Un allanamiento es una herramienta de persecución penal que implica el ingreso a una propiedad mediante una orden judicial que se hace a pedido de la Policía o la Fiscalía; es la Fiscalía quien solicita la autorización a un juez o jueza, quien habilita o no el procedimiento.
Según el Código Penal, el allanamiento y registro de morada o de sus dependencias “solamente podrá realizarse por orden del juez, expedida a solicitud del fiscal, en el lapso comprendido entre la salida y la puesta del sol”. Es decir, está prohibido hacer allanamientos nocturnos.
No obstante, se pueden realizar registros de noche cuando media el consentimiento expreso “del jefe de hogar”, como establece el Código Penal. Este procedimiento debe ser comunicado inmediatamente al fiscal y al juez competente. La denuncia policial por violencia doméstica se toma como autorización expresa para el allanamiento y registro de morada dentro de las 48 horas siguientes a su presentación. Según la normativa, se entiende por morada o habitación particular, el lugar que se ocupa con el fin de habitar en él, aun cuando sólo sea en forma transitoria.
La posibilidad de hacer allanamientos nocturnos ya fue sometida a una consulta popular, cuando junto a las últimas elecciones nacionales se votó un plebiscito bajo la consigna “Vivir sin Miedo”, que fue impulsado por el exministro del Interior Jorge Larrañaga. La iniciativa, que incluía habilitar los allanamientos nocturnos, fue rechazada en las urnas: obtuvo 46,8% de los votos.
Tanto Larrañaga, durante su gestión, como su sucesor, Luis Alberto Heber, mencionaron en varias oportunidades la importancia de modificar la Constitución para habilitar los allanamientos nocturnos. En efecto, el tema estuvo presente en la agenda hasta que los esfuerzos ministeriales se centraron en la defensa de la ley de urgente consideración (LUC).
Para Heber, era “un tema pendiente”, y previo a la campaña por el referéndum mencionó que, a pesar de la respuesta negativa en las urnas, “queremos insistir en esto”. El ministro del Interior lamenta que “seamos de los pocos países del mundo” que no tienen allanamientos nocturnos habilitados.
Superada la última instancia electoral, el Ministerio del Interior (MI) retomó su agenda y propuso retomar la discusión sobre la habilitación de los allanamientos nocturnos. “Es hora de volver a plantearlo”, indicó Luis Calabria, director general del MI, a Búsqueda, y agregó que “es una herramienta que el país precisa”.
Para habilitar los allanamientos nocturnos se debe modificar la Constitución, que en su artículo 11 establece que “el hogar es un sagrado inviolable”. “De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”, especifica.
En tanto, el artículo 331 establece varios mecanismos para modificar la Constitución: con 10% de las firmas de los ciudadanos habilitados, lo que da lugar a un plebiscito; a través de una propuesta parlamentaria que conlleve a un plebiscito, para lo que se requieren dos tercios de apoyo en la Asamblea General, lo que implicaría que el gobierno requiere de los votos del Frente Amplio (FA). Este mecanismo permite establecer la fecha de la elección. En ambos escenarios el plebiscito sólo será aprobado mediante mayoría absoluta en los votos.
Por otra parte, el otro mecanismo posible, y el que se maneja en este caso ya que cuentan con los votos, es la presentación de una ley que requiere dos quintos de apoyo. Por medio de este mecanismo el plebiscito se hace con la próxima elección, es decir, se votaría en 2024.
Consultado por la diaria, Calabria afirmó que “desde siempre consideramos que era un instrumento necesario para profundizar la lucha contra el narcotráfico y en particular contra las bocas de droga”. Según comentó el jerarca del MI, “culminamos el 2021 con récord de bocas desarticuladas, récord de incautación de pasta base, récord de dinero incautado, y lo que queremos es redoblar esa lucha”. Por eso, define los allanamientos nocturnos como “la bala de plata contra las bocas”.
Calabria resaltó que “las propias unidades policiales que se ocupan de la lucha antinarcóticos piden este instrumento”. “Somos de los pocos países en el mundo que no tiene esta herramienta y lo que decimos es que nos parece bien que se discuta a nivel parlamentario esta habilitación. En algún momento, más acá o más allá, hay que modificar esa norma y adaptarla al tiempo que vivimos”, planteó.
Fernando Pereira, presidente del FA, señaló a la diaria que “esta propuesta fue rechazada en el plebiscito constitucional y reflotarlo es ir contra la voluntad del soberano”. Para Pereira, “la institucionalidad hay que protegerla”.
