El poder de las grandes tecnológicas no depende únicamente de la capacidad de sus modelos de inteligencia artificial, sino también del acceso a la energía, los recursos naturales, la infraestructura, el apoyo de los estados y el territorio donde operan. En un mundo cada vez más fragmentado por las tensiones geopolíticas, estos factores pueden convertirse tanto en fuentes de dependencia como en herramientas para negociar.
Así lo planteó Rodrigo del Río Joglar, investigador de Rumbo Colectivo, un centro de pensamiento chileno de izquierda dedicado a mejorar las políticas públicas. Doctor por la Universidad de Harvard y magíster en Ciencias de la Computación, Del Río visitó Uruguay para participar en el Día del Futuro. En ese marco, en diálogo con la diaria, sostuvo que el poder tecnológico debe analizarse más allá de la competencia por desarrollar los mejores modelos de inteligencia artificial.
“Muchas de estas empresas han intentado presentar su poder como una consecuencia de las capacidades de sus modelos de inteligencia artificial. Es una especie de fetichismo del poder técnico. Pero el poder tecnológico es mucho más complejo”, afirmó el profesor de la Universidad Católica de Chile.
Para el investigador, la capacidad de procesamiento, la disponibilidad de energía, los recursos humanos especializados y las condiciones para instalar centros de datos son elementos centrales de esa disputa. “La nube no flota: pesa y vive en centros de datos”, señaló. Desde esa perspectiva, los países que controlan su territorio y disponen de recursos estratégicos también pueden encontrar límites al poder de las grandes compañías tecnológicas.
En el caso de Uruguay, Del Río consideró que no es necesario producir toda la tecnología de forma autónoma ni alinearse con Estados Unidos o China para ganar margen de acción. El país puede aprovechar su papel en la seguridad alimentaria y explorar alianzas con socios de Asia-Pacífico para acceder a conocimientos y tecnologías. Junto con otros intelectuales, el investigador impulsa la idea del “Latino-Pacífico”, una propuesta de cooperación estratégica entre países latinoamericanos y socios del otro lado del Pacífico que permitiría no caer en las “narrativas geopolíticas” de Washington y Pekín.
¿Cuánto poder tienen hoy las grandes tecnológicas y qué es lo que realmente está en juego?
Parte del problema del poder tecnológico es que el orden internacional está fragmentado. Ya no tenemos un único orden internacional, sino distintas formas de organizar el poder, dependiendo del factor que analicemos.
En la economía tenemos dos grandes polos: Estados Unidos y China. Culturalmente también existen distintas áreas, como la asiática, la musulmana y la occidental, que tampoco son homogéneas. Por tanto, tenemos un orden multipolar. En tecnología sucede algo similar: hay un orden bastante fragmentado.
Antes pensábamos el orden internacional en términos de integración económica, especialmente durante las décadas de 1990 y 2000, cuando todo parecía estar conectado. Hoy, en cambio, el escenario está fragmentado, y eso también afecta las capacidades de los países.
Las cadenas de suministro y su resiliencia se han vuelto centrales. Poder comprar o vender cobre o litio, por ejemplo, en el caso de Chile, ya no depende solamente de la oferta y la demanda, sino también de los bloqueos y las restricciones geopolíticas. En este contexto de fragmentación, surge la pregunta por el poder de las grandes tecnológicas. Muchas de estas empresas han intentado presentar su poder como una consecuencia de las capacidades de sus modelos de inteligencia artificial. Es una especie de fetichismo del poder técnico.
Pero el poder tecnológico, por lo tanto, es mucho más complejo que determinar quién tiene el mejor modelo. También depende de factores materiales: la energía, el territorio donde se instalan los centros de datos, la capacidad de procesamiento y los recursos humanos, incluidos los ingenieros capaces de implementar esas tecnologías a escala industrial. Esta perspectiva permite comprender no solamente dónde tienen poder las grandes tecnológicas, sino también dónde encuentran sus límites.
¿Podría dar un ejemplo de esos límites?
Un caso muy claro es lo que ocurrió en Chile con los centros de datos. En lugares como Quilicura y Cerrillos existe una discusión importante sobre el uso del agua, porque algunas comunidades temen que se utilicen sus recursos hídricos para alimentar centros de datos pertenecientes a compañías extranjeras, como Google.
En Chile se logró detener, al menos parcialmente, mediante los tribunales, la construcción de un centro de datos que iba a utilizar un sistema de refrigeración con agua. Es un caso inédito en el mundo, porque implicó que ciudadanos de un país lograran, a través de su legislación doméstica, detener en principio a una de las gigantes tecnológicas. Eso demuestra que el territorio importa. El poder de estas empresas depende también de las cadenas de suministro que necesitan asegurar y de su capacidad para instalar infraestructura.
La nube no flota: pesa y vive en centros de datos, esto es especialmente importante para países medianos como Uruguay y Chile, porque tienen control sobre su territorio.
