El fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos de primer turno, Enrique Rodríguez, archivó esta semana la causa que investigaba actividades ilegales de inteligencia militar y policial en democracia, porque a su entender los delitos prescribieron. Sin embargo, afirmó que “es contundente la evidencia obtenida” en cuanto a la existencia de “acciones irregulares e ilícitas de espionaje desde 1985 y, en principio, hasta 2005, por agencias de inteligencia del Estado”, y sostuvo que se constató una “debilidad de los controles institucionales y democráticos”.
Este viernes se pronunciaron dos de los tres presidentes del período en cuestión: Julio María Sanguinetti (1985-1990, 1995-2000) y Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995). El tercero fue Jorge Batlle (2000-2005), ya fallecido. Lacalle Herrera negó, en diálogo con radio Universal, haber ordenado actividades de espionaje, y afirmó que lo que se hizo fue “recopilar información, que es distinto”. Sanguinetti, por su parte, apuntó contra el fiscal: en diálogo con El País dijo que sus conclusiones son “un disparate” y que “nunca” ordenó “espiar a nadie”, si bien señaló que los servicios de inteligencia “siempre” deben estar atentos a lo que pasa en los ámbitos políticos y sindicales.
En la misma línea, Juan Andrés Ramírez, ministro del Interior durante el gobierno de Lacalle Herrera, dijo a la diaria que él no tiene “constancia de ningún espionaje político”. Ramírez, que fue uno de los exministros declarantes en la comisión parlamentaria que investigó el espionaje en democracia, aseguró que los funcionarios de inteligencia “recopilan información permanentemente, pero no hacen un seguimiento a fulano o mengano”. De todos modos, remarcó que los organismos de inteligencia del Estado “deben estar informados, porque si no, puede haber una conspiración exterior o interior y ni se enteran”.
Ramírez señaló que los organismos de inteligencia actúan en general “como compartimentos bastante separados, independientes”, y “no le dan cuenta permanente de lo que están haciendo” al poder político. “Salvo en temas importantes”, acotó. Puso como ejemplo cuando los organismos de inteligencia le entregaron durante su gestión un informe que daba cuenta de la presencia de integrantes de la organización armada vasca ETA en Uruguay. “Eso es normal, legítimo”, afirmó.
Agregó que en ese caso no se le proporcionó información sobre los eventuales vínculos de ETA con sectores políticos en Uruguay, pero que no le hubiera parecido “mal” si se hubiera hecho. “Los estados no pueden quedar vulnerables frente a la actuación de grupos secretos”, consideró.
Por su parte, Yamandú Fau, ministro de Defensa Nacional durante el gobierno de Jorge Batlle, dijo a la diaria que pidió a la comisión parlamentaria todos los documentos referidos al período de su gestión, que los revisó “uno por uno” y que “no había absolutamente nada” en materia de espionaje vinculado al ministerio de Defensa en esos años.
De todos modos, sostuvo que “jamás se dio una orden o se indicó una actividad de esa naturaleza” en su ministerio. “La inteligencia del ministerio estaba prácticamente desactivada”, afirmó.
Fau indicó que los Estados en el mundo “tienen departamentos de inteligencia, y los tienen para actuar”. “La inteligencia en materia de seguridad resulta básica, es totalmente natural. El problema es qué hacen. En mi período no tuve noticia alguna de que se hubiera hecho algo de eso”, insistió. Aclaró que no puede asegurar que los militares y policías no hagan “alguna actividad por fuera del trabajo normal”, pero “en mi período creo que no se hizo”, señaló. Dijo que en su época, en plena crisis de 2002, los servicios de inteligencia del ministerio se limitaban a recoger información de diarios y semanarios y la archivaban, y aseguró que no tenían “ni recursos técnicos para hacer un espionaje telefónico”.