Con 67 votos a favor y seis en contra, la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo que, en términos generales, permite que las medidas de protección establecidas para una mujer víctima de violencia de género en su país de origen puedan trasladarse y ejecutarse si viaja a otro Estado parte del Mercosur o asociado. Se trata de un acuerdo que empezó a negociarse en 2020, durante la presidencia pro témpore de Uruguay, y fue firmado por los países del bloque en el marco de una reunión de ministros de Justicia que se realizó en Asunción, Paraguay, el 20 de julio de 2022.
Dos años después, en setiembre de 2024, la iniciativa fue remitida al Parlamento por parte del Poder Ejecutivo de Luis Lacalle Pou, y terminó archivada con el final de la legislatura. En marzo de este año fue desarchivada y el 4 de junio se aprobó de forma unánime en la Comisión de Asuntos Internacionales de la cámara baja, antes de pasar al plenario, donde finalmente salió adelante con el apoyo de las bancadas del Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional –estos dos últimos, con la excepción del colorado Horacio de Brum y la nacionalista Inés Monzillo–. Los otros cuatro votos negativos fueron de los diputados de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone y Gastón Roel Bottari (suplente de Silvana Pérez Bonavita), y los de Identidad Soberana, Gustavo y Nicolle Salle. Su tratamiento pasó ahora al Senado.
El acuerdo establece reglas que permiten que una medida de protección dispuesta a mujeres en situación de violencia de género, emitidas por una “autoridad competente de un Estado parte”, pueda ser reconocida y ejecutada en otro Estado parte del bloque. Para esto, propone que la autoridad competente del país que dictó la medida deberá emitir una “Orden Mercosur de Protección” (OMP) y la transmitirá al Estado donde la mujer pretenda trasladarse, a través de las “autoridades centrales designadas”, según se lee en el artículo primero. El informe del Poder Ejecutivo del gobierno pasado aclara que, en el caso de Uruguay, esa función corresponde a la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional, órgano dependiente del Ministerio de Educación y Cultura.
El texto aclara que la OMP “podrá ser expedida cuando la mujer visite o resida de manera transitoria, temporaria o permanente” en el otro país, “independientemente de su situación migratoria”.
El documento define cinco medidas de protección que pueden solicitarse para ser reconocidas en los demás países del Mercosur: prohibición de entrar en zonas determinadas; prohibición o restricción del contacto con la mujer afectada; prohibición o restricción de acercamiento a la mujer y suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas; además de “cualquier otra medida necesaria para garantizar la seguridad de la mujer, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato perpetrado por el agresor”. Al momento de ordenar una OMP, la mujer solicitante puede también pedir la extensión de la protección a “sus hijos, hijas o cualquier otra persona a su cargo que la acompañe”.
Otra de las disposiciones del acuerdo tiene que ver con habilitar al Estado ejecutor de la orden la posibilidad de que adopte “todas las medidas civiles, penales o administrativas previstas en su legislación nacional para el cumplimento de la medida de protección dispuesta por la autoridad competente del Estado emisor”, como así también “dar continuidad al uso de dispositivos de geolocalización y rastreo o modalidad análoga” con el objetivo de “monitorear el cumplimiento de las prohibiciones y/o restricciones impuestas por la OMP”.
Peña: “Defender a nuestras mujeres frente a la pandemia de la violencia de género”
Durante el debate en la cámara baja, el 18 de junio, la miembro informante fue la diputada nacionalista Adriana Peña, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales, que se encargó de exponer en detalle cuál es el contenido del acuerdo. Una de las cosas que resaltó la legisladora es que el documento sólo puede entrar en vigencia si dos Estados parte del Mercosur lo votan y, por el momento, sólo adhirió Chile, que es un Estado asociado. En ese sentido, dijo que Uruguay “podría ser el primero en refrendar este importante acuerdo que tiende a defender a nuestras mujeres frente a la pandemia que es la violencia de género y el femicidio, y lo amplío a los niños, los hijos y las personas que estén a su cargo”.