Supongo que también es clave para nuestros países en función de que, si cedemos territorio, es una forma de dar poder a estas empresas.
Exacto. Pero la pregunta es qué estamos cediendo. ¿Estamos cediendo poder sin más? Hay una interpretación, con la que estoy parcialmente de acuerdo, que sostiene que las grandes tecnológicas son el centro del poder tecnológico. Sin embargo, estas empresas también median relaciones de poder geopolítico entre las naciones.
Un ejemplo es la ley estadounidense conocida como Cloud Act, aprobada en 2018. Bajo determinadas condiciones legales, la norma permite que las autoridades estadounidenses soliciten datos a compañías sujetas a su jurisdicción, incluso cuando esos datos se encuentran almacenados fuera del territorio estadounidense. Eso significa que un centro de datos instalado en Chile o Uruguay, pero perteneciente a una compañía estadounidense, puede quedar sujeto a determinadas obligaciones legales del país norteamericano. Pueden pedir los datos sin alertar al usuario de que están sacando esa información. En ese caso, parece que la empresa tecnológica tiene más poder que el país que aloja sus centros de datos. Pero, cuando analizamos quién garantiza ese poder, aparece nuevamente un Estado: Estados Unidos.
Por eso, reducir el problema a una jerarquía en la que las grandes tecnológicas están por encima de los países deja de lado la dimensión geopolítica, los bloqueos y la fragmentación del orden internacional. El contexto actual es bastante tenso y agresivo; no sé si estamos viviendo tiempos de paz en términos geopolíticos.
¿Quiere decir que nuestros estados están siendo debilitados, mientras que Estados Unidos se fortalece?
No solamente hay que mirar a Estados Unidos. También existe una competencia geopolítica entre Washington y China, que puede entenderse como una disputa entre dos estados expansivos. Ambos desarrollan esa competencia en el ámbito tecnológico a través de sus ecosistemas de innovación.
El antagonismo se expresa de distintas maneras. Una de ellas es la propiedad de los modelos de inteligencia artificial: en Estados Unidos predominan modelos propietarios, mientras que China también ha impulsado modelos de código abierto. Pero me parece importante pensar el problema en términos de ecosistemas. Hay un ejemplo del filósofo italiano Luciano Floridi. Imaginemos que alguien compra una aspiradora automática para delegar la tarea de limpiar la casa. Al principio, la persona quiere que la máquina se adapte a su hogar, pero después descubre que la aspiradora no pasa por debajo del sillón o no logra circular entre las sillas. Entonces empieza a cambiar los muebles para que la máquina pueda funcionar mejor. Lo que ocurre es que el entorno termina reorganizándose en función de la tecnología, en lugar de que la máquina se adapte al humano.
Ese es uno de los peligros de la inteligencia artificial: a veces puede ser positivo adaptar los espacios para aprovechar una tecnología, pero otras veces el ecosistema comienza a organizarse alrededor de la máquina, en lugar de estar diseñado para las personas.
Por eso, la pregunta central es qué ecosistemas estamos construyendo. No se trata solamente de los sistemas de innovación, sino también de las cadenas de suministro, los recursos naturales, los minerales críticos y la energía que esos sistemas necesitan para funcionar.
Esta situación puede poner en cuestión tanto el poder como ciertas formas de vida, de existir de manera digna en este planeta. Los centros de datos son máquinas muy sedientas, necesitan mucha energía y minerales críticos.
En definitiva, el problema no es solamente quién tiene la mejor tecnología, sino qué tipo de ecosistema estamos construyendo y qué formas de vida queremos preservar.
Usted mencionaba que no sabía si estábamos viviendo tiempos de paz. ¿Cómo se traduce esta situación de tensión geopolítica al ámbito tecnológico?
Cuando los mercados se politizan y las decisiones de compra dejan de depender solamente de la oferta y la demanda para responder también a criterios geopolíticos, las opciones disponibles se reducen.
Los conflictos actuales producen, en primer lugar, escasez. Lo vimos con las tensiones en el estrecho de Ormuz y sus efectos sobre el petróleo. En segundo lugar, disminuyen las posibilidades de cooperación tecnológica y comercial que podrían permitirnos mejorar nuestra posición como región en las cadenas de valor.
Chile, por ejemplo, produce vidrio, pero todavía no crea baterías. En un mercado global abierto, el problema podría ser el precio de comprarlas. En un mercado fragmentado, el problema puede ser que directamente no estén disponibles. Eso lleva a pensar en la posibilidad de desarrollar capacidades industriales propias. También plantea preguntas sobre la circulación de ingenieros, científicos y conocimientos, que son fundamentales para construir capacidades tecnológicas.
En la región existe una disputa entre dos modelos, que en Uruguay se ve en menor medida. Por un lado, está la posibilidad de proteger y fortalecer las capacidades científicas e industriales nacionales. Por otro lado, la de desregular y permitir interacciones menos vigiladas entre los ecosistemas tecnológicos propios y los de países más poderosos.
