La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) publicó la resolución con recomendaciones al Ministerio del Interior (MI), tras analizar el uso de la fuerza pública durante los operativos realizados en Malvin Norte, el 11, 12 y 13 de abril.
Según la resolución, de la investigación realizada por el equipo técnico de la INDDHH surgen “elementos de convicción suficiente” para determinar que “existió actuación ilegítima del Estado que implicó violación de los derechos humanos de las personas afectadas, a partir del uso ilegítimo de la fuerza no letal y letal por parte de la Policía Nacional”.
Para la INDDHH es necesario que se inicie una investigación administrativa para determinar responsabilidades en las irregularidades y violaciones a los derechos humanos en esos procedimientos, además de la implementación de mecanismos que permitan asegurar que el uso de la fuerza se realice en el marco establecido por la ley y garantizar el uso de métodos no violentos antes de recurrir a cualquier tipo de arma.
Por otra parte, instó al MI a modificar la práctica de pedir identificación en forma genérica e indiscriminada y recomendó una rendición de cuentas por parte de la cartera que permita conocer la actuación policial, el uso de armas letales y no letales, los procedimientos policiales durante los allanamientos y las detenciones transitorias para requerir documentación.
Durante la investigación realizada por la INDDHH, que llevó unos cuatro meses de trabajo, se corroboró un ataque a una casa en la que había niños, el uso de armas letales ‒injustificado‒, el uso de la fuerza para generar declaraciones favorables a la Guardia Republicana y la agresión y amenaza a transeúntes que no estaban vinculados al enfrentamiento con la Policía. Según el informe, en los días posteriores al operativo se encontró “un temor generalizado en la comunidad respecto a futuras intervenciones policiales con características similares”.
La INDDHH lamentó la respuesta acotada del MI y la falta de información brindada. Se omitió respuesta en aspectos claves de la denuncia por abuso policial y no se adjuntó material que respalde la versión de la Policía.
En diálogo con la diaria, el director de la INDDHH, Juan Faroppa, dijo que hay fallas en la capacitación de la Policía para actuar profesionalmente y dar respuestas adecuadas a cada situación, señalando que muchas veces ante un insulto o un golpe la Policía responde de una forma que genera un problema mayor al que pretendía resolver.
“La Policía es una parte esencial del Estado, y el Estado no puede reaccionar como si fuera un barra brava, que reacciona de una manera agresiva frente a un insulto, es parte del trabajo; la Policía tiene que asumir que se va a ver enfrentada a situaciones de personas que la van a insultar, que la van a agredir”, afirmó.
Faroppa dijo que no se trata de que la Policía “tenga las manos atadas” sino de hacer el menor daño posible, priorizando la resolución de la situación. “Nadie dice que la Policía no pueda utilizar la fuerza letal, el tema es cuáles son las condiciones y con qué límites”, agregó.
Consultado sobre si habían aumentado las denuncias de abuso policial en los últimos meses, Faroppa dijo que hasta ahora los números “no son muy diferentes” al de denuncias recibidas en la gestión anterior, a excepción de un pico que se dio en los primeros 15 días del gobierno, en que se recibieron más denuncias que todas las resoluciones sobre el tema realizadas en 2019.
“Da la impresión de que, como hay un mensaje de que no hay que permitir ningún tipo de discrepancia sobre la persona que se está interviniendo, no hay que permitir ningún tipo de insulto o falta de respeto, es posible que esto pueda incrementar en el futuro”, advirtió.
El director recordó que desde 2012 el abuso policial es una de las denuncias más recurrentes en la INDDHH, y lamentó que no exista una política de Estado “para capacitar y formar a la Policía que se necesita en estos tiempos: una Policía que sea firme, que tenga claro cuáles son sus límites para intervenir”.