Investigar la corrupción afecta pilares de la sociedad y de la cultura política del país, que parece tan blindada de ello. Más allá de las irregularidades en sí mismas, afecta a personas, sectores empresariales, partidos políticos y sus figuras principales, y, por ende, a la democracia en su cerno. Investigar duele, pero también sana.
Primero, una reflexión. El eje medular de la política es la confianza, la credibilidad en el conjunto de ideas y en la ética. No es solamente el campo ideológico que se puede compartir entre las personas, sino que la “praxis” –la implementación– tenga un campo de acción para poder interactuar y coordinar con ideas y grupos de personas que piensen diferente. Ahí la ética pública juega un rol, donde muchas veces el cómo hace al qué, o más simple: la forma es también el fondo.
Segundo punto, concreto: hemos investigado a través de diversos mecanismos legislativos, constitucionales, administrativos y ciudadanos, durante más de cinco años, múltiples irregularidades de la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) durante el período pasado: abuso de funciones o de poder, desvíos de dineros públicos a privados, favoritismo notorio a algunas empresas, en cantidades extremadamente altas, con constantes y persistentes señales de alarma de organismos de contralor. Todo ello evidencia apartamientos claros de las buenas prácticas de gestión pública establecidas en nuestro ordenamiento jurídico. Lo sabemos porque hemos analizado con seriedad, meticulosidad, profundidad y análisis, tanto información pública como comparecencias de exautoridades al Parlamento y otras herramientas institucionales disponibles.
Estas investigaciones han sido analizadas en muchas dimensiones –económica, de ética pública, administrativa, jurídica– y nos han puesto una alarma que nos hace concluir que hay fuertes indicios de corrupción. Esta conclusión surge del análisis acumulado de más de 20 pedidos de informes, solicitudes de acceso a la información pública, auditorías y demás actuaciones realizadas durante estos años. En ese sentido, es importante mencionar los puntos siguientes.
Contratación a ITHG para traslados. Contratación a una empresa “fantasma” –ITHG proveedores marítimos SAS– que estaba registrada en la Administración Nacional de Puertos (ANP), pero no funcionaba ni siquiera como proveedora marítima, que llega a ASSE por una vía informal e inconclusa según declaración de autoridades, que presentó cotizaciones antes incluso de que la administración les solicitara precios a empresas vinculadas al área; que hizo traslados durante más de tres años sin habilitación del Ministerio de Salud Pública (MSP) y que se inscribió en el registro de proveedores del Estado (RUPE) días después de que ASSE la contratara, en la que se gastaron más de 50 millones de dólares, un gasto observado en su totalidad, reiteradamente, por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR). Empresa de “servicios marítimos” que facturó solo para ASSE y para ningún otro organismo ni empresa. Hay más, y está todo documentado. Hay que investigar más a fondo porque sin dudas hay responsabilidades políticas y jurídicas.
Compras al Círculo Católico. A menos de un mes de asumir las autoridades anteriores solicitaron que se pagara todo lo adeudado a una empresa, de forma directa y a través de un correo electrónico, empresa de la que quienes arribaban a la gestión pública de ASSE habían sido hasta hacía menos de dos meses ante autoridades y cargos de confianza. Luego de esta señal de alarma y favoritismo de pago a una única empresa de todas a las que ASSE adeudaba, y bajo los mismos convenios que ya se tenían, se incrementaron las compras a CTI de adultos y pediátricos más de 60% los primeros dos años. Otorgaron preferencia de envío de pacientes a esta empresa y no a otras del sector; contrataron servicios en Canelones, Maldonado, San José, Colonia y otros lugares con convenios donde únicamente ASSE hacía compras, sin que existiera contraprestación alguna.
Luego del cierre intempestivo y desprolijo de Casa de Galicia y de la compra poco transparente del sanatorio por parte de esta empresa, el gasto de ASSE al Círculo Católico, solamente en dicho sanatorio, fue de más de 40 millones de pesos por mes (un millón de dólares mensuales) durante meses, con un convenio que fue aprobado en ASSE a solicitud expresa de la propia empresa, según consta en auditorías e investigaciones.
