La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sesionará en Uruguay entre el 10 y el 21 de octubre. Durante este período de sesiones se realizará la audiencia pública sobre la responsabilidad del Estado argentino en el proceso judicial que investiga el atentado de la AMIA y la audiencia de supervisión de la sentencia que condenó al Estado uruguayo por el incumplimiento de sus obligaciones en el caso Gelman.
El presidente de la Corte IDH, Ricardo Pérez Manrique, recibió a la diaria en su despacho en el Edificio del Mercosur para hablar de la visita y del avance de la legitimidad del sistema interamericano de Justicia y el derecho internacional en la región.
¿Cuáles serán los temas que va a tratar la Corte IDH en sus sesiones en Montevideo?
Empezamos a sesionar el 10 de octubre y vamos a discutir en privado una sentencia, porque ese día es feriado en Uruguay. El martes 11 a las 10.00 hay una apertura de la actividad de la corte en el Palacio Legislativo, en la que va a participar la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, y está invitado el presidente de la República y el canciller. Del 12 al 14 de octubre vamos a sesionar en el Edificio del Mercosur, en audiencias sobre dos casos, que van a durar un día y medio cada una; el caso de la Oroya vs. Perú, que se trata de una afectación al medioambiente por una empresa metalúrgica que contamina con cadmio, plomo y otros elementos contaminantes. Es el primer caso que la corte va a trabajar desde el punto de vista contencioso sobre protección del medio ambiente.
Después tenemos el caso AMIA vs. Argentina, que en realidad es una asociación civil que se denomina Memoria Activa, que representa a algunas de las víctimas del caso AMIA que denuncia el Estado por incumplimiento de la debida diligencia en la investigación de los atentados. La semana siguiente vamos a trabajar discutiendo proyectos de sentencia de manera reservada en Punta del Este. También tendremos un seminario en el local de la Universidad de la Empresa de Colonia.
El 17 y 18 discutimos una sentencia de Bolivia y otra de Ecuador. El miércoles 19 hacemos, a partir de 14.30, una audiencia pública en el caso María contra Argentina, que está vinculado con la tenencia de una niña y una madre que nos dice no poder tener acceso a ella a raíz de sentencias internas dictadas en Argentina, y el jueves 20 en la mañana va a haber una audiencia reservada, sin público, de supervisión de cumplimiento en el caso Gelman vs. Uruguay.
¿Cuál es el objetivo de sesionar fuera de Costa Rica, donde tiene las audiencias habituales?
Desde 2006 la corte está sesionando puntualmente fuera de Costa Rica con la idea de generar un mejor diálogo entre la corte y las personas de los países, las universidades, la sociedad civil, los gobiernos. Una o dos veces por año la corte, ante la invitación que hace cada Estado, resuelve visitar esos estados con actividades que son propiamente protocolares, actividades académicas y actividades que son jurisdiccionales, que tienen que ver sobre todo con audiencias, ya sea sobre fondo o de supervisión de cumplimiento de sentencias. La corte ha realizado en estos años más de 16 visitas y es la tercera vez que venimos a Uruguay; en 2008, en 2019 y ahora, con la característica de que esta es la primera que se hace con un juez uruguayo como presidente.
Cuando asumió la presidencia, en enero de 2022, usted tenía la expectativa de fortalecer el vínculo con la sociedad y de mejorar desde el punto de vista tecnológico. ¿Cómo viene avanzando en esos propósitos?
Estamos con un tribunal de puertas abiertas, hemos recorrido casi diez países de la región ya en esta presidencia. Esta semana vamos a Perú a informar en la Asamblea General de la OEA, y a fines de octubre vamos a estar en Madrid porque la corte va a recibir un premio que da la Universidad Complutense de Madrid a las instituciones comprometidas con el Estado de Derecho y los Derechos Humanos. La última semana de noviembre voy como presidente a hacer una serie de actividades en Asunción del Paraguay. Esa política de puertas abiertas la hemos aplicado de una manera muy firme; vamos a firmar convenios de cooperación en Uruguay y seguimos adelante con nuestra red Dialoga, de más de 6.000 periodistas, con cursos de distinto tipo a lo largo y ancho del continente. Esa política de puertas abiertas realmente ha funcionado.
“Creo que el sistema está fuerte, hay que prestar atención a las derivas autoritarias que hay en algunas sociedades, pero yo entiendo que el tribunal va ganando paulatinamente legitimidad”.
