a muchos nos parecía que algunas modificaciones [que estableció la ley de tenencia compartida] eran irrelevantes o innecesarias y que, en realidad, perforaron un Código que había sido diseñado integralmente, con una lógica de protección y de resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, manifestó la diputada.

Dudas de la oposición sobre modificaciones a la ley de tenencia compartida

Luego de la presentación del proyecto, la presidenta de la comisión, la diputada del Partido Nacional Fernanda Auersperg, planteó algunas dudas sobre las modificaciones a la ley de tenencia compartida. Específicamente, se refirió al artículo que prevé la prohibición de las revinculaciones forzadas de niñas, niños y adolescentes “con progenitores, tutores o familiares que sean autores o presuntos autores de violencia”. “¿Cómo se compatibiliza el derecho del niño a mantener vínculos con ambos progenitores con la prohibición de revinculación en determinados supuestos? ¿Cuáles son los criterios objetivos que están previendo para resolver esa tensión?”, consultó la legisladora nacionalista. A la vez, expresó “preocupación” respecto de la consideración de “presuntos” autores de violencia: “¿Cómo se resguardan las garantías del debido proceso y el principio de inocencia? ¿Se evaluó el impacto que esta prohibición podría tener en conflictos familiares judicializados?”, cuestionó.

En lo relativo al régimen de visitas, preguntó “cómo se equilibra la utilización de mecanismos coercitivos con la intervención de la fuerza pública y con el interés superior del niño, que es por lo que todos tenemos que velar” y si “se evaluaron alternativas menos invasivas”.

Cortés respondió que “está establecido a texto expreso” en el proyecto el derecho “a mantener, en casos de ruptura familiar, vínculo con ambos progenitores”. “Acá hay que hacer una diferencia muy interesante y muy oportuna: una cosa es el derecho de familia, y otra el derecho penal [...] Las medidas de protección y de precaución, que son las medidas cautelares, corresponden a la órbita del derecho de familia”, dijo, y agregó que, por otro lado, “están las pruebas y el principio de inocencia, que se ha citado, incluso, en la discusión de la Ley 20.141 [de tenencia compartida]; eso corresponde al derecho penal”. “En consecuencia, el hecho de que haya medidas de protección bajo ningún concepto pone en tela de juicio el principio de inocencia. Son cosas distintas, esferas que corren por distintos carriles; es un problema que tenemos como Estado”, enfatizó.

Auersperg también preguntó si la alerta Amber –el sistema para la búsqueda temprana de niñas, niños y adolescentes desaparecidos que se aprobó por ley en 2024– está contemplada, ya que el proyecto “trata de unificar todo lo que es la protección a la infancia”. Cortés dijo que no estuvo en el diseño de la propuesta, pero que el comentario es “de recibo” y que “hay que incorporarlo”.

En la sesión de la comisión del 10 de marzo, la primera de este año tras el receso parlamentario, Auersperg había propuesto que en vez de desarrollar la “bastante extensa” agenda de convocatorias que se diseñó el año pasado para tratar el proyecto, se les “adelante” el texto a las organizaciones y se les pida que envíen sus comentarios y evaluaciones, “porque, si no, el estudio de este proyecto nos va a llevar todo el año”, según consta en la versión taquigráfica de ese día. El resto de la comisión estuvo de acuerdo, incluida Cortés, que resaltó la necesidad de tratar este proyecto “con celeridad”.

El documento fue enviado al Instituto de Derecho de Familia y al Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República (Udelar) –este último fue el único que respondió, por el momento–, la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, la Asociación de Magistrados del Uruguay, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, la Institución Nacional de Derechos Humanos, Unicef, el Instituto Nacional de las Mujeres, PIAS, la Intersocial Feminista y la plataforma Vía al 8M. La diputada Cortés dijo que a esta lista inicial se agregarán las facultades de Psicología y de Ciencias Sociales de la Udelar, y afirmó que está abierta a que se sigan sumando todas las voces que la comisión considere necesarias.