Entre los convenios firmados entre ASSE y el Círculo Católico, con visos de mal procedimiento administrativo interno en el MSP, se multiplicaron los gastos totales desde ASSE a esa mutualista por cuatro en total –comparando quinquenio contra quinquenio–, pasando a más de 62 millones de dólares, con un 70% de observaciones reiteradas por el TCR. Asimismo, se multiplicaron los gastos a CTI (intensivos), cuidados moderados, consultas en emergencia y policlínicas, estudios, insumos, etcétera. Los últimos agravantes de estas compras con favoritismo a dicha institución tienen que ver con que ASSE, al finalizar la administración anterior, no le debía nada al Círculo Católico, en un contexto de un promedio de diez meses de atraso de los pagos del prestador público en el sector. Como último punto a resaltar: la puerta giratoria de las autoridades que fueron cargos de confianza de la empresa privada beneficiada, y que hoy vuelven a cargos de confianza de dicha empresa privada. Peligrosa puerta giratoria para la ética pública.
Fuimos acumulando investigaciones de diverso tipo para concluir que hay materia suficiente y potente para la denuncia y la creación de dicha investigadora sobre ASSE.
Compras directas al Casmu. De las auditorías surgen incrementos de gastos que oscilan en un aumento de 4.000% entre 2020 y 2024, sumado a observaciones reiteradas del gasto por el TCR, un convenio millonario, con justificación del cese de compras a Casa de Galicia por su cierre, habilitado de forma aparentemente regular por el MSP.
La información obtenida en estos años por diversos mecanismos de investigación ya mencionados, junto a la enorme cantidad de documentos y bases de datos, variables analizadas desde perspectivas técnicas, económicas, jurídicas, clínicas y administrativas, dieron contundentes y voluminosos argumentos y datos para presentar una comisión investigadora en el Parlamento que profundice en responsabilidades políticas vinculadas en gastos que ascienden a un aproximado de 200 millones de dólares de dineros públicos, la mayoría observados en reiteración por el organismo de contralor TCR, donde se ven irregularidades que contravienen las buenas prácticas de ética y gestión pública, con favoritismos, abuso de funciones y utilización de influencias; esas situaciones, en un lenguaje claro y sencillo, pueden definirse como corrupción en la función pública.
No nos despertamos un día a denunciar personas ni acciones sin previa sustancia, fuimos acumulando investigaciones de diverso tipo para concluir que hay materia suficiente y potente para la denuncia y la creación de dicha investigadora, sin cortinas de humo ni chiquitajes desvelados que no son materia de comisiones, sino de otros mecanismos de investigación que deberán determinar, eventualmente, si existe mérito para avanzar. La Política con mayúscula, como actividad humana, no es ganar de mano como si fuera una jugada de truco, es seriedad y responsabilidad en la función y hacer las cosas de acuerdo con la ley y los reglamentos, sin estratagemas de desvío de foco de este escandaloso trauma de la gestión anterior en ASSE, como el claro desvío de fondos a empresas con favoritismo e irregularidades. La información está a la mano, es pública y fue enviada en las dos preinvestigadoras; la ciudadanía puede ahondar o quedarse con los titulares, y el Parlamento definirá si investigamos o no, con o sin cortina de humo que permita ver si hubo corrupción.
Sean las conclusiones concordantes o diferentes a la hipótesis vertida, de todas las formas los resultados servirán en la labor legislativa para transformar el modelo de gestión de ASSE y proponer cambios o iniciativas que potencien la buena praxis en la función pública; prevenir situaciones similares en el futuro; mejorar mecanismos de gestión pública sobre las tercerizaciones o privatizaciones; avanzar en la profesionalización de la gestión; y desarrollar otras propuestas orientadas a una administración pública más transparente y eficiente.
Para finalizar, la democracia se construye cada día, en cada acción, con los que piensan distinto ideológicamente y con los que piensan parecido. También con los marcos de ética en los que nos movemos unos y otros. Dimensiones filosóficas de la política, la ideología y la ética. Investigar corrupción duele. Pero también sana.
Federico Preve Cocco es médico neurólogo, docente de la Universidad de la República y diputado de Progresistas, Frente Amplio.