El colectivo Proyecto Ikove, integrado por sobrevivientes de violencia sexual, activistas y profesionales sensibles al tema, anunció que el proyecto de ley que elaboraron el año pasado para tipificar y sancionar el suicidio femicida tomó estado parlamentario. La propuesta fue presentada a instancias de la diputada del Frente Amplio (FA) María Inés Obaldía, recibió el apoyo del resto de la bancada oficialista en la Cámara de Representantes e ingresó formalmente al Parlamento este miércoles.
El proyecto, que fue derivado a la Comisión Especial de Equidad y Género de la cámara baja, propone un agregado para el artículo 315 del Código Penal, que es el que actualmente dispone penas de entre seis meses y seis años de cárcel para la persona que “determinare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si ocurriere la muerte”. La propuesta plantea en concreto la creación del artículo 315 bis, que establecería penas específicas para los casos en que la inducción al suicidio esté precedida por cualquier forma de violencia basada en género o violencia sexual.
Tal como informó la diaria en su momento, el proyecto define el suicidio femicida como aquel que es “inducido o determinado de forma posterior a hechos o contextos de violencia basada en género en las formas descritas en el art. 4 de la Ley 19.580 u otros tipos de violencia sexual”, según se lee en la exposición de motivos.
El texto también señala que esta iniciativa responde a la “necesidad de reconocer y abordar una forma extrema de violencia que, aunque no siempre visible, tiene consecuencias devastadoras para las víctimas y sus entornos”. En esa línea, afirma que, “a pesar de los avances legislativos y las políticas públicas implementadas, las estadísticas muestran que muchas mujeres siguen siendo víctimas de diversas formas de violencia, algunas de las cuales culminan en suicidios que, en realidad, son el resultado de un proceso sistemático de abuso y coerción”. “La ausencia de una tipificación específica para el suicidio femicida en nuestro ordenamiento jurídico genera un vacío normativo que impide una adecuada respuesta penal y la visibilización de estas muertes como consecuencia directa de la violencia de género”, agrega el documento.
A la vez, menciona dos casos que ilustran el problema en Uruguay: el de Milagros Chamorro, la joven que se suicidó en octubre de 2024 después de denunciar una violación grupal, y el de Lucía, “que en 2022, luego de ser víctima de una violación grupal por parte de tres efectivos de la Guardia Republicana, se suicidó”. “Estos y otros casos similares ponen de manifiesto la necesidad de contar con herramientas legales que permitan identificar y sancionar adecuadamente estas situaciones”, indica el proyecto.
“Desde que nació este colectivo, uno de nuestros principales objetivos es visibilizar el daño que generan las violencias sexuales y la violencia basada en género, en general, para las vidas de víctimas y sobrevivientes. Hoy avanzamos un paso más en esa dirección”, celebró Proyecto Ikove en sus redes sociales tras conocer que la propuesta ingresó al Parlamento. El colectivo agradeció a la exsenadora frenteamplista Silvia Nane, con quien “empezaron a recorrer este camino”, a Obaldía “por heredar el proyecto y presentarlo a la bancada del FA”, a las diputadas Inés Cortés “por la escucha atenta y las recomendaciones”, a Tatiana Antúnez “por su apoyo y compromiso con impulsarlo y hacerlo cada vez mejor”, y a todas y todos los “representantes parlamentarios por permitir que este debate entre a esas esferas que siempre nos han quedado lejos como víctimas y sobrevivientes”.
Obaldía, por su parte, dijo en sus redes sociales que presentaba el proyecto “porque detrás de muchos suicidios hay historias de violencia, abuso y silencios que no pueden seguir siendo invisibles. Visibilizar estas vidas es hacer justicia. Legislar es también cuidar. Y es, sobre todo, no mirar para otro lado”.
Proyecto Ikove había entregado el proyecto a Obaldía el 8 agosto de 2025, en el marco de la jornada “Resistir para transformar: diálogos urgentes sobre violencia sexual”, que el colectivo organizó en ocasión del Día Regional de Solidaridad con Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual.