Los tres proyectos que se presentaron en el Parlamento el año pasado para introducir modificaciones a la Ley 19.580 de violencia basada en género terminaron archivados al final de la legislatura. Ahora, a un mes y medio de renovado el actual período legislativo, dos de esas iniciativas volvieron a ingresar a distintas comisiones del Senado.
El 5 de marzo, el senador del Partido Colorado (PC) Gustavo Zubía presentó la propuesta que había impulsado un año atrás, esta vez con el apoyo de sus compañeros de bancada Andrés Ojeda y Robert Silva. Se trata del mismo texto, que apunta a “subsanar” algunos “excesos” de la norma aprobada en 2017, que, según se lee en la exposición de motivos, “con la finalidad de proteger los derechos de la mujer” terminaron “quebrantando derechos del hombre, al ubicarlos en planos muy desparejos al momento de la intervención judicial”. Para eso proponen penalizar las “denuncias falsas”, entre otras cosas.
Una de las disposiciones que causaron más polémica es la que pretende modificar el artículo 46 de la legislación vigente, sobre valoración de la prueba, que establece que “el silencio, la resistencia o la historia sexual previa o posterior de la víctima no deben ser valorados como muestra de consentimiento”. Los senadores del PC habían planteado en una primera instancia sustituir ese enunciado por “el silencio, la falta de resistencia o la historia sexual previa o posterior de la víctima de una eventual agresión sexual serán prudentemente analizados para valorar o no la conducta en cuestión”. Luego de la ola de repudios que provocó entre activistas, colectivos y referentes políticas feministas, los legisladores decidieron cambiar “historia sexual” para dejar sólo “historia”.
Este proyecto ingresó a la comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la cámara alta, que tiene al propio Zubía como vicepresidente y cuya integración es enteramente masculina.
La propuesta nacionalista
Por otra parte, la senadora del Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi pidió el martes pasado el desarchivo del proyecto presentado en mayo de 2024 por el Poder Ejecutivo, que lleva la firma del expresidente Luis Lacalle Pou. Según está registrado en la página web del Parlamento, la iniciativa ingresará a la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género de la cámara alta, que la legisladora nacionalista integra, también ella en calidad de vicepresidenta.
Esta propuesta busca modificar cuatro artículos de la Ley 19.580 y, como la otra, apunta a la necesidad de evitar el supuesto “fenómeno de las denuncias falsas” y de dar más garantías a los denunciados. Pese a que las dos iniciativas tienen en el centro el combate contra las “denuncias falsas”, ninguna expone evidencia que sustente que se trata efectivamente de un fenómeno. De hecho, por el momento, no hay cifras oficiales al respecto en Uruguay.
En la exposición de motivos de este texto se argumenta que, “en su génesis”, la ley de violencia de género “buscó subsanar una situación de vulnerabilidad de la figura de la mujer, en una acepción amplia, atento al desequilibrio histórico de sus derechos con respecto a la figura masculina”, pero que, “lamentablemente, ese fin perseguido por ley no se ha alcanzado, ya que en la actualidad siguen abrumando las consecuencias nefastas originadas en delitos de género”. En esa línea, asegura que si bien la ley “intentó corregir inequidades”, “no logró abatir el número de casos de femicidio, entre otros”.
A la vez, afirma que la propuesta busca “mejorar el instrumento sin modificar la sustancia y los fines perseguidos, teniendo en cuenta que los problemas de violencia basada en género merecen la mayor atención del Estado y de la sociedad uruguaya en su conjunto”.
Proyectos a estudio que buscan amparar a las mujeres
La senadora del Frente Amplio y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Constanza Moreira, dijo a la diaria que está al tanto del pedido de desarchivo que hizo Bianchi, pero que todavía no se notificó formalmente su ingreso a la comisión.
La legisladora aseguró que la agenda de trabajo en la comisión comenzará a partir del próximo 22 de abril y que, para esa instancia, está previsto recibir en primer lugar a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier. Luego, comenzará el tratamiento de “un listado de varios proyectos” con perspectiva de género que fueron desarchivados a principios de marzo y que incluyen iniciativas que apuntan a reforzar la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes ante la violencia. Uno es el de imprescriptibilidad de los delitos sexuales y el otro el que busca aumentar de 16 a 18 años la edad mínima para el matrimonio.
Los otros tres proyectos a estudio de la comisión proponen sistematizar los datos sobre brecha salarial de género, regular la extensión del derecho de licencia maternal de las magistradas que integran el Poder Judicial y establecer un cupo para garantizar el acceso de artistas mujeres y disidencias a los eventos musicales.