La Intendencia de Montevideo (IM) presentó este lunes el Plan por la Diversidad Afectiva, Sexual y de Género 2026–2030, un documento elaborado con la participación de distintos colectivos, organizaciones y mesas territoriales, que tiene como objetivo reducir las brechas que existen para las personas LGBTI+ en la capital. El proceso participativo incluyó instancias presenciales –con colectivos que integran la Mesa Departamental de la Diversidad, espacios de consulta con infancias, adolescencias y personas mayores, propuestas de la Mesa de Diversidad del Municipio D, aportes de vecinas y vecinos, e instancias de intercambio organizadas por la sociedad civil– y un formulario web abierto a toda persona que vive, trabaja o estudia en Montevideo. Como resultado, más de 100 personas hicieron sus aportes.
Los insumos sirvieron para identificar los principales desafíos en materia de diversidad en la ciudad. Sobre esa base, se definieron las líneas de acción del plan, que finalmente quedaron plasmadas en 130 propuestas divididas en tres ejes estratégicos: uno que reúne las acciones vinculadas a educación, trabajo, vivienda, salud, cuidados, cultura, deporte y turismo, como “condiciones materiales indispensables para una vida digna”; otro que aborda la no discriminación, los espacios públicos, el transporte, la participación comunitaria y el fortalecimiento del Centro de Referencia LGBTIQ+ que la IM inauguró en 2024; y un tercero que refiere a los cambios dentro de la propia comuna.
“Hoy en Uruguay tenemos igualdad legal, pero es una igualdad legal imperfecta; todavía falta camino por recorrer”, reconoció Andrés Scagliola, coordinador de la Secretaría de la Diversidad de la IM, durante la presentación. En esa línea, dijo que “persisten brechas de discriminación en todos los derechos que se les ocurra”, como “en educación, trabajo, salud, vivienda, cultura, deporte y cuidados”, a la vez que “persiste todavía una aplicación absolutamente insatisfactoria en la Ley Integral para Personas Trans”. “Nosotros no queremos pasar por esta instancia con ustedes sin reconocer, como parte del Estado, que esa situación efectivamente se está dando y como IM vamos a hacer todo lo posible para que esa ley se aplique a cabalidad”, prometió el referente, y dio a entender que el plan va también en esa dirección.
Por su parte, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, celebró la concreción del plan y afirmó el compromiso del gobierno departamental “de llevar este plan a los hechos, a la realidad, porque en última instancia de lo que se trata es de transformar la sociedad, de cambiar para bien la vida de la gente y en particular de tantos colectivos que no hacen más que luchar por lo que todos deberíamos luchar que es por que todos, todas y todes podamos ejercer nuestros derechos en todas las dimensiones”.
El plan asegura que la implementación de las iniciativas se hará con una mirada “interseccional, transfeminista, antirracista, anticapacitista e intercultural, con las patas en el barrio”, y adelanta que la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo tendrá a cargo la evaluación externa hacia el final del período. Las 130 propuestas están detalladas una a una en el documento, que incluye la consultoría técnica de Marcela Schenck y Agus Araújo, el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas, y que está disponible en la web de la IM.
Ciudad de derechos
Para el primer eje, los colectivos hicieron propuestas orientadas a garantizar “derechos básicos y condiciones materiales de vida digna” para personas LGBTI+, con foco en personas trans. En esa línea, contemplaron iniciativas sobre educación, trabajo, vivienda, salud, cuidado, cultura y deporte.
En base a esto, los compromisos de la IM incluyen, por ejemplo, impulsar formaciones específicas y acreditables para personas travesti/trans en sectores dinámicos de empleo para el acceso al mercado de trabajo y a llamados públicos, con la meta inicial de formar a al menos 60 personas trans, así como formación en gestión de emprendimientos de economía social y solidaria. En la misma línea, se plantea poner en marcha el Programa PAULA para acompañar a personas travesti/trans en procesos de formación e inclusión laboral. Además, la comuna se compromete a garantizar apoyos oportunos para personas travesti/trans en situación de exclusión social, en asuntos como salud bucal, ocular y boletos para el transporte público.
A nivel interno, la IM también se pone como horizonte cumplir la cuota de 1% de los puestos de trabajo que establece la ley trans, y “priorizar proveedores de servicios a la Secretaría de la Diversidad que cuenten en sus equipos con personas trans”.
En el terreno de la educación, se propone “generar materiales educativos sobre diversidad afectiva, sexual y de género construidos con la participación de colectivos trans* y de colectivos de familias diversas”, y generar al menos diez espacios sobre diversidad afectiva, sexual y de género en ámbitos educativos formales y no formales.
