El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Tabaré Sosa, concurrió este miércoles a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados para hablar sobre el cierre de 20 juzgados de paz en el interior del país, que fue suspendido ante cuestionamientos de legisladores y diferentes actores del sistema de Justicia.
Si bien habían sido convocados todos los ministros, Sosa fue el único en comparecer, acompañado por el, director general de la SCJ, Marcelo Pesce, y la directora general administrativa Cecilia Naya. Los otros ministros se excusaron; Bernadette Minvielle y Eduardo Tosi por problemas de salud, Elena Martínez Rosso por problemas personales y John Pérez por encontrarse fuera del país.
Durante su comparecencia Sosa explicó que se trató de un “error” la acordada publicada el 12 de agosto por la que se anunció el cierre, a partir del 1° de octubre, de juzgados de paz en los departamentos de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rivera, Rocha, San José, Soriano y Treinta y Tres. Si bien la acordada estaba firmada por todos los ministros y tenía el detalle de cómo sería el traslado de jurisdicción de cada una de las sedes afectadas, el presidente asumió el error y planteó que sólo debieron figurar cuatro: la de Nueva Helvecia, que se trasladaría a Colonia Valdense; la de Castillos, que se trasladaría a Rocha; la de Villa Rodríguez, que pasaría a la jurisdicción de Libertad, y la de Sauce, que sería trasladada a Santa Rosa.
Según explicó el director general, Marcelo Pesce, la decisión se motivó en los costos operativos de las sedes, que superan los 12 millones de pesos anuales y en los que el alquiler de los locales tiene un peso importante. Pesce dijo a los legisladores que se trata de una situación que enfrenta el Poder Judicial desde hace varios años y que el cierre de las sedes fue la última opción luego de reducir costos en alquiler en 40 millones de pesos e intentar el traslado de las sedes a locales del Estado en régimen de comodato, y pidió que no se interprete la decisión como una presión en momentos en que se vota en el Senado la Rendición de Cuentas.
Los legisladores coincidieron en la necesidad de buscar soluciones en el Senado para evitar el cierre, sobre todo al considerando que ese gasto representa un monto reducido en todo el presupuesto y teniendo en cuenta el valor de la presencia de los juzgados de paz en localidades del interior del país.
“Es una preocupación que compartimos con todo el sistema político. Doy por descontado que desde otras bancadas también se va a hacer el mismo esfuerzo”, expresó en una rueda de prensa el diputado del Frente Amplio por Colonia, Nicolás Viera, quien puso como ejemplo las consecuencias que podría tener el cierre de esos juzgados en la atención de situaciones de violencia doméstica si hay que viajar varios kilómetros para concretar la denuncia.
“Estamos hablando de poco menos de 300.000 dólares que se necesitan para evitar que la Justicia se aleje de la gente”, expresó, y agregó que “en el interior profundo” los juzgados de paz representan “la menguada presencia del Estado en esas localidades”.
El diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust dijo a la diaria que “fue unánime” el acuerdo para buscar esos fondos en la Rendición de Cuentas y calificó la situación de “un drama inexplicable por unos pocos pesos”.
“De donde sea vamos a sacar el dinero para dárselo, porque cerrar un juzgado no es sólo cerrar un juzgado, porque en el interior cumple una función que sobrepasa lo jurisdiccional [...] a veces hay pequeñas rencillas que se solucionan charlando”, señaló.
Lust detalló que al Poder Judicial se le otorga 1,3% del presupuesto, que representa 0,35% del producto interno bruto. “Desde el punto de vista institucional es un desastre imperdonable que la SCJ tenga que cerrar 20 juzgados por 300.000 dólares”, agregó.
Tras la comparecencia de la SCJ, la comisión recibió a delegaciones del Colegio de Abogados del Uruguay, la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay y la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, quienes plantearon sus discrepancias con el cierre de los juzgados. Los abogados hicieron hincapié en las implicancias que tendría esa decisión en el trabajo cotidiano de los abogados, en el vínculo con el cliente y lo que implica a nivel de traslados para hacer trámites. Por su parte, la asociación expresó su preocupación por la situación laboral de los funcionarios y el costo de los pasajes para el traslado.