El riesgo es que terminemos desarrollando tecnología para extraer nuestros recursos de manera más eficiente, en lugar de producir bienes de mayor valor agregado y avanzar en la cadena de valor.
¿Por qué considera que esta disputa se expresa con menor intensidad en Uruguay?
En Chile vemos dos actitudes distintas frente a la ciencia y la tecnología, y el gobierno actual está aplicando recortes importantes al sistema científico y tecnológico. Y el poder nunca queda vacío: si un país pierde capacidades técnicas, alguien ocupa ese espacio. En este caso, pueden hacerlo grandes compañías con capitales extranjeros.
En Uruguay, al menos por lo que entiendo, esa situación es algo menos intensa. Existe una preocupación del Estado por sostener capacidades técnicas dentro del país, aunque eso no significa que el problema no exista.
¿Cómo definiría la situación de Uruguay frente al avance tecnológico?
Creo que la pregunta es, antes que nada, cómo se inserta Uruguay en las relaciones internacionales. Si miramos el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial en su edición de 2025, Chile ocupa el primer lugar, Brasil el segundo y Uruguay el tercero. Eso indica que Uruguay tiene una posición destacada según los criterios del índice.
Pero hay que mirar también los distintos subíndices. Chile, por ejemplo, está bastante más abajo en el componente industrial, donde ocupa el puesto 12 de 19 países. Esto muestra que no basta con adoptar tecnologías: también hay que absorberlas, es decir, convertirlas en capacidades propias, por ejemplo, para crear industria.
Para Uruguay, entonces, hay dos preguntas centrales. La primera es cómo reforzar las capacidades que ya construyó y cómo hacerlas sostenibles en el tiempo. La soberanía tecnológica no significa producir todo de manera autónoma, porque eso es imposible. Uruguay no puede competir con Taiwán en la fabricación de chips. Pero sí puede diversificar sus socios y construir relaciones confiables que le permitan acceder a los procesadores y otros componentes que necesita. Si un proveedor interrumpe el suministro, el país debe tener alternativas para que sus centros de datos y sus sistemas tecnológicos puedan seguir funcionando.
La segunda pregunta es qué lugar puede ocupar Uruguay dentro de un orden tecnológico internacional cada vez más orientado hacia el Pacífico. En el orden internacional existen países que podemos llamar potencias medias. Son países que disponen de determinados recursos estratégicos y, por lo tanto, tienen capacidad de actuar e influir, aunque de manera limitada.
¿Y qué puede hacer un país chico como Uruguay frente a Estados Unidos o China?
No creo que la única opción para los países pequeños sea alinearse con una de las dos superpotencias. En el caso de Uruguay, un recurso fundamental es su aporte a la seguridad alimentaria mundial. El país produce soja y carne, productos importantes para países como Singapur, que enfrenta limitaciones en su capacidad de producir alimentos. Eso puede generar oportunidades para establecer alianzas estratégicas y recibir transferencias tecnológicas.
Singapur, por ejemplo, tiene conocimientos en agricultura vertical, una forma de producción que permite cultivar en espacios reducidos. Uruguay podría explorar asociaciones que permitan aprovechar algunas de esas tecnologías para mejorar su propio sector agropecuario.
Desde Chile, junto con otros intelectuales, hemos propuesto la idea del Latino-Pacífico: una unidad estratégica entre países latinoamericanos que puedan vincularse con socios del otro lado del Pacífico, sin competir necesariamente con las narrativas geopolíticas impulsadas por Estados Unidos o China. No se trata de una descripción territorial, sino de establecer asociaciones estratégicas en áreas específicas, como la tecnología y la seguridad alimentaria, que permitan compartir conocimientos y desarrollar capacidades.
¿Qué impacto tiene el avance tecnológico sobre nuestras democracias?
El poder de las grandes tecnológicas plantea una cuestión fundamental para la democracia. Hoy vivimos en una democracia que funciona cada vez más a través de plataformas digitales. Eso nos pone en mucho peligro: nos inyectan mucha vulnerabilidad a nuestras capacidades de decisión. Buena parte de nuestras interacciones ocurre en ellas, y estas plataformas definen qué se muestra más o menos.
Esto afecta nuestra capacidad de respuesta como países latinoamericanos y del Pacífico. Por eso, un grupo de organizaciones de la sociedad civil de la región buscamos imaginar plataformas que no sean adictivas y que fortalezcan la decisión democrática y la soberanía tecnológica. Es importante aprender cómo funcionan estos ecosistemas y cómo podemos intervenir en ellos. En un contexto de bots y de riesgos para la seguridad cognitiva de los países, necesitamos desarrollar capacidades propias.
El mundo está bastante oscurecido, pero nosotros lo vemos con bastante optimismo porque hay un montón de cosas que se pueden hacer. Eso requiere voluntad política y pragmatismo.
