Todos los casos de femicidio me impactan, conmocionan e indignan, pero hay algunos que, por muchísimos motivos –algunos personales, otros profesionales, muchos vinculados a las características específicas del crimen–, no se me van de la cabeza. Me acuerdo perfectamente de qué estaba haciendo cuando supe de la noticia, dónde, con quién. A veces recuerdo qué pensé, cómo reaccionó mi cuerpo. El reflejo de querer llamar a mis amigas para saber si estaban bien. La cobertura periodística. La alerta feminista que se organizaría para repudiarlo. Qué parte del Estado se iba a hacer responsable. Uno de esos casos que tengo grabados es el de Valeria Sosa, la bailarina de 29 años que fue asesinada frente a sus dos hijos el 30 de enero de 2017 por su expareja, Juan Lanza, que era funcionario policial.
No creo que haya un orden en la conmoción, pero intuyo que, apenas leí los detalles, lo segundo que pensé, después del dolor por la pérdida de Valeria, fue en el horror que tuvieron que soportar esos niños y en la preocupación de que alguien les garantizara contención y reparación –o de si llegaría en tiempo y forma–. Lo tercero que pensé fue en el femicida: quizás fue el primer caso en el que hice tan explícitamente esa conexión entre la violencia de género, el uso de armas de fuego y el fácil acceso a ellas cuando sos policía.
Valeria volvió a mi mente en estos días porque, en poco más de un mes, dos mujeres fueron asesinadas por sus exparejas policías. El último caso es el de un policía de 26 años que el fin de semana mató con su arma de reglamento a una mujer de 29 años, a un hombre de 37 años que era la actual pareja de ella, y después se suicidó, en una casa ubicada en la localidad de Los Cerrillos, en Canelones. Apenas unas semanas antes, el pasado 10 de abril, otro policía de 26 años asesinó con su arma de reglamento a su expareja, una mujer de 18 años, a los padres de ella, de 43 y 56 años, y luego se quitó la vida, esta vez en Punta de Rieles, Montevideo. La similitud de las escenas es escalofriante: policías que cometen femicidio, femicidios por conexión (así se le llama al asesinato de personas del entorno de la víctima) y suicidio. Además, en ambos casos, los crímenes se dan meses después de que las mujeres decidieran terminar con las respectivas relaciones.
En la época del femicidio de Valeria Sosa, hace casi una década, no se hablaba de la salud mental de los funcionarios policiales. Hoy, por suerte, y gracias al esfuerzo del propio gremio, es una preocupación que existe y que hay que atender de manera urgente, porque los suicidios entre quienes desempeñan tareas en la Policía son cada vez más frecuentes.
Mientras tanto, hay mujeres que son asesinadas por parejas o exparejas policías con las que atravesaron situaciones previas de violencia –porque sabemos que el femicidio es la punta del iceberg– que fueron denunciadas o no –con lo que conlleva denunciar a un policía–, pero que en cualquier caso las ponen en riesgo frente a personas que, además de ejercer violencia contra ellas, acceden a armas de fuego. Primera pregunta que aparece: ¿qué clase de evaluación se les hace a los funcionarios policiales antes de entregarles un arma? ¿En qué consiste? ¿Qué requisitos se imponen? Pero, además, ligado a esto, ¿cómo se aborda la atención a la salud mental, la contención emocional y la prevención de la violencia (contra uno mismo y contra otros) para una población que convive con la violencia?
Entre 2019 y 2024, el Ministerio del Interior (MI) registró 146 femicidios en Uruguay, según detalla el informe Femicidios en Uruguay: análisis para la homogeneización de criterios y su categorización (2019-2024), presentado por el Observatorio de Violencia Basada en Género hacia las Mujeres en diciembre de 2025. El estudio señala que, de ese total de casos, casi un tercio, 27%, fueron cometidos con armas de fuego. Es, de hecho, la segunda arma más utilizada después de las cortopunzantes (32%). No podemos inferir cómo los femicidas accedieron a las armas de fuego y tampoco cuántos de ellos eran policías, porque esa información no está sistematizada por el MI. Lo que sí sabemos es que cada vez es más fácil conseguir un arma: según un informe de la organización Small Arms Survey de 2018, ese año Uruguay era el quinto país del mundo con más armas per cápita en manos de civiles.
A los obstáculos habituales que tienen las mujeres para denunciar se les suman en estos casos las dificultades de que el agresor sea policía: tenés que denunciar a una persona que trabaja en la misma institución que te tiene que proteger de él.
Otra pregunta que surge –una y otra vez– es por qué el Estado sigue llegando tarde para las víctimas de violencia de género. A los obstáculos habituales que tienen las mujeres para denunciar se les suman en estos casos las dificultades de que el agresor sea policía: es decir, tenés que denunciar a una persona que trabaja en la misma institución que te tiene que proteger de él. Esta es una razón comprensible y legítima para no denunciar. En el caso de Los Cerrillos, por ejemplo, no había denuncias previas. ¿Qué alternativas da el Estado para que de alguna forma estas mujeres no queden en los márgenes del sistema y terminen siendo asesinadas?
Pero incluso cuando hay denuncias, el desenlace es igual. En el caso del femicidio de Punta de Rieles, había dos denuncias previas por amenazas. ¿Cómo puede ser que una mujer denuncie por amenazas a su expareja policía y no reciba la protección adecuada? ¿Cómo nadie pudo ver el riesgo de vida inminente? Esto lleva a otra pregunta, también recurrente: ¿por qué siguen fallando las evaluaciones de riesgo que realiza el sistema judicial? Expertas han alertado que una de las razones tiene que ver con equipos saturados. ¿Cuándo el Estado va a atender esta y otras debilidades? ¿Cuántas mujeres más tienen que ser asesinadas para que se considere emergencia? Los compromisos y los discursos no parecen estar salvándole la vida a ninguna.
Por otro lado, en los dos casos más recientes, los agresores tenían 26 años. Esto va en línea con las cifras de suicidio en nuestro país, que registran casos en edades cada vez más tempranas, y también con un fenómeno que lo cruza y que trasciende nuestras fronteras, que tiene que ver con hombres cada vez más jóvenes seducidos por discursos misóginos, de ultraderecha, conservadores. Nueva pregunta para plantearnos: ¿qué tipo de educación estamos brindando? ¿Alcanza con los contenidos que tenemos? ¿No sería necesario, en el contexto actual, mediado por los entornos digitales que amplifican estos discursos de odio, reforzar las herramientas con las que educamos a los gurises y gurisas?
Desde hace años, y gracias a la determinación y la lucha del movimiento feminista, se hacen esfuerzos para que el combate contra la violencia de género sea una política de Estado. Llegó incluso a declararse emergencia nacional. Sin embargo, el deseo de distintos gobiernos de que sea prioridad no se corresponde con una realidad en la que las denuncias se mantienen en el entorno de las 35.000 por año y, en 2025, cada 11 días se mató o se intentó matar a una mujer por ser mujer. Con leyes cumplidas por la mitad y presupuestos escasos asignados a atender el problema, el salto del dicho al hecho parece ser todavía largo.
Stephanie Demirdjian es la editora de Feminismos de la diaria.