El Servicio Paz y Justicia (Serpaj) elaboró varios informes que serán presentados al Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 4 de mayo, en ocasión de la revisión a la que tiene que someterse Uruguay. En el informe que recoge las situaciones vinculadas a adultos, al que accedió la diaria, remarcan que el país sigue sin contar con una definición y tipificación de lo que entiende por “tortura” en su Código Penal. Además, Serpaj realizó otro informe alternativo en el que se centra en la situación de los adolescentes privados de libertad.
“El sistema penal uruguayo ha evidenciado importantes modificaciones en estos últimos años”, algunas que “promueven derechos y garantías”, pero mayormente “ha reforzado las respuestas punitivas de infracción penal”, señalan los autores.
Si bien se destaca el trabajo del Comisionado Parlamentario Penitenciario y de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), el informe se detiene en las situaciones y cambios que entran en la segunda categoría, sobre la que existe una “ausencia de información pública, que impide conocer la situación real existente en cárceles y comisarías”.
“Desde Serpaj hemos solicitado desde 2019 en varias oportunidades reuniones con autoridades del Ministerio del Interior con el fin de entrar a los establecimientos carcelarios y acompañar las denuncias pertinentes”, señala la organización, y acota que hasta el momento no han recibido “ningún tipo de respuesta por parte del Estado para habilitar la entrada”.
A lo largo de los primeros capítulos, Serpaj enlista una serie de cambios normativos dados en los últimos años, con el nuevo Código de Proceso Penal y la ley de urgente consideración (LUC) como los dos grandes mojones en legislación sobre seguridad.
En el caso de la LUC, señala las modificaciones introducidas en el apartado de Seguridad Pública y menciona la discrecionalidad dada al accionar policial y la ampliación de la subjetividad para actuar “cuando advierta la inminencia de un daño”, la creación de la figura de “resistencia al arresto”, entre otros cambios que dejó la ley insignia del gobierno.
En este sentido y “ante la expansión de la vigilancia policial, y el desarrollo de operativos y procedimientos que fortalecen el poder punitivo”, Serpaj halla “preocupante” la ausencia de “mecanismos ágiles, independientes y seguros para denunciar e investigar situaciones de abuso y violencia policial, siendo escasas las resoluciones dadas por el sistema judicial y el Poder Ejecutivo”.
“Si bien la INDDHH acompaña e inicia investigaciones estatales internas por las denuncias que recibe”, puntualiza el texto, “no cuenta con competencias propias para dar apoyo y seguimiento legal a las víctimas”; además, realiza algunas recomendaciones para que Uruguay se ajuste a los estándares internacionales, entre ellas “quitar de la potestad del Ministerio del Interior al área encargada de recibir, registrar, sistematizar y difundir las denuncias por procedimientos policiales irregulares y/o ilegales”.
El informe también recuerda que “Uruguay ya ha sido observado por el CAT en 2014 al no garantizar procedimientos y protocolos adecuados para el cumplimiento con los derechos y garantías de las personas al momento de su privación de libertad”.
Al mencionar la falta de garantías al momento de una detención, Serpaj cita una denuncia que llegó a su espacio de asesoramiento y denuncias sobre violencia institucional policial en junio de 2021. Sucedió en Paso de los Toros, y según cuentan la Policía ingresó “de forma intempestiva” en la casa de dos jóvenes hermanos y, “sin mediar palabra”, los sacó “violentamente de sus dormitorios y en ropa interior, siendo esposados detrás de sus espaldas y expulsado uno de ellos a la calle sin ropa”.
Como esta, Serpaj asegura haber recibido “numerosas denuncias relativas a allanamientos ‘voluntarios’” en los que “bajo amenaza se presiona para que la persona residente en el hogar acepte el ingreso de las fuerzas de seguridad, y se violenta psicológica y físicamente” a quienes residen allí.
Cárceles, otra historia
Si dividiéramos el informe de adultos en preocupaciones a grandes rasgos, tendríamos dos patas: el marco normativo para el accionar policial y las detenciones por un lado, y la situación de las personas privadas de libertad por el otro.
A lo largo del capítulo 7 del texto, Serpaj hilvana ideas y datos sobre la situación en las cárceles uruguayas, deteniéndose en la situación de las mujeres privadas de libertad y recopilando distintos monitoreos realizados a lo largo de los años, visitas que indican la necesidad de “avanzar hacia otro modelo de atención y asistencia para las mujeres, donde la perspectiva de género y derechos humanos sigan avanzando”.
Entre estos avances, Serpaj sugiere -al igual que el Comisionado Parlamentario Penitenciario en sus informes- “la no ‘masculinización’ de la privación de libertad femenina, y la necesidad de diseñarse y gestionarse desde la especificidad de su población”.
En base a esto, el informe recuerda que “de todas las mujeres en prisión con hijos a su cargo, en 34 de los 46 casos (74%) se registró que la pareja actual o el padre de sus hijos/as se encuentra también privado de libertad”, así como que 52% de la población femenina privada de libertad “fue víctima de violencia de género previo a la prisionización”.
Durante la última década, la población de mujeres privadas de libertad en Uruguay ha representado entre 4,5% y 7,0% del total de esta población, mientras que “en el período de setiembre de 2020 a setiembre de 2021, la población privada de libertad creció́ 9%, mientras que la población de mujeres privadas de libertad creció́ 26%”. Actualmente, señala el informe, “hay 994 mujeres privadas de la libertad”.
Un obstáculo importante que marca el informe, no sólo en la situación de las mujeres sino para el estudio y monitoreo de la población privada de libertad en general, es -nuevamente- “la falta de información sistemática” sobre estas personas.
Entre las recomendaciones en este capítulo, Serpaj menciona la necesidad de “promover medidas sustitutivas a la privación de libertad” y “establecer un sistema eficaz de prisión domiciliaria para mujeres”, algo que será propuesto por dos legisladoras frenteamplistas pero que aún está en pañales.
En una nota más general, ya no sólo en cuanto a la situación de las mujeres, el informe subraya que 35% de las personas privadas de libertad que se encuentran en cárceles recibieron “tratos crueles, inhumanos o degradantes”, mientras que 39% está “en unidades sin condiciones para lograr una integración social eficiente”.
“En el 2021 se registraron 86 muertes en los centros penitenciarios, 51 de ellas fueron muertes violentas”, recopila Serpaj, y recuerda que 2021 fue un año “récord” en cuanto a muertes en cárceles, con un aumento “del 79% en relación al 2020 y de un 96% en relación al año 2019”.
El texto recoge los casos sucedidos entre 2021 y 2022 en la Unidad número 4 de Santiago Vázquez (ex Comcar), donde no sólo la mayoría fueron muertes violentas sino que también se constató la ausencia de atención médica, y destaca los casos de secuestro y tortura sucedidos en los módulos 10 y 11 del ex Comcar -en enero de 2022 y setiembre de 2021, respectivamente-.
“El exponencial aumento de las personas privadas de libertad (derivado y robustecido por un sistema penal que potencia las penas privativas de libertad), sumado a la disminución del presupuesto destinado a la gestión de la privación de libertad, asegura la continuidad y recrudecimiento de las inhumanas condiciones de las cárceles uruguayas”, sentencia el informe.