El juez en lo civil de 20° turno, Pablo Benítez, dispuso el embargo de los bienes de la corredora de bolsa Baeremaecker y Perera, de sus directores y de una de sus empleadas, que están siendo investigados en la Justicia penal por estafa, según informó El Observador y confirmó la diaria.
La decisión del juez Benítez se tomó a pedido del abogado Juan Ceretta, quien representa a un grupo de ahorristas afectados por la maniobra, que consistía en fraguar los estados de cuenta para que los damnificados no notaran la falta del dinero.
Mientras en el ámbito penal la Fiscalía especializada en Delitos Complejos de 3er turno analiza el caso, un grupo de pequeños ahorristas se presentó ante la Justicia civil para pedir el embargo genérico contra los investigados, en función de recuperar el dinero que les fue sustraído.
En la sentencia, a la que accedió la diaria, Benítez dispuso el embargo contra los dos directores de la firma y una empleada que admitió haber participado en la maniobra, pero señaló que lo hizo a pedido de sus empleadores. El embargo fue dispuesto a favor de los cinco demandantes por montos que no superan los 100.000 dólares cada uno.
Los demandantes habían pedido también el embargo contra dos familiares de los denunciados, pero esa medida fue negada por Benítez por entender que en ninguno de los casos existía prueba suficiente para considerarlos partícipes de la maniobra de apropiación denunciada.
Para fundamentar la disposición de la medida cautelar, el magistrado planteó que se trata del instrumento “más apto para asegurar la eficacia de la tutela jurisdiccional, al habilitar la adopción inmediata de medidas tendientes a prevenir el riesgo que representa la dimensión temporal del proceso”, que puede llevar varios años hasta que la sentencia quede firme.
Benítez señaló que la medida de embargo preventivo, mientras dura el juicio, “apunta a conservar el patrimonio” de los demandados durante el proceso civil y se basa en la documentación presentada por la defensa de los accionantes que dio constancia de un vínculo contractual entre las partes, “por el cual entregaron dineros propios a la sociedad [...] con el fin de que los mismos fueran invertidos en negocios financieros rentables”.
Además, señaló como parte de los elementos que probarían el riesgo de no cobrar el dinero reclamado, en el caso de que la Justicia falle a favor de los demandantes, que no han respondido a las intimaciones realizadas por los damnificados o han rechazado el pago de sus obligaciones, aduciendo haber sido víctimas de una maniobra delictiva.
Ahora la causa continuará con la primera audiencia de conciliación, ante la que no hay demasiadas expectativas de que se llegue a un acuerdo, dado que ya se frustró una negociación por una filtración a la prensa, lo que habría terminado con la vocación conciliadora de las partes.
En la Justicia penal el caso fue denunciado el 28 de octubre de 2021 ante la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, tras descubrir documentación falsa, retiros de dinero sin autorización, depósitos de cheques en cuentas que no correspondían al cliente, y cheques enviados a la corredora de bolsa que nunca llegaron a las cuentas de la empresa. Se estima que la maniobra superó los 3,3 millones de dólares y afectó a unos 30 inversionistas.