La Suprema Corte de Justicia emitió una acordada en la que plantea la necesidad de una comunicación directa por parte de los magistrados, cuando disponen la formalización del proceso o medidas limitativas de la libertad ambulatoria contra otros magistrados.
En la resolución, a la que accedió la diaria, los ministros Tabaré Sosa, Elena Martínez, Bernadette Minvielle y John Pérez expresaron que sin esa comunicación, la SCJ “se vería seriamente comprometida en la normal ejecución de sus prerrogativas constitucionales”.
En el documento, la SCJ fundamenta la necesidad de reglamentar la obligación de los magistrados de comunicar la detención de otros jueces. El artículo 110 de la Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales establece que “en caso de que un juez sea detenido o procesado, la autoridad competente dará cuenta de inmediato a la Suprema Corte de Justicia”.
Los ministros aclararon que si bien la ley refiere al “procesado”, eso también vale para el caso de las formalizaciones, en el marco del nuevo Código de Proceso. Además, los ministros señalaron que la comunicación también será obligatoria en caso de limitación de la libertad de otros magistrados dentro de un proceso penal para no entorpecer la investigación, o las medidas cautelares dispuestas en el marco de la ley de violencia de género.
La SCJ expresa que debe estar al tanto de esas situaciones “a fin de determinar medidas que entiende pertinentes” sin perjuicio de la autonomía de la responsabilidad en el plano judicial o administrativo.
En junio la entonces jueza de Rivera de 6° turno, María Noelia Sánchez, fue imputada por peculado, abuso de funciones y violencia privada. La magistrada es investigada como responsable de amenazar a la víctima de un robo perpetrado por su pareja, simulando ser la madre del victimario y advirtiendo su influencia en la Policía y la Justicia. También se investiga el hurto de memorias, placas madre de mini PC y teléfonos celulares del juzgado de Rivera. La magistrada fue destituida por la SCJ a principios de octubre.
A mediados de julio el juez letrado suplente Alejandro Leiva fue imputado por abuso sexual especialmente agravado, por tener como víctima un menor de edad. La Justicia dispuso el arresto domiciliario por 180 días mientras continúa la investigación. Tras conocer el hecho, la SCJ dispuso la suspensión en el ejercicio del cargo y la retención total de sus haberes.
En setiembre la SCJ reclamó un informe urgente sobre lo sucedido con la jueza María Berenis el 22 de agosto, luego de que su pareja se negara a ser objeto de una espirometría y la magistrada saliera en defensa de su pareja, ostentando su calidad de jueza, lo que fue denunciado por los efectivos policiales.
En ese caso, los fiscales de Salto, Claudia Altez, Augusto Martinicorena, Carlos Rodríguez y Beatriz Protesoni, se abstuvieron de actuar en el caso por su cercanía con la magistrada, tal como habilita el artículo 58 de la Ley orgánica de la Fiscalía General de la Nación. La causa fue derivada al fiscal de Paysandú de 3° turno, Carlos Motta.