Tenía 29 años, era profesora, militante, concejala del Frente Amplio en Los Cerrillos, y hoy es otra víctima de la violencia machista, en una larga e insoportable lista que lleva Uruguay.
Como fenómeno social, el femicidio está atravesado por relaciones complejas en las que intervienen diversos actores. Esta complejidad se puede vislumbrar en las distintas formas en que se conceptualiza el fenómeno y, por lo tanto, también en la gran diversidad de estrategias desde las cuales se intenta abordarlo. Ante esto, resulta fundamental considerar la estadística como un insumo central para la formulación de políticas públicas, en tanto permite dimensionar la magnitud del problema, identificar riesgos y construir respuestas institucionales en base a datos objetivos.
En Uruguay, los datos más recientes del Ministerio del Interior indican que durante 2025 se registraron 35.443 denuncias por violencia doméstica y de género, lo que equivale a 117 denuncias por día, es decir, una denuncia cada 12 minutos. En ese mismo período, cada 11 días se mató o se intentó matar a una mujer por su condición de tal. En otro orden, el Observatorio de Violencia de Género del Ministerio de Desarrollo Social señala que 76,7% de las mujeres de 15 años o más vivieron situaciones de violencia en algún ámbito a lo largo de su vida, ya sea violencia psicológica, física, sexual, económica o patrimonial.
Hablar de violencia basada en género implica pensar en un problema social que tiene orígenes en relaciones históricas de desigualdad y no en la salud mental, como muchas veces se quiere instalar. Ambas dimensiones –la salud mental y la violencia basada en género– requieren prioridad en nuestras agendas políticas, pero es conceptualmente imprescindible discriminarlas y evitar reduccionismos. La violencia hacia las mujeres existe desde tiempos remotos en la sociedad y, desde hace ya varios años, venimos transitando un camino en el que se comenzaron a allanar de manera significativa las condiciones para que las violencias contra las mujeres sean ignoradas, poco cuestionadas y, en el peor de los casos, hasta justificadas. Esto, necesariamente, debe preocuparnos, pero además movilizarnos.
En torno a la situación de Los Cerrillos hay un elemento relevante que no puede dejar de ponerse sobre la mesa y tiene que ver con el vínculo entre las violencias machistas y las fuerzas policiales. Que el femicida integrara el Grupo de Reserva Táctica de la Jefatura de Montevideo no es un dato secundario ni irrelevante. De hecho, debería hacernos preguntar seriamente por los mecanismos de evaluación, seguimiento, utilización de armas y la construcción de masculinidades hegemónicas a la interna de las instituciones armadas del Estado. También corresponde señalar que el femicida atacó en primer lugar a quien fuera la pareja actual de la víctima, antes de ir por ella. De aquí se desprende un mensaje profundamente patriarcal que tiene que ver con afirmar la posesión de las mujeres y decidir sobre sus cuerpos y proyectos de vida.
¿Qué transmite este hecho además de lo que se ve a simple vista? En primera instancia, la mujer que decide terminar la pareja es castigada con el objetivo de disciplinar su deseo y reafirmar el poder del agresor sobre lo que entiende que es de su propiedad. Pero hay algo que subyace a este mensaje: lo que se pone en juego en estos casos es una estructura sociocultural que históricamente enseñó a muchos hombres que la masculinidad se construye a través de la dominación, la apropiación y el control. Como propone Rita Segato, las violencias extremas tienen una dimensión expresiva y otra pedagógica. Producen un mensaje dirigido al conjunto de la sociedad sobre quién tiene poder y cuáles son los límites que el orden patriarcal impone sobre las mujeres. Por eso, un femicidio jamás puede identificarse como “crimen pasional”, “arrebato” o “tragedia íntima” como se le denominaba tiempo atrás.
Para hablar sobre violencia basada en género es importante pensar en sus diversas expresiones; sería superficial agotar el análisis en las manifestaciones visibles porque la trama es muchísimo más compleja y profunda. En cuanto al femicidio como tal, se trata del extremo de un continuo de violencias que incluye manifestaciones como la violación, el acoso sexual y el maltrato físico, entre otras. Pero para entender ese continuo de violencias hay que pensar en los componentes que funcionan de forma sinérgica. Por un lado, la violencia directa representa la manifestación física, verbal, o psicológica de las violencias, como expresión extrema de relaciones históricas de poder. Por otro lado, hay que referir a la violencia estructural, que funciona de modos invisibles a través de los sistemas y se manifiesta en desigualdades económicas, sociales o políticas que colocan a las mujeres en situaciones de mayor fragilidad y vulnerabilidad. Un ejemplo claro de esto tiene que ver con la sobrecarga en los cuidados que llevamos a cuestas las mujeres o la brecha salarial. En ambos casos, las categorías fueron elaboradas por Galtung en el marco de sus teorías de investigación para la paz.
