La expansión acelerada de las tecnologías digitales está reconfigurando el funcionamiento de las democracias contemporáneas y encendiendo señales de alerta entre académicos y especialistas.
Así lo advirtieron a la diaria los politólogos Iván Schuliaquer, Camila Zeballos y la magíster en sociología Elina Gómez quienes analizaron el control y la concentración de datos, la opacidad de los algoritmos, la desinformación y la creciente influencia de las grandes plataformas tecnológicas en el debate público.
Lejos de plantear una ruptura institucional clásica, los expertos alertan sobre la posibilidad de formas más sutiles y persistentes de conceptos autoritarios y apuntan contra el llamado “autoritarismo de baja intensidad”, “la gobernanza supraestatal” o incluso “la gobernanza algorítmica” como señales que comienzan a aparecer en el debate académico para describir escenarios en los que decisiones clave sobre derechos, accesos y prioridades sociales quedan mediadas por sistemas tecnológicos opacos y actores privados con poder global.
“La verdad es que en este escenario, es difícil ser optimista con el futuro de la democracia pensando en el desarrollo de la tecnología”, señaló el politólogo argentino Schuliaquer.
En la misma línea se expresó la magíster en sociología Elina Gómez, para quien “la forma autoritaria que puede emerger no necesita una ruptura institucional, sino que puede ser un autoritarismo de baja intensidad, en el que lo central es la capacidad de clasificar, priorizar, excluir o decidir quién accede a un derecho, quién es sospechoso, quién queda en el borde”.
Si bien para los expertos la tecnología no es antidemocrática por definición —y ha sido históricamente una herramienta clave para el funcionamiento del sistema democrático—, su uso actual plantea “desafíos inéditos”.
En ese sentido, Camila Zeballos subrayó que el problema no es la tecnología en sí, sino su gobernanza. “El lugar que no ocupa la política siempre lo ocupa alguien más: empresarios, tecnócratas o actores sin legitimidad democrática”, afirmó la politóloga, que cuenta con una maestría en ciencias humanas y es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales. Asimismo, advirtió que en América Latina, una gobernanza concentrada en élites económicas o tecnológicas tiende a profundizar conflictos y fragilidades preexistentes.
“Tenemos que pensar en alternativas democráticas de gobernanza o de gestión de la tecnología. Se necesita mucha voluntad política por un lado, y por otro preguntarnos si queremos que la tecnología ocupe un lugar tan preponderante en nuestras vidas”, recalcó.
¿La tecnología es un problema para la democracia?
Según Zeballos, el problema no radica en la tecnología como tal, sino en los usos actuales que se hacen de ella, especialmente en el terreno político. “Cuando se emplean datos de los ciudadanos para orientar o inducir el voto, o cuando se construyen narrativas que señalan a determinados grupos como peligrosos, la tecnología deja de ser una oportunidad y se convierte en un problema para la democracia”, sostuvo.
Gómez, por su parte, consideró que, a pesar de que la tecnología no es “antidemocrática” por definición, sí “puede intensificar desigualdades y fragilidades ya existentes”. Observó que, en el caso de América Latina, existen “brechas de capacidad estatal, desigualdad y baja confianza institucional”; además, la adopción de herramientas digitales ocurre de “manera asimétrica” debido a que se “incorporan soluciones privadas sin suficiente auditoría pública”.
“La región suele quedar como tomadora de estándares -tecnológicos, jurídicos, de manejo de datos- definidos generalmente en el norte y, aunque se están haciendo esfuerzos por adecuar y actualizar regulaciones, siempre estamos regionalmente en desventaja al respecto, lo que podría empeorar crisis o situaciones previas y graves en nuestra región”, alertó Gómez, quien es profesora e investigadora en la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias Sociales y en el Instituto de Justicia Social y Desigualdades de la Universidad de la República.
Manejo de datos
Schuliaquer, quien es doctor en Ciencias Sociales, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y profesor en la Universidad Nacional de San Martín, señaló que el riesgo surge del modo en que la tecnología se articula con prácticas sociales, intereses económicos y decisiones políticas.
“Estamos viendo que ciertas corporaciones estadounidenses tienen un manejo de nuestros datos, prácticas, consumos, de lo que nos gusta y lo que no, como nunca en la historia de la humanidad. Y eso está concentrado en un puñado de actores. Esos actores han sido, dentro de EEUU, propulsados por su país como una herramienta geopolítica fundamental y una herramienta ideológica”, indicó.
Para el especialista, esto también habla de un dominio en nuestras escenas públicas como nunca se había dado en la historia”.
Aclaró que, si bien no se puede idealizar el pasado, el nivel actual de concentración y capacidad de intervención sobre la escena pública “no tiene precedentes y agrava procesos ya existentes de polarización, fragmentación social y desconfianza”.
Escenarios distópicos
Uno de los elementos más preocupantes para Schuliaquer es la combinación entre plataformas digitales, algoritmos y campañas de desinformación orientadas a obtener beneficios políticos o económicos. Estas tecnologías, explicó, facilitan como nunca antes la intervención directa en los procesos políticos y fomentan el “extrañamiento” frente al otro y la dificultad para distinguir qué es verdadero y qué no.
