Al cumplirse un año de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre las desapariciones de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino y los asesinatos de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio (la causa conocida como “las muchachas de abril”), el Ministerio de Relaciones Exteriores enviará un informe sobre el nivel de cumplimiento de la sentencia, según informaron a la diaria desde el Ejecutivo.
Las fuentes señalaron que en el informe se planteará que el Estado cumplió con las obligaciones asumidas en la sentencia del órgano internacional, con excepción del acto público de reconocimiento por parte del Estado de su responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos estudiadas en la causa y las indemnizaciones a los familiares, algo que, según expresaron, está en etapa de liquidación en el Ministerio de Economía y Finanzas.
Concretamente, la sentencia de la Corte IDH condena al Estado a “realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional” en los casos, en los que deben estar presentes autoridades de los tres poderes del Estado y representantes de las víctimas. En el acto el Estado debe expresar su compromiso a cumplir con la sentencia y “dar con el paradero de las víctimas desaparecidas e investigar, sancionar y reparar adecuadamente las violaciones a los derechos humanos”.
A su vez, establece que el Estado “deberá acordar con las víctimas o sus representantes la modalidad de cumplimiento del acto público de reconocimiento, así como las particularidades que se requieran, tales como el lugar y la fecha para su realización”.
Familiares rechazaron la propuesta del Ejecutivo por falta de diálogo
Desde el Ejecutivo plantearon a la diaria que enviaron una propuesta para realizarlo el 19 de diciembre, pero los familiares de las víctimas plantearon hacerlo en marzo, en el entendido de que no estaban dadas las condiciones para concretarlo el 19 de diciembre, porque no se habían generado los espacios de trabajo y diálogo adecuados.
Como la sentencia establece el plazo de un año para cumplir con el acto público, que debe ser transmitido por medios de comunicación masiva, la cancillería planteará a la Corte IDH la situación generada con las víctimas, de manera de habilitar su postergación.
El 13 de diciembre, familiares de las víctimas de los casos estudiados en la sentencia y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay enviaron una carta a la cancillería expresando su rechazo al planteo realizado por el Ejecutivo, debido a que no se dieron los tiempos ni los procesos previstos en la sentencia para organizar el acto.
Los familiares explicaron a la secretaría de Estado que recibieron el correo con una consulta sobre fecha y lugar para hacer el acto el 9 de diciembre y que el 12 de diciembre el ministerio les propuso concretar el acto el 19, sin el tiempo suficiente para la organización que requiere.
Las víctimas propusieron una reunión en febrero de 2023 con las autoridades y que el acto sea postergado para marzo. Además recordaron que en febrero de este año enviaron una carta a Presidencia para avanzar en la organización del acto pero no hubo avances hasta este mes, pocos días antes del vencimiento del plazo.
“Debemos acordar las demás obligaciones a cumplir por parte del Estado para que el mismo no se transforme en un mero acto protocolar”, expresaron en la carta, y recordaron que, entre esas obligaciones, se encuentra la obtención de la información sobre el paradero de las personas desaparecidas, lo que implica la presentación de un plan estratégico de búsqueda de los restos e informar qué avances se han concretado en ese sentido desde el cumplimiento de la sentencia.
“Estamos hablando del derecho a la búsqueda de la verdad, que no es otro que el esclarecimiento de las circunstancias del asesinato o la desaparición de las víctimas”, sostienen, y agregan que “la dimensión colectiva del derecho a la verdad se traduce en la importancia dada a la difusión de la verdad en la sociedad”. “La falta de búsqueda de la verdad distorsiona los hechos y la memoria histórica, y los responsables de estos delitos se amparan en el olvido”, agregaron.
“El Estado uruguayo tiene que estar a la orden de los familiares y no al revés”
En diálogo con la diaria Elena Zaffaroni, esposa del militante del Partido Comunista Revolucionario Luis Eduardo González González, señaló que en el caso de su esposo no hubo ningún avance en la Justicia. “Estamos igual que en 1985. No hubo ninguna variante, pero tampoco presentaron ningún avance de la investigación, ningún avance del plan de búsqueda específico de dónde está, ni de Tassino, ni de Eduardo”, señaló.
Zaffaroni planteó que en el caso de las muchachas de abril es necesario que el Estado reconozca la sentencia en la que se reconoce que murieron acribilladas. “Para nosotros lo que importa es el público reconocimiento de esa sentencia, de la barbaridad de lo que sucedió en ese lugar y de todos los muertos a manos de los militares que llevaron a cabo el operativo [...] porque a pesar de que el juez mostró todo, luego no se reconoce”.
“Eso tiene que ser un reconocimiento de los tres poderes del Estado, porque esas cosas no sólo hieren a la democracia, sino que hieren a las familias, día a día, que vienen escuchando lo mismo hace 50 años, que dicen como que las muchachas los mataron cuando fueron acribilladas, es importante que hablemos de esas cosas”, agregó.
“A veces no se va a lograr encontrar los restos porque se desintegraron o se tiraron al mar, o no se va a lograr juzgar a las personas porque mueren, pero toda la verdad de todo lo que pasó sí [debe conocerse], [el Estado] tiene la información y la tienen que promover, buscar, encontrar y ponerla a disposición de todos; ese es el sentido del acto, no es decir ‘qué horrible’ y después negar por la vía de los hechos todo lo que sucedió”, expresó Zaffaroni.
Por su parte, el abogado retirado Jorge Pan, presidente de Ielsur, dijo a la diaria que el acto no podía hacerse en los términos planteados por el Ejecutivo, porque hacerlo sin ese diálogo previo es “una mera formalidad”. “Esto es un acto de desagravio, es el reconocimiento de los padecimientos y de todo lo que ha hecho el Estado. Los familiares quieren ser escuchados, el Estado uruguayo tiene que estar a la orden de los familiares y no al revés”, agregó.
Pan dijo que la carta que mandaron a la cancillería fue con copia a la Corte IDH para que supieran de la posición de las víctimas de la causa y planteó que el Ministerio de Relaciones Exteriores estuvo en otros temas y llegó sobre el plazo con la propuesta del acto. “Este tema no lo consideraron importante”, señaló.
“Estamos hablando de una reparación integral, y el reconocimiento del Estado forma parte de esta reparación”, señaló Pan, y recordó que en 40 años no ha habido una actitud proactiva por parte del Estado para esclarecer los hechos. “Hablo del 85 hasta ahora; pasaron varias administraciones, se sabe que hay datos, el supremo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, actuando con el ministro de Defensa”, agregó.
Pan recordó que las primeras denuncias sobre los casos fueron presentadas en 1985 y se archivaron, y luego de dos archivos llegaron a presentar el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos en 2007, llegando a una sentencia de la Corte IDH en 2021. “Están buscando una especie de manto de olvido. Los familiares no quieren que sigan pasando los años sin saber lo que pasó”, agregó.