La jueza de Crimen Organizado de 1º turno, Adriana Chamsarian, recibió en la tarde del martes la orden de captura y el pedido de extradición de la Justicia argentina contra Fabián Rodríguez Simón, el asesor jurídico del expresidente argentino Mauricio Macri, según informaron fuentes judiciales a la diaria. El caso será enviado a la Fiscalía General de la Nación, que designará a la fiscalía que se encargará.
En la noche del lunes, Argentina notificó la solicitud de extradición de Rodríguez Simón al Ministerio de Relaciones Exteriores, que a su vez lo transmitió a la Justicia. Ahora el expediente pasará a la Fiscalía General de la Nación para que designe qué fiscalía actuará en el caso y de ahí se dará cuenta a Interpol.
La jueza que investiga a Rodríguez Simón en Argentina, María Servini de Cubría, argumentó que los delitos por los que se investiga al funcionario del gobierno de Macri “no son políticos”. “Existe urgencia en el caso por cuanto Fabián Rodríguez Simón se dio a la fuga del territorio de la República Argentina y manifestó su intención de no someterse a la jurisdicción del país”, manifestó Servini en el escrito, al que accedió el diario argentino La Nación.
En tanto, en el escrito presentado para solicitar la calidad de refugiado, la defensa de Rodríguez Simón cita la consulta del excanciller Didier Opertti, que considera que Rodríguez Simón enfrenta “la inminencia de procesos judiciales arbitrarios”, que están “sometidos a una contumaz presión mediática y oficial”.
Para el excanciller, la situación “afecta gravemente las garantías del debido proceso” y pone “en peligro” la “libertad y seguridad” de Rodríguez Simón y su familia, por lo que debería concederse el asilo territorial, para protegerlo. “Nuestro país, consecuente con su acreditada tradición y por imperio expreso de su ordenamiento jurídico, está obligado a asegurar la protección a las personas que atraviesan esas circunstancias”, sostiene Opertti.
El documento también cita la consulta realizada al constitucionalista Martín Risso, quien plantea que el caso “cumple plenamente” con las condiciones necesarias para obtener el asilo, como la acreditación por parte de Rodríguez Simón de “temores fundados de amenaza o persecución política”.
“Basta con la existencia de persecuciones a través de sucesivas querellas penales contra cierto grupo objetivo de exfuncionarios y con la existencia general de presiones sobre los jueces o con que falte la apariencia institucional de independencia e imparcialidad”, agrega Risso.
El juicio de extradición podría durar aproximadamente dos años, dado que puede ser apelado en segunda instancia y ante la Suprema Corte de Justicia.