Cuando se analiza lo que proponen los dueños de las tecnologías y que tienen a la vez las fortunas más importantes del mundo, “da para preocuparse”, añadió.
El politólogo puso el foco también en las ideas que circulan entre algunos de los principales referentes del mundo tecnológico. Discursos como los de Peter Thiel o Elon Musk —que relativizan la democracia como valor o que no les parece tan grave la extinción de la humanidad—, antes impensables, hoy se expresan sin costo político. “Son actores con enorme poder económico y comunicacional, que ni siquiera se ruborizan al plantear escenarios distópicos”, afirmó.
Nuevos autoritarismos
También González profundizó sobre los efectos de los autoritarismos, a partir de las tecnologías de vigilancia, manipulación algorítmica y plataformas y entendió que pueden ser “más opacos, diseminados y menos dependientes de un centro estatal visible”.
Decidir a quién vigilar puede ser en base a perfiles o predicciones en base a la información disponible. “Son mecanismos mucho más solapados y que pueden ejercerse sin necesidad de prohibir, y que incluso pueden verse como técnicos o neutrales, lo cual es un desafío para poder politizarlos”, opinó.
Zeballos, en tanto, alertó que el funcionamiento algorítmico de las plataformas también tiene consecuencias profundas sobre la convivencia democrática. Interpretó que la segmentación del contenido tiende a encerrar a las personas en burbujas informativas, donde se consume mayormente aquello que confirma las propias creencias y se reduce el contacto con la diferencia.
“Representa un cultivo de la intolerancia cuando la democracia necesita convivir con el conflicto y con el diferente”, explicó Zeballos. Cuando esa convivencia se vuelve intolerable, crece la demanda de líderes fuertes que prometen resolver el conflicto de forma rápida y drástica. En ese contexto, las salidas autoritarias aparecen como respuestas atractivas frente a un espacio público percibido como caótico, afirmó.
“Buscamos resolver el conflicto con un líder mesiánico o carismático autoritario (...) Ese es el gran problema que estamos teniendo”, agregó.
Plataformas digitales como actores políticos
Para Schuliaquer, la situación va más allá, ya que en las redes se está promoviendo una polarización “tóxica”, en la que se promueve el “pánico moral”.
“Todo está permitido para que el otro no llegue al gobierno, no cumpla con lo que quiere, no logre expresarse, sea considerado ilegítimo, etcétera, etcétera. Cuando todo eso pasa, se puede llegar a una radicalización autoritaria, porque el otro ya fue deshumanizado, no merece tener derechos y al ser visto como ilegítimo, se puede permitir que el otro pueda ser asesinado, perseguido, violado”, indicó.
En ese marco, sostuvo que las plataformas se han vuelto actores políticos y denunció que la gobernanza algorítmica está sustituyendo procesos políticos tradicionales, como la deliberación.
“Los algoritmos, en muchos casos, están premiando el insulto, el erosionar la reputación de los otros. Las derechas radicales han entendido este juego. Otro ejemplo son los trolls, que son personas que no participan a partir de ganar argumentalmente, sino dejando al otro fuera de la cancha, a partir de golpes bajos”, afirmó.
En la misma lógica, González consideró que las plataformas son “actores políticos” que intervienen en la agenda pública a partir de reglas —muchas veces no conocidas— que establecen “lo relevante, creíble y lo decible”.
“Actúan como infraestructuras de comunicación, pero también como arquitecturas de poder”, sentenció, señalando que el problema alcanza a los Estados, quienes se encuentran en una “posición de dependencia y rezago frente a las grandes tecnológicas y otros actores con escala global”.
¿Hacia una gobernanza algorítmica?
González consideró que existe un riesgo de “gobernanza algorítmica” controlado por los privados que sustituya procesos políticos tradicionales como la deliberación pública, sobre todo porque las plataformas producen “sentido desde sistemas opacos con reglas propias y muchas veces desconocidas”.
“El crecimiento de esta de una socialización política mediada por lo digital, puede ser un síntoma de una crisis de representación política mayor en la cual las personas, particularmente los jóvenes, no encuentran en los medios tradicionales de participación ciudadana y política un espacio atractivo para canalizar demandas sociales o políticas”, reflexionó.
De cara al 2035-2040, la experta imaginó una “democracia más formal que sustantiva” si no se interviene políticamente en la gobernanza tecnológica. “Sería un espacio público más manipulable y con decisiones claves tomadas por infraestructuras opacas. Es decir, un Estado gestionado con terceros por dependencia tecnológica y cediendo soberanía. También considero que, sin intervención o regulación, crece la desigualdad en todo sentido”.
Desinformación y polarización afectiva
La combinación de desinformación, sobrecarga informativa y plataformas digitales alimenta procesos de polarización que van más allá del desacuerdo ideológico. Zeballos distinguió especialmente la “polarización afectiva”, que clasifica a los adversarios políticos en términos morales -buenos o malos- y erosiona la legitimidad de las instituciones democráticas.