En otro orden, la dimensión cultural y simbólica de las violencias, que fue desarrollada por Pierre Bourdieu, tiene que ver con aquellas violencias que actúan para hacernos creer naturales ciertas jerarquías de género. Ello se da a través de discursos, representaciones de orden cultural y prácticas cotidianas que no cuestionan, que sostienen e incluso amparan diversas formas de dominación. Alcanza con observar a quiénes se homenajea en nuestras ciudades con nombres de calles y monumentos, o qué valor se le da al lugar de las mujeres en la historia. En esta dirección, las violencias contra las mujeres no son hechos puntuales ni irracionales, sino prácticas sostenidas por estructuras sociales que producen y reproducen desigualdad. Comprender estas dimensiones resulta fundamental para evitar lecturas simplistas que reducen el problema a un único hecho o a situaciones puntuales del ámbito privado o individual, invisibilizando las condiciones sociales y culturales que permiten y tristemente motivan su persistencia.
Es preocupante la forma en la que socialmente nos hemos embarcado para responder ante estas situaciones. Se comparten fotos en redes sociales, declaraciones, se genera una indignación colectiva, pero luego, poco a poco, se vuelve a olvidar. Estamos enfrentando niveles de violencia inimaginables. ¿Cómo llegamos a esto? Hay autoras de referencia, como Butler, que afirman que para el orden social hay vidas que se consideran “menos dignas” de duelo y de ser protegidas que otras. Quizás esta sea una de las razones por las cuales los femicidios duran solo unas pocas horas en la agenda pública y se reemplazan rápidamente por otras noticias.
Pero hay algo aún más profundo. Las cifras muestran que la violencia basada en género en Uruguay continúa siendo estructural y persistente. Que existe una trama sostenida de violencias que atraviesa la vida cotidiana de miles de mujeres y que debe ser analizada en conjunto con el estudio de otras transformaciones contemporáneas como el aumento de la desigualdad, la precarización laboral, la feminización de la pobreza, entre otras. El lenguaje de la violencia se aprende, se interioriza, se reproduce y se naturaliza. Y es allí donde necesitamos mirar, para poder pensar cómo actuar.
No alcanza con indignarnos cada vez que ocurre un femicidio. La indignación sin acciones transformadoras corre el riesgo de volverse un ritual. Necesitamos ir más allá de la consternación. Necesitamos respuestas que apunten a integrar diversas aristas del problema como la dimensión política, la social o la cultural.
Uno de los pocos movimientos políticos que han advertido sobre las transformaciones sociales son los feminismos, que no solo denuncian desigualdades de género, sino que buscan cuestionar una forma de organización social que naturaliza violencias y legitima diversas formas de dominación y jerarquización. Por esto, el feminismo incomoda tanto, porque viene a romper con la normalidad sobre la que tantas sociedades y centros de poder se sostienen, obligando a revisar todo aquello que durante mucho tiempo era intocable. No se trata de una lucha exclusiva de las mujeres para las mujeres, sino de la búsqueda de una sociedad más justa.
Es necesario fortalecer las respuestas institucionales, la construcción de redes, la posibilidad de generar vínculos basados en el cuidado y la dignidad humana. Quizás en este punto la pregunta que deberíamos tratar de responder es qué tipo de sociedad queremos mientras tratamos de combatir estos hechos aberrantes. No alcanza con indignarnos cada vez que ocurre un femicidio. La indignación sin acciones transformadoras corre el riesgo de volverse un ritual. Necesitamos ir más allá de la consternación. Necesitamos respuestas que apunten a integrar diversas aristas del problema como la dimensión política, la social o la cultural para entender la gravedad de lo que estamos atravesando en nuestro país y en el mundo. Para abordarlo hay muchas alternativas posibles, así como otras que son ineludibles. Una de ellas es priorizar en el presupuesto la Ley 19.580 de violencia basada en género que ofrece un marco normativo integral en esta línea.
Existe una distancia grande entre la dimensión pública que adquiere cada femicidio y los recursos que históricamente han sido destinados a prevenir la violencia basada en género en nuestro país. Uruguay cuenta con marcos normativos de vanguardia y consensos democráticos relevantes en esta materia, pero las políticas requieren presencia territorial, formación permanente, capacidad de respuesta y equipos interdisciplinarios que no trabajen al límite de la precarización. Quizás ahí aparezca una de las discusiones más incómodas pero necesarias que tenemos que darnos con urgencia: ¿qué lugar ocupa el cuidado de la vida de las mujeres en las políticas públicas? En ellas se expresan intenciones y prioridades, así como qué problemas se consideran urgentes y cuáles pueden seguir esperando.
Ojalá podamos honrar la memoria de quienes han sido víctimas de estas situaciones no solo desde el dolor o la indignación, sino desde la responsabilidad colectiva de transformar aquello que lleva a que estas violencias ocurran y persistan en el tiempo. Que su memoria nos interpele a no mirar hacia otro lado.
Florencia Astori es presidenta de la Comisión de Género, Feminismos y Disidencias del Frente Amplio y diputada suplente por el Espacio Socialdemócrata Amplio.