La Intendencia de Montevideo (IM) presentó este lunes el Plan por la Diversidad Afectiva, Sexual y de Género 2026–2030, un documento elaborado con la participación de distintos colectivos, organizaciones y mesas territoriales, que tiene como objetivo reducir las brechas que existen para las personas LGBTI+ en la capital. El proceso participativo incluyó instancias presenciales –con colectivos que integran la Mesa Departamental de la Diversidad, espacios de consulta con infancias, adolescencias y personas mayores, propuestas de la Mesa de Diversidad del Municipio D, aportes de vecinas y vecinos, e instancias de intercambio organizadas por la sociedad civil– y un formulario web abierto a toda persona que vive, trabaja o estudia en Montevideo. Como resultado, más de 100 personas hicieron sus aportes.
Los insumos sirvieron para identificar los principales desafíos en materia de diversidad en la ciudad. Sobre esa base, se definieron las líneas de acción del plan, que finalmente quedaron plasmadas en 130 propuestas divididas en tres ejes estratégicos: uno que reúne las acciones vinculadas a educación, trabajo, vivienda, salud, cuidados, cultura, deporte y turismo, como “condiciones materiales indispensables para una vida digna”; otro que aborda la no discriminación, los espacios públicos, el transporte, la participación comunitaria y el fortalecimiento del Centro de Referencia LGBTIQ+ que la IM inauguró en 2024; y un tercero que refiere a los cambios dentro de la propia comuna.
“Hoy en Uruguay tenemos igualdad legal, pero es una igualdad legal imperfecta; todavía falta camino por recorrer”, reconoció Andrés Scagliola, coordinador de la Secretaría de la Diversidad de la IM, durante la presentación. En esa línea, dijo que “persisten brechas de discriminación en todos los derechos que se les ocurra”, como “en educación, trabajo, salud, vivienda, cultura, deporte y cuidados”, a la vez que “persiste todavía una aplicación absolutamente insatisfactoria en la Ley Integral para Personas Trans”. “Nosotros no queremos pasar por esta instancia con ustedes sin reconocer, como parte del Estado, que esa situación efectivamente se está dando y como IM vamos a hacer todo lo posible para que esa ley se aplique a cabalidad”, prometió el referente, y dio a entender que el plan va también en esa dirección.
Por su parte, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, celebró la concreción del plan y afirmó el compromiso del gobierno departamental “de llevar este plan a los hechos, a la realidad, porque en última instancia de lo que se trata es de transformar la sociedad, de cambiar para bien la vida de la gente y en particular de tantos colectivos que no hacen más que luchar por lo que todos deberíamos luchar que es por que todos, todas y todes podamos ejercer nuestros derechos en todas las dimensiones”.
El plan asegura que la implementación de las iniciativas se hará con una mirada “interseccional, transfeminista, antirracista, anticapacitista e intercultural, con las patas en el barrio”, y adelanta que la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo tendrá a cargo la evaluación externa hacia el final del período. Las 130 propuestas están detalladas una a una en el documento, que incluye la consultoría técnica de Marcela Schenck y Agus Araújo, el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas, y que está disponible en la web de la IM.
Ciudad de derechos
El primer eje reúne las propuestas orientadas a garantizar “derechos básicos y condiciones materiales de vida digna” para personas LGBTI+, con foco en personas trans. En esa línea, contempla propuestas sobre educación, trabajo, vivienda, salud, cuidado, cultura y deporte.
En el ámbito de la educación, propone acciones de formación en diversidad para todos los niveles, así como el seguimiento de protocolos de identidad de género y la promoción de entornos educativos seguros. Esto incluye talleres de educación sexual integral y formación continua de docentes, autoridades y funcionariado, la contratación de docentes trans, la elaboración de materiales y guías de buenas prácticas, y la realización de talleres dirigidos a familias. También se contempla la creación de protocolos de actuación y espacios de apoyo ante situaciones de acoso, el otorgamiento de becas y el acompañamiento a personas que hayan abandonado sus estudios.
En el terreno de la salud, se plantea el cumplimiento efectivo de las disposiciones de la ley trans, lo que, entre otras cosas, incluye asegurar la cobertura de tratamientos hormonales y cirugías en todos los prestadores de salud, así como la conformación de equipos interdisciplinarios en salud mental, pediatría y endocrinología, con foco en niñez, adolescencia y masculinidades trans. A su vez, se propone la capacitación acreditada de todo el personal de salud, la elaboración de guías de buenas prácticas, la provisión de servicios psicológicos y psiquiátricos especializados, campañas de prevención del suicidio y el fortalecimiento de las policlínicas municipales.