“A mayor polarización afectiva, se vuelve cada vez más difícil encontrar actores capaces de procesar el conflicto”, señaló. En distintos países, esta dinámica ha favorecido el ascenso de liderazgos personalistas y carismáticos que llegan al poder por vías democráticas, pero luego comienzan a comportarse de una forma “irrespetuosa”.
En este escenario, las plataformas dejan de ser simples intermediarias y pasan a operar como “actores políticos” de facto, añadió. Zeballos advirtió que, si no hay intervención política, podrían consolidarse formas de gobernanza supraestatal o incluso algorítmica.
Un futuro poco optimista
Schuliaquer consideró que existe la posibilidad de “puentear” la democracia a nivel global.
“Para estas empresas (las tecnológicas) sigue siendo muy importante el rol del Estado, sobre todo el de EEUU. Estamos viviendo que estas definiciones se están tomando desde ese país norteamericano, donde su democracia también está en un momento de mucha debilidad y crecimiento autoritario”, afirmó.
A ello se le agrega la “poca importancia” que se le da a la democracia en otros países del mundo, evidenciada en los aranceles que impulsó EEUU contra Brasil, su intervención en las elecciones de Honduras o Argentina y las posturas “inéditas” que ha tenido el gobierno del país norteamericano con respecto a América Latina, añadió.
“En ese escenario, uno puede pensar que hay una democracia muy intervenida”, agregó.
Un dato que, según el experto, ilustra la gravedad del escenario: más del 50% de las cuentas en X serían hoy no humanas. “El debate público que usan periodistas, académicos y políticos está intervenido por actores sintéticos que participan activamente para erosionar, instalar agendas o hacer campañas”, señaló.
“No hay que perder de vista la dimensión económica: Estamos ante una clase de mega multimillonarios, como nunca hubo en la historia de la humanidad, que han descubierto también que pueden controlar el debate público como nunca lo hicieron antes (...) y lo pueden hacer sin tener consecuencias, sin ser sancionados”, advirtió.
La situación de Uruguay
Los tres expertos consideraron que la estabilidad del país puede ser una “protección” y al mismo tiempo una “falsa inmunidad”. “Por un lado protege en tanto hay reglas, contrapesos, mayor negociación, pero también puede significar creer que acá no pasa (...) pero tenemos vulnerabilidades típicas de un país pequeño (...) La estabilidad puede ser un activo si se usa para construir gobernanza democrática de la tecnología. No es una garantía automática sino una oportunidad que puede fortalecer la democracia tecnológica o, si no se la problematiza, volverla complaciente frente a riesgos emergentes”, dijo González.
Mientras tanto, Schuliaquer reconoció que en Uruguay persisten amortiguadores institucionales y culturales: el debate basado en argumentos, mediación partidaria, la discusión cara a cara y una tradición política menos basada en la descalificación.
“Uruguay está mucho más protegido probablemente que otros países, pero es un proceso global y no es solo manejable por Uruguay (...) La pregunta es si los distintos actores están dispuestos a defender a Uruguay por encima de las divisiones partidarias ideológicas o están más preocupados en qué les rinde a ellos desde su sector político e ideológico,” indicó el politólogo argentino que coordinó hace unos años un estudio sobre polarización y redes sociales en Uruguay junto a académicos locales.
No obstante, consideró que el país cuenta con una ventaja estratégica: la existencia de una empresa pública de telecomunicaciones. “El país tiene una base importante para pensar soberanía y regulación futura del espacio digital”, afirmó Schuliaquer, en contraste con países donde las infraestructuras están totalmente privatizadas y concentradas.
En la misma línea, Zeballos reconoció que el país se encuentra en una posición relativamente mejor que la de sus vecinos, tanto por su estabilidad institucional como por ciertas capacidades estatales desarrolladas en los últimos años. Sin embargo, advirtió que existe el riesgo de la “autocomplacencia”.
“Partimos de un mensaje muy autocomplaciente del Uruguay como excepción, pero hay que empezar a pensar a Uruguay mucho más comprometido (...) Se necesita un plan que trascienda lo tecnocrático o las recetas de los organismos internacionales”, remarcó.
Para Zeballos, el debate sobre tecnología y democracia sigue siendo marginal en la agenda política y pública. Se discute en ámbitos académicos, organizaciones de la sociedad civil o círculos especializados, pero no forma parte de una conversación social más amplia.
“No sé si el ciudadano promedio tiene idea de cuánto se juega su futuro y el de sus hijos cada vez que entra a Instagram, Facebook”, afirmó, al mismo tiempo que consideró que la estabilidad institucional uruguaya puede llegar a dar por momentos una falsa sensación de inmunidad.
“Uruguay está perdiendo anticuerpos. En algún momento fue un país modelo, pero ahora no. Cuando vos tenés tanta gente excluida y problemas tan importantes como los que tenemos, ¿por qué se cree que nuestra estabilidad institucional va a seguir siendo la que nos defienda de todo como una especie de superhéroe que ni siquiera se puede cuestionar? La realidad es que debemos problematizar mucho más y darle un sustento material”, concluyó.