La fiscal de 1° turno de Lavalleja, Tania Vidal, pidió ocho años de penitenciaría contra el vicario de la Catedral de Minas por abusar sexualmente de menores de edad entre 2014 y 2019, según informó el semanario Brecha y confirmó la diaria con fuentes de Fiscalía.
Vidal lo acusó por reiterados delitos de atentado violento al pudor y de abuso sexual y un delito de abuso sexual especialmente agravado. Además, reclamó la sanción pecuniaria del pago de 12 meses de salario o 12 salarios mínimos en caso de no contar con ingresos, tal como dispone el artículo 80 de la Ley Integral de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género (19.580). También pidió la inhabilitación por diez años para ejercer funciones que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, tal como prevé el artículo 79 de la misma norma.
Las fuentes señalaron que la fiscalía pidió que el vicario sea inscripto en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, creado por el artículo 104 de la ley de urgente consideración (LUC) .
El escrito ya fue remitido a la defensa del imputado, que se encuentra en plazo para responder la acusación de la fiscalía.
El cura fue imputado por abuso sexual contra menores en febrero de 2021. Según la solicitud de formalización de la fiscalía, el cura llevaba una relación de amistad con una mujer, madre de tres hijos que eran menores de edad en 2014. El cura es acusado de tocar a los dos hijos menores de la mujer “mediante la intimidación y el abuso de poder que ostentaba en virtud de oficiar como referente religioso de la familia”.
Además, llevaba alimentos y bebidas alcohólicas que consumía con la madre, a la que comenzó a visitar luego de que ella le pidiera ayuda económica. El hermano mayor de las víctimas conoció la situación en 2019 y radicó la denuncia en la fiscalía. Luego, otro de los hermanos ingresó a un centro asistencial con intención de suicidarse y reveló a un médico y una psiquiatra los abusos sufridos.
La fiscal Vidal había pedido prisión preventiva, al entender que podría entorpecer la investigación, pero la jueza letrada de Lavalleja de 4° turno, Lucía Granucci, rechazó la medida y dispuso que el sacerdote esperara el proceso en libertad.
En marzo, la fiscalía apeló y el Tribunal de Apelaciones de 1º turno, integrado por Graciela Gatti, Sergio Torres y Alberto Reyes, dispuso arresto domiciliario, que se le colocara una tobillera y la prohibición de comunicarse con las víctimas y su madre.
El tribunal entendió que la investigación podía garantizarse con prisión domiciliaria total y destacó que perdura la “situación de vulnerabilidad de las víctimas, habida cuenta de que las víctimas no cuentan con la protección de su madre, quien aparece marcadamente volcada a favorecer los intereses del imputado”.
El vicario de la Catedral de la Inmaculada Concepción de Minas, de iniciales GEMG, cumple prisión domiciliaria en Maldonado desde marzo.