En materia de vivienda, dos compromisos: por un lado, apoyar los esfuerzos de alternativas de vivienda para personas LGBTI+ en formatos colectivos y/o cooperativos; por el otro, crear una casa comunitaria transitoria para personas LGBTI+ en riesgo de exclusión social.
Para garantizar la salud integral de estas poblaciones, algunas de las propuestas tienen que ver con formar a las policlínicas en atención de las personas LGBTI+, asegurar que al menos una policlínica de la IM por municipio contemple la atención integral para personas travesti/trans, y generar un espacio de intercambio de experiencias sobre atención psicológica y psiquiátrica especializada en las problemáticas de las disidencias. A su vez, se propone realizar una campaña informativa sobre las personas intersex y contribuir a reforzar la normativa para garantizar los derechos de esta población; en concreto, se plantea como meta la reglamentación del artículo 22, Literal J, de la Ley 19.580, que prohíbe las intervenciones quirúrgicas innecesarias en las personas intersexuales.
También se plantea como objetivos generar espacios en los que se aborde la prevención, el diagnóstico y la atención de infecciones de transmisión sexual (ITS), “libre de prejuicios y estigmas, y con un enfoque comunitario”, y promover el acceso al testeo rápido de VIH y otras ITS en policlínicas y espacios públicos.
En el área de la cultura, hay una decena de propuestas, que incluyen continuar con la promoción de artistas lesbianas y trans –con nuevas ediciones del Festival de Arte Lésbico Insumisxs y de la Semana de Arte Trans–, generar un proyecto de incubación y mentoría para artistas LGBTI+ emergentes, y extender la experiencia de entradas gratuitas al Teatro Solís para personas usuarias de la Tarjeta Uruguay Social Trans a todos los teatros y centros culturales de la IM.
En tanto, entre las medidas vinculadas al deporte aparecen la creación de una guía para la inclusión de la diversidad afectiva, sexual y de género en el deporte, y realizar eventos masivos “contra los discursos de odio y las violencias contra las personas LGBTI+”.
Derecho a la ciudad
Las propuestas de la sociedad civil para este segundo eje estaban centradas en la visibilidad, la no discriminación, el uso del espacio público, la participación social y el fortalecimiento de dispositivos institucionales de referencia, entre los cuales el Centro de Referencia LGBTIQ+ ocupa un lugar central.
En los compromisos asumidos, la IM propone crear los Puntos Arcoíris para la promoción de derechos de las personas LGTBI+ y la atención frente a situaciones de acoso o discriminación en actividades masivas, implementar el proyecto “Memorias Disidentes” con la instalación de placas en el espacio público, y generar espacios seguros para personas trans en las playas en verano. Otra medida para adoptar en el quinquenio es “adecuar la normativa departamental a la realidad existente de baños individuales públicos o de uso público sin segregación de género, tanto permanentes como químicos”.
Por otra parte, se propone ampliar los espacios grupales seguros de acompañamiento para infancias y adolescencias trans y no binarias, incluir el enfoque de diversidad en el dispositivo de atención a situaciones de abuso y maltrato a personas mayores, y organizar en el Centro de Referencia actividades para personas LGBTI+ con discapacidad, afrodescendientes y migrantes. A su vez, hay una apuesta por “potenciar” la atención psicosocial, la orientación y la derivación de personas LGTBI+ a servicios y prestaciones sociales.
Este eje estratégico también plantea acciones dirigidas a garantizar la inclusión laboral de las personas LGBTI+ privadas de libertad, liberadas y en situación de calle, así como los derechos de las personas trans que ejercen el trabajo sexual.
Transformación institucional
El último eje, orientado a transformar la institucionalidad pública, incluía propuestas de los colectivos para cambios en la estructura de gobierno, los modos de gestión, la producción y uso de información, la formación del funcionariado, la articulación interinstitucional y la garantía de accesibilidad, con el objetivo de “fortalecer políticas de diversidad sexual y de género de carácter transversal”.
Entre los compromisos asumidos puertas adentro, surge promover la formación en diversidad de al menos 1.000 personas del servicio público en esta administración, crear protocolos con esta perspectiva en “procesos clave”, como, por ejemplo, los que dan respuesta a la violencia basada en género –y analizar los ya existentes para mejorarlos–, y crear el Observatorio LGBTIQ+ de Montevideo, en convenio con la Universidad de la República.
Otras líneas de acción tienen que ver con promover una “investigación anual sobre las otras formas de habitar el género y la sexualidad, y cómo se vinculan con su habitar en la ciudad”, consolidar la participación de los colectivos sociales en la política pública a través de la Mesa de la Diversidad, y presentar anualmente a la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental los informes de seguimiento del plan.