Hay un consenso entre la academia, las organizaciones sociales y las instituciones del Estado en que, en los últimos años, asistimos a un recrudecimiento de la violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes en Uruguay. Esto se puede identificar en un ejercicio más cruento de esas violencias y también en la irrupción de formas que complejizan el escenario y, por lo tanto, las posibles respuestas de abordaje. La violencia vicaria y la violencia comunitaria, que ganaron especial visibilidad este año, son dos ejemplos concretos.
Adriana Fontán, coordinadora del Sistema de Respuesta a la Violencia Basada en Género del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), aseguró a la diaria que los equipos que trabajan en los servicios de atención perciben un aumento de “violencias más graves” en los “últimos cinco u ocho años”. En ese sentido, dijo que “además de lo asociado a la violencia en el marco de redes delictivas” y a la violencia vicaria, en los servicios notan, “en general, formas de violencia más cruentas dirigidas hacia las mujeres y hacia niñas, niños y adolescentes”.
Consultada sobre las características de las situaciones, Fontán se refirió a “un ejercicio sobre todo de violencia física y violencia sexual más grave en sus expresiones”. “Vemos que hay un ensañamiento mayor sobre las mujeres. Incluso, vemos casos que podemos asimilar a verdadera tortura. Hemos recibido mujeres, por ejemplo, que han tenido mutilaciones; no han sido muchos casos, pero los hemos tenido. Hemos recibido mujeres con violencia física muy grave, mujeres que sobrevivieron a intentos de femicidio, pero que quedan con secuelas físicas muy importantes, eso lo vemos y eso ha aumentado”, detalló la referente. Insistió en que el panorama no sólo cambió “cuantitativamente, porque la demanda de los servicios ha crecido”, sino también “cualitativamente”.
En los primeros nueve meses de este año, 5.278 mujeres fueron atendidas en los servicios de atención psicosocial y legal que tiene Inmujeres en todo el país, mientras que se registraron 13.553 consultas presenciales y 2.944 consultas telefónicas.
A la hora de esbozar posibles razones de este agravamiento, Fontán señaló que “quizás tenga que ver con que hay un escenario de tolerancia a las violencias en general y específicamente a la violencia basada en género y generaciones”, sumado a un contexto de discursos que buscan la “pérdida de legitimidad de la palabra de las mujeres, con esto de las denuncias falsas o los cuestionamientos respecto a la manipulación de las mujeres sobre sus hijos e hijas con el ‘síndrome de alienación parental’”.
El mes pasado, en el marco del 25N, activistas consultadas por la diaria coincidieron en el diagnóstico: Andrea Tuana, directora de la asociación civil El Paso, habló de un “recrudecimiento de la violencia hacia las infancias con el objetivo de vengarse, hostigar y seguir controlando a las mujeres”; Raquel Hernández, integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, afirmó que la violencia vicaria, la violencia territorial y “el vínculo con el crimen organizado” muestran “la enorme crueldad a la que estamos asistiendo en algunos casos”; mientras que Soledad González, de la Intersocial Feminista, se refirió a una violencia machista que “ha dado una vuelta más de tuerca en llevar al extremo de que matan a los niños”.
Una mayor visibilización de dos formas de violencia de género
La violencia vicaria es la que se ejerce contra niñas, niños y adolescentes con el objetivo puntual de dañar a la madre. Puede adoptar distintas formas, desde amenazas por parte del agresor de quitarle la tenencia a la madre o dejar de cumplir con la pensión alimentaria, a escalar a situaciones de violencia psicológica, física y sexual contra sus hijas e hijos, y llegar a su forma más extrema: el infanticidio.
El concepto de violencia vicaria fue acuñado en 2012 por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro y, aunque colectivos feministas y organizaciones que trabajan con infancias lo vienen visibilizando desde hace años en nuestro país, tomó especial notoriedad pública en 2025 a raíz del asesinato de una niña y un niño por parte de su padre en Soriano, a principios de setiembre.
Algo parecido pasó con la violencia comunitaria (o territorial), que la Ley 19.580 de violencia de género define como “toda acción u omisión que a partir de actos individuales o colectivos en la comunidad transgreden los derechos fundamentales de una o varias mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión”. En nuestro país, el término suele referir a la violencia que se produce en contextos de redes delictivas o de narcotráfico.
Al igual que en el caso de la violencia vicaria, la comunitaria apareció este año en seminarios, informes y declaraciones públicas como ejemplo de esta agudización de las violencias hacia mujeres e infancias que las especialistas consultadas rastrean desde hace al menos un quinquenio. De hecho, el informe Femicidios en Uruguay: Análisis para la homogeneización de criterios y su categorización (2019-2024), presentado el pasado 25N por el Observatorio de Violencia Basada en Género hacia las Mujeres, registra por primera vez los femicidios “relacionados a actividades criminales vinculadas al tráfico”.
En entrevista con la diaria, la subsecretaria del MI, Gabriela Valverde, aclaró que eso no quiere decir que este tipo de violencia haya emergido ese año, sino que empezó a adquirir dimensiones que requirieron un seguimiento más de cerca. “Que recojamos estos datos a partir de determinado año para construir información no significa que el fenómeno nazca en ese momento; simplemente ocurre que tanto la Policía como otros actores dentro del sistema de justicia comienzan a detectar que en determinado fenómeno empieza a haber otro matiz u otras complejidades que tienen que ser atendidas”, explicó la jerarca.