Por otro lado, Peña hizo dos aclaraciones para, según dijo, responder a preguntas que recibió en el marco de esta discusión. En primer lugar, aseguró que si llega a prosperar alguno de los proyectos que buscan modificar la Ley 19.580 de violencia de género “el acuerdo no se cambia, porque cada acuerdo se ajusta a la normativa de cada país”.
En segundo lugar, negó que este tratado “va a permitir que saquen a los niños [del país] sin ningún reparo”, como le sugirieron algunas personas: “No es así; cuando la Justicia procura darle alejamiento a la mujer o a los hijos, la misma que se da en Uruguay continúa en otros países, no se modifica. Este acuerdo no autoriza sacar del país a los hijos, de ninguna manera. Se va a seguir el mismo lineamiento que la Justicia uruguaya ha dispuesto”.
Las diputadas y diputados que justificaron su voto a favor de la iniciativa coincidieron en que significa un “paso más” en el compromiso histórico que tiene Uruguay con la prevención, la atención y el combate a la violencia de género.
Votos en contra: “inseguridad jurídica” y “desigualdad ante la ley”
La diputada Salle, de Identidad Soberana, dijo que su partido no apoyaría el acuerdo porque, entre otras cosas, “viola frontalmente el principio de igualdad ante la ley consagrado en nuestra Constitución”, en tanto “establece que las medidas de protección dictadas por otro Estado parte deben ser reconocidas de forma automática en Uruguay, sin revisión de fondo por parte del Poder Judicial nacional” y “sólo para un determinado grupo, las mujeres”. “Es decir, una persona, por el hecho de pertenecer a este colectivo, accederá automáticamente a una protección reforzada, incluso si esa medida fue dictada en otro país, bajo otra legislación, sin control judicial local”, cuestionó.
La legisladora afirmó que “no se trata de negar que hay personas que viven situaciones de riesgo”, sino de que “el derecho tiene que responder a hechos, no a identidades”. “Cuando se legisla desde la ideología, no desde el principio, se cae en este tipo de acuerdos que, al amparo de una causa legítima, introducen mecanismos que vulneran las bases del Estado de derecho”, señaló.
Por otro lado, dijo que este “no es un acuerdo de cooperación”, sino “una cesión de soberanía en materia judicial”. A su entender, “lo que necesitamos es un acuerdo que proteja a todas las personas en situación de violencia, sin distinción de género. Un mecanismo de cooperación judicial que respete el control local de las decisiones extranjeras. Un enfoque basado en el derecho universal, no en la pertenencia identitaria. Una Justicia que depende de quién sos y no de lo que pasó no es Justicia. Este acuerdo no es un avance, es un retroceso; no por lo que busca, sino por cómo lo busca”, apuntó.
Para sumar en la misma línea, el diputado Salle agregó que el proyecto genera “una situación de vulneración de los derechos del hombre”. “Este tratado es inconstitucional y la ley que ratifique este tratado inmediatamente va a ser objeto de acciones de inconstitucionalidad”, agregó el líder de Identidad Soberana.
En tanto, Monzillo dijo que, “aunque bienintencionado, institucionaliza un sistema peligroso: la aplicación extraterritorial automática de medidas restrictivas sin revisión judicial local, sin defensa efectiva y sin respeto a las diferencias legales entre países”. A su vez, consideró que “se viola el debido proceso y la presunción de inocencia”, ya que, “con que sea más o menos creíble lo que dice la mujer, se obtiene una medida cautelar”. La excabildante también opinó que genera “inseguridad jurídica” y “desigualdad ante la ley” y constituye un “ataque a nuestra soberanía nacional”.
Perrone, por su parte, dijo en una alocución más breve que CA votaría en contra y cuestionó que “acá, [ante el] proyecto de ley que caiga y que diga ‘género’, salen todos abrazados y se vota, no importa en qué comisión”.