Tras la feria judicial, la Justicia retoma la causa Operación Océano, que este mes tendrá tres instancias clave: el 5 de febrero se discutirán las medidas cautelares de los imputados, el 25 de febrero se realizará la audiencia preparatoria de la prueba anticipada y el 26, la declaración de una de las víctimas.
La fiscal especializada en Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género de 5° Turno, Darviña Viera, dijo a la diaria que ampliará la denuncia contra varios de los imputados, dado que a partir de la investigación y de la información dada por las nuevas víctimas de la causa surgieron elementos que no fueron considerados en la formalización. Viera analiza pedir la prórroga de un año que permite el proceso para acusar, dado el volumen de la investigación y la prueba que aún queda por procesar.
El viernes se realizarán cuatro audiencias para analizar el pedido de la fiscal de prorrogar las medidas cautelares de todos los imputados. Viera explicó que las medidas vencen en diferentes días de febrero, pero para ordenar la causa se decidió analizar todas el mismo día.
Si bien en un primer momento se planteó una audiencia con todos los imputados, al considerar que superarían las 100 personas –contando a las 20 víctimas de la causa, sus abogados y los 32 imputados con sus defensas– se definió dividir la audiencia en cuatro instancias el mismo día, para respetar los protocolos sanitarios.
Carlos Balbi, abogado de uno de los imputados, dijo a la diaria que en el caso de su cliente no se opondrá a una prórroga de las medidas cautelares, en el entendido de que no afecta el transcurso del juicio ni los intereses de la defensa.
En tanto, el 25 de febrero se llevará a cabo la audiencia preparatoria para la declaración de una de las víctimas de la causa y el 26 de febrero se realizará la declaración de la prueba anticipada.
En la audiencia preparatoria, tanto la Fiscalía como los abogados de los imputados y los abogados de las víctimas presentarán a la jueza Beatriz Larrieu las preguntas que quieren hacerle a la víctima, con el objetivo de contrastarlo con la prueba obtenida en la investigación.
La Fiscalía y las defensas de los imputados pueden objetar la pregunta que plantea la otra parte, y es la jueza la que define si una pregunta se incluye en el cuestionario con el que se tomará la declaración a la víctima.
Según explicó Viera, durante la prueba anticipada la víctima declara ante un funcionario judicial, pero no respondiendo cada pregunta, sino como una forma de conversación en la que se van tratando los diferentes temas. Esa conversación tiene lugar en un espacio aparte, por lo que la víctima no tiene ningún contacto con los imputados.
La declaración es escuchada por todas las partes. Cuando el funcionario judicial entiende que se trataron todos los puntos de las preguntas acordadas, consulta si hay algún asunto pendiente, y la jueza decide si se agrega algún otro planteo.
Las audiencias serán la primera instancia con Larrieu, que asumió en el Juzgado Penal de 33er Turno, tras la designación de Adriana de los Santos como ministra del Tribunal de Apelaciones.