El plan prevé además acciones de testeo rápido de VIH y campañas asociadas, la creación de programas de salud integral para personas trans y no binarias, y la promoción de la atención específica para lesbianas mediante la elaboración de un protocolo que contemple, entre otras cosas, orientación en reproducción humana asistida. Otras propuestas están orientadas a reforzar la atención a personas que viven con VIH, con la creación o el fortalecimiento de servicios específicos, como una policlínica integral para personas trans y espacios de salud LGBTI+ con información sobre enfermedades de transmisión sexual y profilaxis preexposición.
En el área de empleo, se plantea cumplir con el cupo laboral trans y desarrollar talleres de sensibilización dirigidos a tribunales de concursos y a oficinas donde se incorpore personal trans, además de formación en derechos laborales y empleabilidad en el Centro LGBTIQ+. Al mismo tiempo, se propone desarrollar programas de inclusión laboral que “superen estereotipos ocupacionales y modalidades de empleo exclusivamente zafrales”, programas piloto de inserción laboral para personas trans en ámbitos municipales y privados, y convenios con empresas privadas con incentivos para la contratación inclusiva y el énfasis en empleo estable y no temporal.
En materia de vivienda, el plan establece la creación de un programa municipal de acceso a vivienda para personas trans, que incluya garantías y subsidios de alquiler, así como la realización de convenios con cooperativas de vivienda para incluir cupo trans. A su vez, propone la construcción de viviendas de inclusión sin separación por género y la reutilización de fincas abandonadas para la creación de sedes de organizaciones y soluciones habitacionales. También contempla la creación de hogares de tránsito y acompañamiento para juventudes LGBTI+ expulsadas del hogar.
Entre las medidas vinculadas al deporte aparecen los talleres de sensibilización sobre identidades trans dirigidos al personal y a personas usuarias de gimnasios, y, en cultura, el financiamiento de proyectos artísticos trans.
Derecho a la ciudad y compromiso puertas adentro
Las propuestas de este segundo eje están centradas en la visibilidad, la no discriminación, el uso del espacio público, la participación social y el fortalecimiento de dispositivos institucionales de referencia, entre los cuales el Centro de Referencia LGBTIQ+ ocupa un lugar central.
Para la visibilidad, se proponen campañas culturales y mediáticas sobre masculinidades trans diversas, así como “campañas masivas y permanentes en el transporte y en espacios públicos que celebren la diversidad, otras de apreciación cultural inclusiva y la producción de materiales educativos accesibles, incorporando lectura fácil, pictogramas, lengua de señas y audiodescripción”. Otra propuesta tiene que ver con la difusión de materiales y guías informativas accesibles sobre derechos, infancias y familias diversas.
En cuanto al abordaje de situaciones de violencia y discriminación, se proponen mecanismos de denuncia directa, como líneas telefónicas o aplicaciones, acompañados de protocolos de respuesta y seguimiento. También la capacitación en diversidad para servicios como la línea 4141 –de atención a situaciones de violencia de género– y la creación de un equipo técnico específico para la atención de casos de violencia.
En relación con el uso del transporte y de los espacios públicos, se proponen iniciativas como protocolos que garanticen el uso seguro de baños y vestuarios para personas trans, así como la implementación de una boletera para personas trans y no binarias que facilite su movilidad cotidiana, reduciendo barreras económicas y discriminatorias.
En lo que respecta al fortalecimiento del Centro de Referencia, se prevé la asignación de recursos humanos y financieros, la ampliación de los días y horarios de apertura, y la incorporación de personal técnico y administrativo dedicado. A su vez, se propone la conformación de un equipo técnico específico para la recepción y orientación ante situaciones de discriminación, exilio por identidad sexual, cambio de nombre y otras demandas vinculadas al acceso a derechos.
Este eje estratégico también plantea acciones dirigidas a garantizar derechos para las vejeces trans, las personas privadas de libertad y liberadas, y la población LGBTI+ en situación de calle.
El último eje, finalmente, está orientado a transformar la institucionalidad pública, y tiene propuestas que apuntan a cambios en la estructura de gobierno, en los modos de gestión, en la producción y uso de información, en la formación del funcionariado, en la articulación interinstitucional y en la garantía de accesibilidad, con el objetivo de “fortalecer políticas de diversidad sexual y de género de carácter transversal”. Esto incluye, por ejemplo, jerarquizar la Secretaría de la Diversidad de la IM elevándola a nivel de gabinete, protocolos inclusivos en los servicios y formación del funcionariado.