El Tribunal de Apelaciones en lo penal de 1er turno rechazó este lunes el pedido de nulidad de la Operación Océano presentado por los abogados de 17 imputados, según informó Subrayado y confirmó la diaria.
Los abogados plantearon que había dos celulares que deberían ser eliminados de las evidencias de la Fiscalía, porque supuestamente la fiscal, Darviña Viera, omitió entregarlos en el momento debido, motivo por el que también debería ser declarada nula la causa.
La jueza Beatriz Larrieu había rechazado en primera instancia el pedido de la defensa y esto fue ratificado por el Tribunal de Apelaciones, que también señaló que no corresponde desestimar evidencias en este momento.
Según el dictamen, no se acreditó que antes de la formalización haya sido afectado el ejercicio del derecho de defensa y que la fiscalía cuenta con elementos suficientes de la comisión de los delitos y la identificación de los responsables.
Sobre el planteo de la quita de dos iPhones como evidencia, el tribunal ratificó que la exclusión o admisión de pruebas serán materia del debate en su debido momento, en caso de que el contenido de estos dispositivos efectivamente haya sido eliminado sin respaldarse.
En este sentido, el fallo señala que no se percibe en qué habría sumado o modificado las posibilidades de las defensas, ya que ni ellas ni la fiscalía tuvieron acceso total a la pericia de uno de los celulares de la víctima que incrimina a todos los imputados, considerando también que para anular una formalización no alcanza con demostrar que la defensa no tuvo acceso a toda la carpeta investigativa, sino que además esto fue decisivo o trascendente para el caso.
El pasado 6 de agosto, el mismo tribunal también había revocado en un fallo el acceso a las redes sociales de una de las víctimas de la Operación Océano, al considerar que indagar sobre cuestiones que no están relacionadas con los hechos denunciados, sino “con la personalidad de la víctima, su pasado sexual y su conducta social”, responde a “políticas o actitudes basadas en estereotipos y prejuicios de género, según los cuales determinadas mujeres son corresponsables de la agresión” –en este caso, la explotación sexual–.
El pedido estaba enmarcado en una estrategia para demostrar que las víctimas, de alguna forma, “engañaron” a los hombres que son indagados por el presunto delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad a cambio de sexo.