En un enroque entre las fiscalías de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia de Género, el fiscal Raúl Iglesias asumió la titularidad del 4º turno, que se dedica a la investigación de delitos sexuales y era liderada por la fiscal Sylvia Lovesio. Entre otros casos, asumió la investigación del caso de la violación grupal en Cordón, que resultó con tres de los imputados en prisión preventiva.
En sus primeras acciones al frente de esta fiscalía, archivó 220 de los 910 casos que dependen de él. También planteó como estrategia el retiro de la prisión preventiva sobre los tres imputados por la violación grupal de Cordón porque entiende que “ya no es necesaria y que le permitirá negociar mejor con los hombres”.
Esto generó la reacción de la Intersocial Feminista, que solicitó una reunión a Juan Gómez, fiscal de Corte, para transmitirle su disconformidad por las “opiniones vertidas en medios de prensa” sobre este caso y “la posible criminalizacion de la víctima”. Gómez accedió de inmediato a esta reunión, que se concretará en los próximos días.
Según informó MVD Noticias y confirmó la diaria, la defensa de la víctima de la violación grupal en Cordón presentó un escrito en representación de la mujer por incumplimientos en el cuidado y protección de la víctima.
“No pude ver la denuncia aún”, dijo Iglesias a Telemundo. Y aclaró: “Creo que actué correctamente, apegado a la Constitución, a la ley y a los pactos. Es decir, respetando a la víctima y protegiéndola. Simplemente que entiendo que la medida cautelar que pesa sobre los imputados se puede cambiar. Pero no lo decido por mí y ante mí, sino que lo decide un juez escuchando a todas las partes”.
Además, el fiscal indicó que “acá lo que se debe debatir es si nosotros como fiscales debemos hacer lo que quiere la víctima y como quiere la víctima. Entiendo que no. Para eso que saquen la figura del Ministerio Público y que debatan ambas partes en un proceso y ya está”. “Yo actué correctamente, estoy absolutamente convencido de eso”, enfatizó.
Consultado por la diaria, Juan Raúl Williman, abogado de la víctima en representación del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, explicó la situación: “Hicimos un escrito, que está firmado por la víctima, que está muy afectada, que es una puesta en comunicación a la Fiscalía de lo que nosotros entendemos que son incumplimientod a los deberes y protección de la víctima, que son artículos muy básicos, como el 45 y el 48 del Código del Proceso Penal”.
“Se dice que es una denuncia, pero es una puesta en conocimiento de la situación de la víctima y los cuidados de protección que le corresponden a la Fiscalía como organismo por disposición legal”, aclaró Williman.
La reacción desde la Fiscalía fue inmediata: “Juan Gómez nos llamó, porque es su característica, es muy humano, y nos convocó para saber cuál era la situación de la víctima y nos dijo que estaba analizando la situación”. “Convocados por la Fiscalía, fuimos. Nos reunimos y le comunicamos que está preocupada y desconcertada. Y además habíamos presentado más temprano un escrito sobre la situación, de lo que nosotros entendemos que son incumplimientos de deberes y cuidados y protección de la víctima, que repito que surgen de la normativa”, indicó.
Williman señaló que “la víctima nos presenta la situación y la herramienta que tenemos es esta”. Aclaró que la preocupación no es por el cambio en la medida de prisión, sino por el manejo mediático de la situación: “Ni siquiera pasa por la sustitución de la medida, si es efectiva o domiciliaria, o la resolución de fondo, que es complicada y es un tema de consentimiento. Eso se verá y dependerá de los riesgos cautelares, si se mantiene o no, y lo otro [dependerá] de las evidencias, si son pruebas útiles o no. Pero acá estamos hablando de otra cosa, no de la sustitución de la medida que fue decretada en primera instancia y confirmada en segunda instancia, estamos hablando del deber del cuidado y protección”.
En ese sentido, para el abogado defensor de la víctima “parecía muy razonable que antes de salir a hablar en los medios de su caso, hablara con nosotros y con la víctima, o aunque sea con nosotros para poder hablarle a la víctima”. “No parece razonable que la víctima se entere por los medios y que poco menos se va a analizar ‘su responsabilidad’”, sentenció. Y enfatizó: “Eso no debería haber pasado de esa manera”.