En el marco de la Licenciatura en Desarrollo de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la República, un grupo de estudiantes estuvo a cargo de la organización del seminario “Violencia, vulnerabilidad y comunidad: perspectivas sobre la violencia en los territorios y su impacto en las infancias, adolescencias y vejeces” realizado este martes.
El seminario contó con la participación de Juan Pablo Luna, doctor en Ciencia Política e investigador; Luciana Scaraffuni, doctora en Antropología y docente e investigadora en la FCS; Agustín Iparraguirre, director del programa Pelota al Medio a la Esperanza; y Sandra Sande, doctora en Ciencias Sociales.
A partir de una serie de preguntas disparadoras, los invitados compartieron sus perspectivas en una conversación que se estructuró en torno a dos ejes centrales. Por un lado, para abordar los recursos que disponen los grupos más vulnerables de la sociedad para enfrentar los hechos de violencia y, por el otro, para conocer los factores de “riesgo” y “brechas estructurales” que atraviesan a esa parte de la sociedad.
“Desnarcotizar” la discusión vinculada a la violencia
A su turno, Luna aportó una perspectiva vinculada al análisis sobre el crimen organizado en nuestro país y el rol del Estado en este aspecto. En ese sentido, el politólogo propuso “desnarcotizar” el debate vinculado a la seguridad para no reducir todos los episodios de violencia a la problemática del narcotráfico.
Aunque, para diferenciar, compartió que dentro del ámbito del tráfico de drogas pueden distinguirse dos tipos de mercados: uno de “alta renta y baja corrupción” y otro de “baja renta y alta corrupción”. El primero, según señaló, se caracteriza por la infiltración estatal y bajos niveles de violencia, mientras que el segundo se caracteriza por el microtráfico operado por “clanes familiares”, donde se concentra la violencia por las disputas de territorio.
“El factor educación es clave cuando miro a Uruguay”, señaló el politólogo. En ese sentido, agregó que en el país observa “casi cuatro generaciones de exclusión educativa significativa y sistemática”. Explicó que este aspecto se debe a un contexto que está marcado por la “violencia estructural” y por el peso del “punitivismo” que lleva al encarcelamiento de las trayectorias de niños y adolescentes, como así también de sus familias.
En ese sentido, sostuvo que parte de los problemas que atraviesa el país pueden entenderse como un “efecto rebote” de esta política punitiva sostenida durante los últimos “20 o 25 años”. Según planteó, este fenómeno se vincula con una “crisis inexplicable” que atraviesa la educación, particularmente en educación media. El politólogo cuestionó que esta crisis pueda explicarse únicamente por factores coyunturales y señaló que Uruguay presenta niveles de exclusión educativa que no se corresponden con su nivel de “desarrollo relativo”.
Luna dijo que actualmente se puede percibir “un Estado que está retrocediendo” y que lo hace –en parte– “por la violencia”. En ese contexto señaló que hay educadores que sienten “miedo” de ir a buscar a aquellos niños o adolescentes que no están en el sistema educativo debido a diversos problemas vinculados a situaciones de violencia, que no tienen que ver únicamente con el narcotráfico. Ante este escenario que según indicó demuestra una pérdida de “recursos simbólicos” por parte del Estado, señaló que se crean e instalan espacios en los barrios para generar “resistencia” por parte de la comunidad.
“¿Qué tipo de Estado llega a determinados territorios?”
Con base en sus principales líneas de investigación vinculadas a la “violencia policial, conflictos urbanos, derechos humanos y criminalidad”, Scaraffuni compartió su perspectiva basada en un trabajo etnográfico y una encuesta realizada en la jurisdicción de la Seccional 17 de Montevideo –correspondiente al municipio D– que comprende los barrios Marconi, Casavalle, Las Acacias y Borro.
La docente compartió la experiencia de haber realizado talleres en centros educativos ubicados en estos barrios, donde la temática vinculada a la “violencia” era un factor que se desprendía de las conversaciones. A su vez, estuvo de acuerdo con la idea de Luna sobre “desnarcotizar” estas situaciones y señaló que en los barrios donde realizó su investigación existe “la acumulación de las violencias” por distintos factores, y que uno de ellos está vinculado a la “violencia policial”. En ese sentido, sostuvo que el Estado, en muchas ocasiones, está presente con acciones “concretas” a través de su “faceta más punitiva”.
Según señaló, con base en los datos de la encuesta que realizó junto con su equipo de investigación luego de 2023, casi el 12% de las personas encuestadas manifestó haber atravesado situaciones de violencia policial y los resultados señalaron que los mayores afectados eran principalmente jóvenes y varones.
Scaraffuni describió distintas formas de hostigamiento por parte de la Policía a personas vinculadas a estos barrios, como acoso verbal y físico y situaciones de humillación. En ese sentido, cuestionó que el Estado no cuente con una categoría específica para registrar formalmente la “violencia policial”, ya que –según planteó– esa ausencia dificulta dimensionar y visibilizar este tipo de situaciones.
Durante su exposición, la antropóloga cuestionó la idea de que los jóvenes en estos barrios tienen como aspiración “ser narcos”. Relató que, a partir de los talleres que realizó, muchos de ellos expresaron tener expectativas vinculadas a querer estudiar y formarse como profesionales. No obstante, señaló que esas aspiraciones en muchos casos se enfrentan a distintas barreras, por ejemplo, vinculadas a dificultades para acceder a instituciones educativas y situaciones de “rechazo” en algunos liceos públicos. “El problema es pensar qué tipo de Estado llega a determinados territorios”, señaló.
Una respuesta del Estado: Pelota al Medio a la Esperanza
“La intención es poder trabajar la convivencia y, dentro de ese gran paradigma de la convivencia, todo lo que tiene que ver con la resolución de los conflictos de una forma no violenta”, contó Iparraguirre sobre el programa Pelota al Medio a la Esperanza, que está bajo la órbita del Ministerio del Interior y trabaja junto a la Administración Nacional de Educación Pública y otros organismos del Estado.
Iparraguirre explicó que “lo que sucede dentro de un partido, cualquiera sea el deporte, es como lo que sucede en determinados aspectos de la vida social”. En ese sentido, explicó que durante los talleres que plantea el programa se ponen en práctica aspectos como el respeto por las reglas, el manejo de la frustración y la resolución de conflictos de forma no violenta.
El director del programa explicó que intervienen ante situaciones que definió como “grandes alarmas”. Sobre estos casos explicó que no existe una guía de actuación específica, sino que la forma de abordaje se coordina con la Policía cuando se les comunica un problema colectivo en los barrios o centros educativos.
Además de estas situaciones puntuales, explicó que los talleres que realiza el programa pueden desarrollarse por solicitud de los equipos de dirección de las instituciones educativas o por iniciativa de los propios profesores del programa. En este último caso, explicó que la intervención surge cuando identifican algún conflicto o situación particular que consideran que debe ser trabajada en un espacio de reflexión por fuera de la dinámica habitual del juego.
Iparraguirre participó del seminario acompañado por Alfredo Clavijo, el jefe de Policía de Montevideo, quien destacó que el programa atravesó un proceso de trabajo “progresivo” donde el encuentro con la comunidad es la prioridad. A su vez, dijo que actualmente existe un trabajo “más coordinado” entre los equipos que forman parte del programa con el ministerio y que esto permitió una evolución en los resultados.