Una “cortina de humo” y una “excusa”
Mario Layera, exdirector de la Policía Nacional, dijo a la diaria que no está de acuerdo con utilizar esta herramienta. “Plantearla ahora es una cortina de humo”, aseguró. “Sin la LUC no podían mejorar la seguridad, ahora resulta que les falta más”, afirmó, y sentenció: “Se están cubriendo porque no van a tener excusas”.
Layera cuestionó: “¿Uruguay es el único país? Habría que preguntarse cuáles son los países que lo tienen y si lo solucionaron con esto. ¿Las unidades policiales están preparadas para realizar este procedimiento? ¿Tienen actualmente el equipamiento para hacerlo?”. Para el exdirector de la Policía Nacional, “antes de votarlo, hay que ver si está el presupuesto y si hay gente preparada para hacer eso”.
Respecto del argumento de que existe en gran parte del mundo, Layera explicó que “en otros países se usa para delitos graves, como terrorismo, situaciones de rehenes, secuestros, grandes depósitos, pero no para allanar bocas de drogas de forma constante”, lo cual requiere una dinámica diferente porque no serían procedimientos excepcionales sino cotidianos.
“Hay que pensar en la seguridad de todos”, alertó. Para Layera son temas muy sensibles que pueden afectar los derechos de las personas, en particular, el derecho a la vida de terceros implicados, especialmente niñas, niños y adolescentes, en escenas que de por sí son complejas. Además, resaltó que también está en juego “la vida de los policías, por más que tengan que actuar”.
Para el exjerarca máximo de la Policía, que centró su carrera en la persecución del narcotráfico, “hay que entender cuál es la postura de todo el sistema judicial” y “si se va a hacer este tipo de reforma a la Constitución, tendrían que haber otras que la acompañen”.
En la misma línea, Jorge Díaz, exfiscal de Corte, expresó en sus redes sociales que, de modificarse la Constitución, es una oportunidad para incorporar otros cambios: “Si vamos a reformar la Constitución para habilitar el allanamiento nocturno, aprovechemos para eliminar los fueros, eliminar la inmunidad parlamentaria por los dichos, reducir los miembros de la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, los directores de los entes autónomos y los servicios descentralizados”. “Constituir la Fiscalía como organismo extra poder, sacar la Defensoría Pública del Poder Judicial y un largo etcétera”, agregó.
Sindicatos policiales alertan por riesgo de seguridad para los policías
Para Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), esta “sería una herramienta”. “No podemos decir que no sería una herramienta cuando tenés un limitante menos”, explicó a la diaria.
Comentó que “en la campaña Vivir sin Miedo, si bien dijimos que obviamente podía ser una herramienta más para el policía, y sabíamos que había quienes se abusaban porque hay maniobras que de noche no se pueden hacer, no acompañamos”.
Según la presidenta de Sifpom, “si se diera que se autorizara, debería ser muy minuciosa la protección para los policías”, porque “no es lo mismo hacer un allanamiento con luz que en la noche, que no hay luz”. “Si cortan la luz a propósito, por ejemplo, tenés que tener lentes especiales para poder hacerlo”, apuntó, y enfatizó en que “apelamos a las garantías del trabajador policial, pero también para el ciudadano”. Por eso, “hay que ver qué características de protección hay para todos” y “no es un tema así nomás, tiene que ser una discusión profunda”. “Tenés que tener una protección en todos lugares”, indicó.
“Sería un debate largo y debería, si se diera, dar las garantías totales a los policías para poder hacerlos”, reiteró. Esta fue “una de las razones” por las que no acompañaron esta reforma en la campaña Vivir sin Miedo. “Ya tenemos rapiñas y otros hechos contra compañeros, esto podría representar otro riesgo”, alertó la presidenta del sindicato policial con más afiliados del país.
Julio Acosta, de la Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Policía de Maldonado, comentó a la diaria la postura del sindicato: “No estamos de acuerdo”. Planteó que, “considerando lo dispuesto en la Constitución, se debe continuar trabajando”.
Luis Clavijo, en representación del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), dijo a la diaria que en la época del plebiscito de Vivir sin Miedo estaban de acuerdo con los allanamientos nocturnos, pero no con que haya militares patrullando las calles. El dirigente del SUPU expresó que mantienen su postura afirmativa a la habilitación de allanamientos nocturnos.