En el plano tecnológico estamos ya en los últimos pasos para ir a una corte con emisión cero de carbono, que va a generar su energía renovable y uso de papel cero. Vamos a producir energía a partir de paneles solares que ya se están instalando, sistema de aire acondicionado y otro sistema de funcionamiento del edificio con el nivel mínimo de gasto de energía eléctrica, todo esto con cooperación internacional. Estamos avanzando rápidamente hacia un esquema de cero papel, de informatizar todo, de hecho ya hay muchas áreas de la corte que están funcionando así. Algo que tiene que ver con tecnología y política de puertas abiertas es que antes de fin de año vamos a estar inaugurando un miniestudio para generar contenidos audiovisuales.
Usted no puede referirse a casos que involucren a Uruguay, pero ¿podría explicarnos cómo es el procedimiento de una audiencia de supervisión de sentencia como la que se va a concretar por el caso Gelman?
En la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencias, la corte abre un pedido ventana, que generalmente es un año desde que se dicta la sentencia, para que el Estado la reciba y determine de qué manera la va a cumplir. Terminado ese período, aparece la obligación del Estado de hacer un primer informe sobre qué ha hecho para cumplir la sentencia y qué piensa hacer para cumplirla en el futuro. Después de recibir esos informes, la corte puede dictar una resolución en la cual analiza la posición de las dos partes, da su opinión y determina medidas de ejecución; o puede convocar a una audiencia, que puede ser más de una, porque a veces se prolonga en el tiempo la supervisión del cumplimiento de una sentencia, sobre todo estas obligaciones, como la que tiene pendiente Uruguay en el caso Gelman, que es ubicar a personas desaparecidas e investigar los hechos. Generalmente son temas que llevan una secuencia larga de tiempo.
¿Cuál es el mecanismo de la audiencia?
El Estado informa sobre los temas que son objetos de la audiencia y luego la representación de las víctimas se pronuncia sobre el informe. Luego se oye a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahí se abre una etapa de preguntas de los jueces, tanto en la representación de las víctimas como en la representación del Estado sobre cuál es el grado de cumplimiento de la sentencia. En esa audiencia interviene toda la corte menos yo.
¿Cuál es el resultado de la audiencia? ¿La corte entrega luego una evaluación?
Hay resoluciones o sentencias de supervisión de cumplimiento que son evaluaciones. La corte lo que hace generalmente es en este período de sesiones realizar la audiencia, y en el siguiente dicta una resolución de supervisión de cumplimiento en la que hace un balance, dice qué fue lo que analizó y, por ejemplo, que no fue cumplida íntegramente tal reparación, lo que entiende que el Estado debe hacer para cumplirla, y le pide que vuelva a informar en determinada cantidad de tiempo.
Hace unos meses en Uruguay hubo varios cuestionamientos a la corte y al derecho internacional en sí. ¿Cómo diría que está hoy la legitimación del derecho internacional y de la corte en la región?
Si nosotros pensamos que la corte existe desde 1979 y cuál fue la evolución de la realidad política desde 1979 a 2022, vemos que ha pasado de todo en la región y la corte, sin embargo, ha seguido existiendo. Ha tenido períodos de mayor reconocimiento que otros, pero lo importante es que sigue trabajando, sigue dictando sentencias y los Estados siguen litigando, conociendo su competencia y, en la medida de sus posibilidades, cumpliendo con las sentencias. Creo que el sistema está fuerte, hay que prestar atención a las derivas autoritarias que hay en algunas sociedades, pero yo entiendo que el tribunal va ganando paulatinamente legitimidad. Cuando uno visita los países, hay un gran respeto por la corte. Yo acabo de venir de Trinidad y Tobago, donde hicimos una visita para participar en un seminario organizado por la Corte de Justicia del Caribe, que es una corte que abarca cinco países del Caribe que no están en su mayoría bajo nuestra competencia, y esa corte utiliza en sus decisiones fallos de la Corte IDH. Sabemos por la vía de control de convencionalidad que los tribunales internos están aplicando nuestra jurisprudencia y la Convención Americana, y eso, en definitiva, es lo que hay que considerar al momento de evaluar el sistema.
Hay casos notorios en los cuales una sentencia de la corte ha generado una movida total en el resto de la región más allá del país que ha estado directamente involucrado.
También se han ampliado los temas en los que la jurisprudencia de la corte es mencionada.
Eso tiene que ver con una presencia de la corte que evolucionó; de los primeros años en que sus sentencias estaban referidas prácticamente a temas de Justicia de transición y graves violaciones a los derechos humanos a otra etapa. De los tres casos que vamos a ver aquí uno tiene que ver con derecho de familia, otro tiene que ver con una acción terrorista y el otro directamente tiene que ver con protección del medio ambiente. En 1979 seguramente ninguno de esos temas hubiera estado presente.