Una semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva que prohíbe financiar tratamientos de reafirmación de género para niñas, niños y adolescentes trans, su par argentino, Javier Milei, materializó una medida que va en el mismo sentido. En un decreto publicado el miércoles, y que modifica la Ley de Identidad de Género que Argentina aprobó en 2012, el libertario prohibió los tratamientos de hormonización y las cirugías de reafirmación de género para niñas, niños y adolescentes menores de 18 años.
En concreto, la decisión cambia el artículo 11 de esa ley, que hasta el momento permitía que personas menores de 16 años accedieran a estos procedimientos con el consentimiento de sus madres, padres o tutores responsables y establecía que, en caso de desacuerdo, era posible acudir a la Justicia para obtener una autorización.
Con el mismo argumento falso que expuso en el Foro Económico de Davos, y que le valió una de las movilizaciones de rechazo más masivas desde su llegada a la Casa Rosada, el mandatario argumentó que “la ideología de género llevada al extremo y aplicada en niños por la fuerza o la coerción psicológica constituye lisa y llanamente abuso infantil”, según el comunicado oficial que acompañó la publicación del decreto.
En contra de lo que dicen las sociedades médicas y científicas con más consensos en el mundo, el texto agrega que “los niños no tienen la madurez cognitiva necesaria para tomar decisiones sobre procesos irreversibles que en muchos casos implican la mutilación de órganos saludables, y que son factibles de ocasionar infertilidad, problemas cardiovasculares y consecuencias catastróficas en la salud mental”.
Lo que el documento oficial no explicita cuando habla de “mutilación” es que las infancias y adolescencias trans no recurren a cirugías, sino que empiezan su transición con medidas que van desde el pedido de que se respete su identidad y su nombre, a un corte de pelo y la toma de hormonas –cuyos efectos, además, son reversibles–, por nombrar sólo algunas.
El repudio de la comunidad LGBTI+ argentina, ya envalentonada por los efectos de la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista, no tardó en llegar. La Federación Argentina LGBT+ (FALGBT) advirtió en un comunicado que es “engañoso” el anuncio de que se prohibirán las cirugías de reafirmación de género para menores de 18 años, porque “la Ley de Identidad de Género vigente en Argentina desde 2012 ya establece que estos procedimientos sólo pueden realizarse en personas mayores de edad. Este intento de presentar un supuesto cambio normativo no es más que una estrategia para desinformar y generar estigma”.
La organización dijo que la novedad es la prohibición de los tratamientos en adolescentes y alertó sobre los riesgos que eso implica. “La suspensión abrupta de estos tratamientos tiene consecuencias graves en la salud física, mientras que la imposibilidad de acceder a ellos afecta directamente la salud mental de les adolescentes trans. Los tratamientos de afirmación de género para adolescentes han sido respaldados por organismos de salud nacionales e internacionales, ya que garantizan el bienestar y la salud integral de las personas trans. Esta decisión no sólo ataca derechos adquiridos, sino que también pone en riesgo la vida de quienes necesitan estos tratamientos”, cuestionó la FALGBT, a la vez que adelantó que presentó una declaración de inconstitucionalidad del decreto y un recurso de amparo con una medida cautelar para suspender sus efectos.
También contra las personas trans privadas de libertad
El mismo día, el gobierno de Milei anunció la publicación de otro decreto por el que definió “prohibir los traslados en cárceles a raíz de cambios de género”, explicó en conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Específicamente, el texto publicado en el Boletín Oficial establece que “la administración penitenciaria asignará, dentro de su misma jurisdicción, el lugar de alojamiento, reubicación o traslado de la persona privada de la libertad en función del sexo que la persona registre, en los términos de la Ley 26.743 [de Identidad de Género], al momento del hecho por el cual se ordenó su detención”.
A su vez, detalla que “no podrá disponerse el alojamiento en un establecimiento penitenciario destinado a mujeres de una persona que haya tramitado la rectificación registral de su sexo” en caso de que esté cumpliendo condena por delitos sexuales o por haber ejercido violencia contra las mujeres, o si su presencia “significa un riesgo para la seguridad, la integridad física, psíquica o moral o la vida de los demás internos del establecimiento penitenciario”.
Adorni dijo que “el sistema actual se convirtió en una herramienta para que condenados, incluso por violencia contra las mujeres, vuelvan a cometer delitos aberrantes cuyas víctimas también son mujeres”, y aseguró que el objetivo de la modificación es “garantizar la seguridad de todas las detenidas” y “terminar con los abusos derivados”.
Sin embargo, un pedido de acceso a la información pública realizado por el Centro de Datos de Chequeado, y consignado por Página 12, muestra que sólo dos personas privadas de libertad solicitaron traslado por cambio de identidad en cárceles federales.