Por otra parte, Rudeber Buela, secretario general del Sindicato de Policías Agremiados Canarios, indicó a la diaria que este tema implica “un profundo y comprometido estudio de parte de todos los actores de la sociedad, incluida la Policía”. “Tiene que trabajar mucha gente para que esto pueda ser realmente de utilidad en el combate contra el crimen”, recalcó. Entre las instituciones que consideran que debe aportar en este sentido, mencionó a la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Asimismo, justificó la postura del sindicato policial de Canelones: “De otra manera puede ser un arma de doble filo”. “Hay que ser claros y tenerlo muy bien fundamentado para que todos tengan garantías, tanto las personas que van a ser objeto de esos allanamientos como los funcionarios que van a llevar a cabo esa tarea, que ya de por sí de día, como se ha hecho hasta la actualidad, es un procedimiento complejo, que implica un montón de situaciones que se desencadenan en el momento en que uno llega al lugar”, explicó. Y resaltó: “Agreguémosle a eso la dificultad de la noche y que la morada siempre fue un lugar protegido, al menos en las horas de la noche, y un montón de circunstancias más que podemos enumerar”.
“Es necesario que quienes van a realizar la tarea puedan estar a la altura”, manifestó Buela. “No sólo en lo que respecta al marco legal, sino al entrenamiento y los protocolos de trabajo bien claros, para no tener excesos en la labor y minimizar riesgos para todos”, enfatizó.
Para el representante del sindicato canario, “por un lado, puede ser una gran herramienta para el combate de varios delitos, no solamente el narcotráfico”. “A veces se queda corta la cosa hablando sólo del narcotráfico, podemos estar hablando de trata, de explotación sexual infantil, de abuso, de violencia, etcétera”, enumeró. “Puede ser algo que, utilizado bien, puede funcionar”, dijo.
No obstante, alertó: “Ahora, es un arma que mal utilizada puede llevar a que verdaderamente se vea comprometida la persona, la propiedad y el funcionario policial, el trabajador”. “Evidentemente hay un contexto, los hogares están circunscritos a un barrio, muchos con realidades complejas. Es algo importante a tener en cuenta, no se puede tomar con liviandad. Esto es mucho más que un discurso. Uno, que trabaja en la calle y conoce la complejidad de los procedimientos, sabe que cuando se dan herramientas de este tipo ‒que son nuevas, además‒, no porque no hayamos hecho allanamientos, sino porque de noche no se han hecho, las primeras aguas que se hacen pueden generar un montón de circunstancias que no son positivas”, explicó Buela. “Por eso merece una discusión profunda, con compromiso, no es algo así nomás”, concluyó.
“Un despropósito” que “no se justifica”
Juan Ceretta, abogado y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, también se expresó al respecto. Cuestionó que esto sea “una estrategia eficaz” contra el narcotráfico, porque una vez más se centra en las pequeñas distribuciones en lugar de ir por los responsables de esta economía ilegal.
Para Ceretta, no hay un “fracaso” en los allanamientos diurnos que justifique la iniciativa del MI y “la violación de la Constitución”. Además, hizo mención a los allanamientos y los datos sobre cierres de bocas que publica el MI: “En 2022 las autoridades hablan de un récord de más de 2.000 bocas de pasta base cerradas, así como otro récord en lo que refiere a la incautación de drogas y a la formalización de personas vinculadas al narcotráfico. Nada de esto parece justificar las medidas que se persiguen”.
Según el abogado, la ausencia de luz natural contribuirá a la falta de garantías para todas las partes: “La acción policial carecerá de visibilidad, y eso redunda en menos garantías para todos”. Y desde lo operativo a nivel policial, afirmó que “la menor visibilidad hace más difícil la búsqueda de pruebas e indicios”. Por el contrario, quienes son allanados “corren con ventaja para enfrentar a la Policía”: “Cuentan con mayor conocimiento del lugar, de los accesos, las salidas, etcétera”.
“Para el combate a las bocas de venta de drogas, con la tecnología actual, con cámaras, drones, escuchas e intervenciones telefónicas, vigilancia y seguimiento inteligente de compradores y distribuidores, sumado a la posibilidad de allanamientos diurnos, parece un despropósito sumar la misma medida en horario nocturno, con los riesgos que eso trae aparejado”, señaló.
“El ingreso de la Policía será indefectiblemente al barrio, con los eventuales daños colaterales que esto traerá aparejado, y con el involucramiento no sólo de la persona a quien se busca, sino también de familias”, indicó, y subrayó el riesgo que representa: “No hace falta decir que los tiroteos nocturnos tienen consecuencias impredecibles”.
Para Ceretta, la propuesta es “demagógica” y es parte del “fetichismo normativo”, que se presenta ante la “ineficacia en la ejecución de políticas públicas”. El abogado reiteró que la propuesta no tiene sustento porque no se puede explicar un “eventual fracaso de los allanamientos diurnos” y que, en definitiva, la persecución se centra en quienes menos poder tienen: “Las cárceles están habitadas por miles de traficantes al menudeo y dos o tres narcotraficantes en serio”.