Un contexto que habilita el ejercicio de la violencia vicaria
“La violencia vicaria existe hace muchos años y tiene prevalencia en lo que son las situaciones de violencia de género, pero está claro que los asesinatos de los niños y niñas lamentables que hemos vivido en los últimos tiempos de alguna manera colocan la alarma, la preocupación y ponen el tema sobre la mesa con otra fuerza”, reconoció Fontán.
El caso de Soriano, este año, movilizó la agenda mediática y también la política: llevó a que el oficialismo presentara un proyecto de ley de protección de las infancias –que contempla la violencia vicaria–, fue el foco del acto oficial del gobierno por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y se introdujo por primera vez como indicador en las cifras que el Ministerio del Interior (MI) divulgó en el marco de esa fecha conmemorativa.
Ese informe señala que, entre enero de 2015 y octubre de 2025, se registraron 21 homicidios a niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia vicaria. Si bien el MI no presentó los datos desagregados por año, una comparación con la información del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) puede darnos la pauta de que la mayoría se cometieron en los últimos años: los informes de gestión más recientes contabilizan 12 infanticidios por violencia vicaria sólo entre 2022 (año que Sipiav empezó a hacer este registro) y 2024. A esto se suman los dos casos de 2025.
La coordinadora del sistema de respuesta dijo que actualmente hay un contexto que habilita a que “muchos padres” ejerzan esta “instrumentalización de sus hijos e hijas como una herramienta para maltratar a la mujer, para seguir hostigándola, para amenazarla”, y que eso se ve en una “vivencia diferente” de las mujeres que acuden a los servicios, porque “ver que lamentablemente el asesinato de niños y niñas sucede genera otros temores”.
Fontán dijo que la ley de tenencia compartida, aprobada en 2023, “suma a este contexto” de “negación de la violencia de género” y aumento de “discursos culpabilizantes” contra las mujeres. A su entender, “eso también hace que muchos padres se posicionen de manera diferente, porque hay algo de la tolerancia social que opera ahí y que los legitima”.
Violencia comunitaria: más allá del ajuste de cuentas
“Dentro de esta cuestión de las bandas criminales, en todo sentido, en el crimen organizado, en lo transnacional o en lo territorial, dentro del negocio del mercado de drogas, de armas, de municiones y también en la trata, tráfico y explotación, hay mujeres que están siendo víctimas de esa situación, que se da en contextos domésticos también”, apuntó la subsecretaria Valverde.
La investigación Femicidios en Uruguay muestra que la mayoría de los casos analizados entre 2019 y 2024 fueron femicidios íntimos (71%) –aquellos que se producen en el marco de la pareja o expareja–, seguidos de los femicidios en contextos de “actividades criminales vinculadas al tráfico” (8%). Según datos del MI a los que accedió la diaria, esto se traduce en 11 femicidios de este tipo registrados durante ese período.
Fontán señaló que, si bien “hace ya muchos años” que reciben en los servicios de atención situaciones de “violencias cuando las parejas o exparejas de las mujeres forman parte de redes delictivas”, “sin duda en los últimos cinco años se ha agravado”, en tanto antes eran “más puntuales” y ahora es algo “muy común”. En estos casos, los equipos perciben que los riesgos para las víctimas “aumentan” y se “imponen unos riesgos distintos”, porque “antes tenía que ver sólo con la posibilidad de ejercicio de violencia de un agresor concreto; ahora las mujeres reciben amenazas también muchas veces de las redes delictivas a las que estas parejas o exparejas pertenecen”.
Consultada sobre cuáles son las características de las violencias que viven las mujeres en estos entornos, Fontán dijo que en los dispositivos de atención perciben “un ejercicio de violencia más cruento que en otros casos, un mayor nivel de control coercitivo y de aislamiento también”. Detalló que, además, “las amenazas de dar muerte a ellas o a sus hijos e hijas están presentes casi siempre”.
A su vez, aseguró que son mujeres que “generalmente presentan niveles de daño mayor porque han vivido estas violencias mucho más graves, muchas veces durante un tiempo sostenido, y sobre todo no es solamente un agresor, sino que muchas veces están en el marco de entornos delictivos y de prácticas a las que también están sometidas ellas y sus hijos”. Por eso, aseguró que el abordaje está enfocado en la reparación del daño, por un lado, y por el otro en cómo construir estrategias de salida de la situación, considerando que “la mayor parte de las veces son mujeres que no pueden volver a los entornos territoriales en los que vivían antes”.
Esto obliga, a la vez, a repensar en las respuestas que da el sistema. “La herramienta de la tobillera electrónica, por ejemplo, es muy eficaz cuando pensás en un agresor individual y en poner límite a ese ejercicio de violencia, [pero] en estas situaciones muchas veces no es suficiente porque ese agresor puede estar portando la tobillera o incluso estar privado de libertad y, sin embargo, la mujer recibe amenazas a su vida o a la vida de sus hijos e hijas por parte de otros integrantes de estas redes”, detalló la referente.
Para la coordinadora del sistema de respuesta de Inmujeres es importante visibilizar los motivos de género detrás de delitos contra mujeres que muchas veces se presentan en la prensa en el marco de “conflictos entre bandas” o “ajustes de cuentas”: “Si bien estamos en una sociedad que es más violenta de por sí, lo que tenemos acá son contextos delictivos que impactan en forma diferencial sobre esas mujeres y esos niños y niñas cuando quien ejerce la violencia es parte de esas redes o de esos mercados ilícitos”.