Legisladores de la coalición de gobierno fueron recibidos por los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para analizar la situación generada a partir del anuncio del cierre de 20 juzgados de paz en el interior del país, medida que fue suspendida ante las críticas de legisladores de todos los partidos, funcionarios judiciales y representantes del Colegio de Abogados del Uruguay.
Tras la reunión, el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez destacó la “buena voluntad” de los ministros de la SCJ para explicar tanto el anuncio del cierre de los 20 juzgados como “las razones de la marcha atrás” y agregó que el organismo está reconsiderando y evaluando su decisión. Rodríguez dijo que, según lo que expresaron los ministros, en los próximos días se conocerá una definición sobre la reestructura planteada. “Seguramente no estemos hablando de 20 juzgados, sino de muchísimos menos”, agregó.
En cuanto a las necesidades presupuestales del Poder Judicial, Rodríguez dijo que les transmitirán a los senadores del oficialismo la situación del Poder Judicial para que sea considerada en la discusión de la Rendición de Cuentas. De todas formas, advirtió que “el factor presupuestal no fue el único” que esgrimieron los ministros para explicar su intención de cerrar los juzgados. “Hay una valoración por parte de la SCJ de que hay juzgados que tienen una cantidad de asuntos bastante menguada, poca cantidad de sentencias, y eso amerita una resolución de la SCJ”, señaló.
El diputado agregó que, según lo conversado con los ministros, aún persiste la posibilidad de cerrar cuatro juzgados, pero señaló que, de concretarse esos cierres, “se tienen que dar en forma gradual” y “ver dónde hay algún juzgado que no amerita que prosiga en ese lugar”. Rodríguez planteó que los legisladores transmitieron la preocupación de que los cierres generen largos traslados que dificulten el acceso a la Justicia en pequeñas localidades, pero advirtió que el cierre es una definición que está dentro de las potestades del Poder Judicial.
Según supo la diaria, los juzgados que la SCJ mantiene su intención de cerrar son el de Nueva Helvecia, que pasaría a funcionar en Colonia Valdense; el de Castillos, que se trasladaría a Rocha; el de Villa Rodríguez, que pasaría a la jurisdicción de Libertad, y el de Sauce, que sería trasladado a Santa Rosa. De todas formas, en la reunión los legisladores se comprometieron a buscar alternativas para evitar el cierre de esas sedes.
Además de Rodríguez, en el encuentro participaron el diputado del Partido Independiente Iván Posada, el diputado del Partido de la Gente Daniel Peña, los colorados Conrado Rodríguez y Jorge Alvear y la cabildante Nazmín Camargo.
Cuando la SCJ anunció el cierre de los juzgados de paz, señaló su necesidad de “optimizar los recursos humanos, materiales y presupuestales” y estimó en 13 millones de pesos el costo operativo anual de los 20 juzgados que pretendía cerrar. “La Suprema Corte de Justicia se ve en la necesidad de aplicar los escasos recursos con los que cuenta en sedes con mayor demanda de servicios de justicia como lo son, por ejemplo, los Juzgados Letrados Especializados en Violencia Basada en Género”, señaló la SCJ en la acordada en la que definió la suspensión de la medida, ante las críticas que generó.
La mención del cumplimiento de la Ley de Violencia Basada en Género y la instalación de los juzgados especializados fue considerada por legisladores de la oposición como un mensaje político que buscaba utilizar como moneda de cambio la instalación de los juzgados de género por el cierre de los juzgados de paz.
En diálogo con la diaria, el diputado del Frente Amplio por Colonia, Nicolás Viera, lamentó que se haya concretado una reunión sólo con los legisladores del oficialismo, cuando los ministros de la SCJ fueron convocados a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados para el 1º de setiembre. Viera señaló, por otra parte, que a excepción de la diputada Camargo, que es representante de Cabildo Abierto por Rivera, y de Alvear que es representante por Canelones, el resto de los legisladores que participaron en la reunión son de Montevideo, un departamento que no se veía afectado por los cierres.
“El ámbito real, concreto y oportuno para poder intercambiar desde una visión republicana y democrática siempre es el Parlamento y hay una convocatoria pendiente”, señaló Viera, quien recordó que fueron los legisladores de la oposición los que pusieron en la discusión pública la reestructura del Poder Judicial. “No logro entender cuál es la lógica de que algunos legisladores del oficialismo se hayan reunido con los ministros de la SCJ. No sé quién convocó esa reunión ni por qué excluyeron a los legisladores de la oposición, cuando es un tema que queremos resolver todas las partes”, agregó.